La batalla por el futuro de la movilidad se traslada a los tribunales y al Congreso de Estados Unidos. Mientras California defiende su visión de un parque automotor libre de emisiones para 2035, el presidente Donald Trump respalda una legislación que amenaza con desmontar las políticas verdes del estado.
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El choque de visiones entre la administración federal y el gobierno californiano podría redefinir el futuro del auto eléctrico en el país.
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Desde hace décadas, California ha sido un laboratorio de políticas medioambientales en Estados Unidos. Sus esfuerzos por reducir las emisiones contaminantes han convertido al estado en un referente global de movilidad limpia.
Sin embargo, esa reputación está en riesgo por una ofensiva legislativa liderada por el Partido Republicano, que busca revertir los avances logrados en materia de electrificación vehicular.
El nuevo proyecto de ley aprobado en el Senado de EE.UU. pretende suprimir los créditos fiscales que han sido clave para la adopción de vehículos eléctricos (EVs).
La propuesta también incluye nuevas tasas de matriculación y la eliminación de subsidios a fabricantes, lo que impactaría directamente en el precio final de los autos eléctricos para los consumidores.
Choque frontal entre políticas estatales y federales
Con una votación de 51 a 44, el Senado dio luz verde al proyecto, impulsado por legisladores republicanos y respaldado por la administración de Donald Trump. El texto no solo bloquea los mandatos de reducción de emisiones, sino que establece medidas fiscales que podrían desalentar la compra de autos eléctricos.
California, que había establecido como objetivo eliminar completamente la venta de vehículos con motor a combustión para 2035, ve cómo su ambiciosa hoja de ruta se enfrenta ahora a obstáculos legales. El gobierno estatal reaccionó de inmediato.
“El mandato del estado para cumplir los objetivos de cero emisiones seguirá vigente”, aseguró el gobernador Gavin Newsom. La promesa de Newsom implica que, pese a las acciones federales, California mantendrá sus planes de transformación energética.
Las metas del estado establecen que para 2026, al menos el 35% de los vehículos nuevos vendidos en concesionarios sean sin emisiones.
Ese porcentaje deberá aumentar al 68% para 2030 y alcanzar el 100% para 2035.
En esta transición están implicadas firmas como Ford, Honda, Nissan, y las marcas de Stellantis, como Jeep, Dodge y Ram, que ya se habían alineado con las regulaciones de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).
¿Quién es CARB y por qué es clave?
La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) es uno de los órganos reguladores más estrictos en temas medioambientales. Históricamente, ha fijado estándares más duros que la Agencia de Protección Ambiental (EPA), e incluso ha logrado que varios estados sigan sus normativas.
Su influencia se ha dejado sentir en la industria automotriz. Muchos fabricantes globales prefieren adaptar sus modelos a los requerimientos de CARB para no quedar fuera del mercado californiano, uno de los más grandes del país.
El impacto en los bolsillos: más caros, menos accesibles
Una de las medidas más polémicas del nuevo proyecto de ley es la eliminación de los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos. Hasta ahora, estos incentivos podían llegar hasta los $7,500 dólares, lo que hacía más accesibles modelos que suelen tener un precio base significativamente más alto que los de combustión.
Sin estos incentivos, muchos compradores potenciales podrían verse obligados a optar por opciones más económicas a gasolina, frustrando así los planes de electrificación del país.
A esto se suma la imposición de nuevas tasas de matriculación: $100 dólares para vehículos híbridos y $250 dólares para eléctricos puros.
Esa medida busca compensar la falta de ingresos fiscales provenientes de los impuestos al combustible, pero se interpreta también como una forma de penalización indirecta a los compradores de autos limpios.
Para muchos consumidores, la ecuación se complica. El sobreprecio de los eléctricos, sin subsidios ni incentivos, podría traducirse en una caída drástica en las ventas, justo cuando el mercado parecía comenzar a despegar.
Las automotrices, en el centro de la tormenta
El nuevo escenario también afecta a los fabricantes, que habían ajustado sus planes de producción y comercialización a los requerimientos de California y otros estados progresistas.
Marcas como Ford y General Motors ya han invertido miles de millones en electrificación, confiando en un entorno regulatorio favorable.
Si se eliminan los créditos federales y se imponen nuevas tasas, muchas de esas inversiones podrían volverse menos rentables. El resultado sería una desaceleración en la transición energética, justo cuando países europeos y asiáticos aceleran su migración a vehículos limpios.
Aunque la ley ya fue aprobada en el Senado, todavía queda un largo camino por recorrer. Se espera que organizaciones ambientalistas, fabricantes de autos y gobiernos estatales interpongan recursos legales para frenar su implementación.
California ha dejado claro que no piensa ceder terreno. “Vamos a defender nuestra soberanía ambiental”, dijo Gavin Newsom en rueda de prensa. “No vamos a permitir que Washington imponga retrocesos en nuestra lucha contra el cambio climático”.
En paralelo, se avecina un complejo debate jurídico sobre hasta qué punto el gobierno federal puede invalidar las políticas estatales.
Aunque la Constitución otorga ciertas competencias al gobierno central, California podría apelar al principio de autonomía para justificar sus normas medioambientales.
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