El fraude de identidad no es solo una historia
de películas ni un truco de ladrones digitales. Detrás de cada caso
hay vidas reales, instituciones engañadas y una sombra que se
extiende sobre comunidades enteras. Así ocurrió con Lina María
Orovio Hernández, una colombiana cuya estafa
durante dos décadas ha sacudido tanto al sistema de Estados Unidos
como a la comunidad latina. Las imágenes y pruebas reunidas por las
autoridades pusieron fin a una mentira monumental, dejando en
evidencia la magnitud del fraude, la audacia del engaño y las
graves consecuencias legales y sociales para todos los
involucrados.

Lina María Orovio Hernández no era una fugitiva cualquiera, ya
que durante veinte años, adoptó una segunda vida en Estados Unidos
usando el nombre y datos de otra persona, lo que le permitió cruzar
fronteras, obtener empleo, solicitar beneficios
sociales y hasta votar ilegalmente en elecciones. Todo
comenzó con la sustracción de identidad: los papeles que obtuvo de
forma fraudulenta fueron el punto de partida de un plan
meticulosamente sostenido, en el que cada mentira abría la puerta a
otro beneficio. La historia de Orovio Hernández no es un caso
aislado, pero sí uno de los más largos, organizados y perjudiciales
de los últimos tiempos.

Sustracción y uso de una identidad falsa

El primer paso fue conseguir los datos de una ciudadana
estadounidense, apropiándose de su nombre y seguro social,
los cuales utilizó datos para crear documentos oficiales falsos:
licencias de conducir, tarjetas de Seguro Social, certificados de
nacimiento y hasta pasaportes. Esta documentación fraudulenta no
solo le sirvió para evitar controles migratorios, sino también para
tener acceso a derechos y servicios reservados para ciudadanos o
residentes legales.

Durante esos veinte años, Orovio Hernández acumuló beneficios
que suman más de 133.000 dólares, según los
informes de las autoridades federales. Entre estos, destacan pagos
de ayuda por desempleo, acceso a servicios de salud subsidiados,
seguro social y otros programas estatales. En cada solicitud,
suplantó la identidad víctima para presentarse ante las
instituciones como una ciudadana legítima. El fraude dejó una
huella financiera en el Estado y en la verdadera dueña de la
identidad, quien tuvo que enfrentar deudas y reclamaciones de
servicios que nunca solicitó.

Fraude electoral y falsificación de documentos oficiales

El alcance del delito de Orovio Hernández no terminó en la
obtención de beneficios económicos, ya que el fraude incluyó
participación en procesos electorales estadounidenses, un delito
federal de extrema gravedad.

Con la identidad robada, logró registrarse como votante
en varios estados, la cual le permitió participar en
distintas elecciones locales y federales usando una identidad que
debía proteger el sistema democrático, pero que, en este caso, se
convirtió en su herramienta principal de engaño. Cada voto emitido
de forma fraudulenta puso en jaque la legitimidad de los comicios y
mostró las brechas en los controles de registro electoral.

El proceso para fabricar y conseguir documentos oficiales fue
sofisticad, porque Lina María presentó actas de nacimiento
alteradas y comprobantes de seguridad social, lo que le permitió
solicitar y renovar pasaportes y licencias de conducir en
diferentes estados. Cada documento emitido bajo el nombre falso
reforzó el ciclo del fraude y aumentó la dificultad para ser
detectada. Las implicaciones legales de estos actos federales
incluyen cargos severos y castigos ejemplares.

Sanciones legales y consecuencias del delito federal de robo de
identidad

Por el robo de identidad y la falsificación de documentos
oficiales, la ley establece condenas que pueden superar los
10 años de prisión. El fraude en la obtención de
beneficios puede sumarse con otros 5 a 7 años de condena,
dependiendo del monto involucrado. Participar ilegalmente en
procesos electorales y usar números de seguro social ajenos puede
ser sancionado con hasta 5 años de prisión y multas que van desde
50.000 a 250.000 dólares por cada cargo probado.

Por otro lado, la mujer se enfrenta una larga pena de cárcel,
pero las consecuencias van más allá, ya que al ser ciudadana
extranjera, podría enfrentar la deportación
inmediata al final de su condena. La magnitud del fraude
dificulta cualquier posibilidad de obtener la residencia legal en
el futuro, cerrando las puertas a cualquier aspiración de
regularización en Estados Unidos. Su nombre también quedará
mancillado, afectando su reputación en ambas orillas del
continente.