El acuerdo político alcanzado esta semana en Bruselas entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar prevé, entre otras cosas, el uso compartido del aeropuerto del Peñón de cuya gestión se encargará una empresa mixta y que las mercancías que entren en territorio gibraltareño pasen los controles aduaneros en suelo español.
Así se lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a un representante de la Junta de Andalucía y a agentes sociales y económicos de la zona con los que se ha reunido por separado este viernes en Madrid para informarles de los “aspectos fundamentales” del futuro acuerdo.
El acuerdo, que ahora tendrán que terminar de redactar los servicios de la Comisión Europea, “salvaguarda de manera explícita las posiciones jurídicas de España en materia de soberanía y jurisdicción“, defienden desde Exteriores. También Londres ha dejado claro que el futuro texto no cambia en nada su posición respecto a la soberanía del Peñón y también consta así en la declaración conjunta.
En este sentido, el acuerdo prevé la supresión de la Verja, que Albares ya ha dicho que es cosa del pasado, y con ella la libre circulación de personas entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar. La supresión de los controles, ha destacado el Ministerio, “será un beneficio para los muchos miles de personas que lo cruzan diariamente en ambas direcciones”.
Los controles se trasladarán ahora a puerto y aeropuerto, donde la Policía Nacional española será la encargada de realizar los controles Schengen completos, tras renunciar los británicos a que fueran agentes de Frontex y no españoles quienes asumieran esa tarea. “También quedarán acordados controles sobre visados y permisos y una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales”, ha asegurado Exteriores.
Circulación de mercancías
Por lo que se refiere a la circulación de mercancías, han quedado fijados los principios que sustentarán la unión aduanera entre la UE y Gibraltar. En este sentido, está previsto que las mercancías puedan entrar sin controles por carretera tras haber sido sometidas a “las formalidades aduaneras en un puerto español”.
Actualmente, la práctica totalidad de las mercancías que llegan a Gibraltar lo hacen a través de la Verja, tras llegar principalmente al cercano puerto de Algeciras, por lo que esto no supondrá un gran cambio. Las autoridades gibraltareñas han accedido a que sean las autoridades españolas las que realicen los procedimientos aduaneros ya que carecen de capacidad para poder realizarlas en su territorio.
Armonización fiscal
Por otra parte, añade Exteriores, se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de “imposición indirecta” que introducirá una convergencia con tipos europeos en Gibraltar por fases, incluyendo el tabaco. Esta “armonización fiscal”, puntualiza el comunicado, “se extiende también a los impuestos especiales sobre carburantes y bebidas alcohólicas”. Además, se crea un mecanismo que garantizará el libre mercado y evitará distorsiones, para que esta libre circulación beneficie plenamente a toda la zona, subraya el departamento que encabeza Albares.
También se ha referido a esta cuestión el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en una entrevista en la GBC. Según ha explicado, habrá una “cláusula de salvaguarda” y el Peñón cobrará una tasa de compra —nunca un IVA y no aplicable a servicios— mínima del 15% . Gibraltar, que parte de un tipo actual del 3%, tendrá un periodo de transitorio de tres años para llegar hasta el 17% y equipararse así al mínimo en la UE.
Asimismo, Picardo ha aclarado a los gibraltareños que no podrán seguir reclamando la devolución del 21% del IVA que pagan por los productos que adquieren en España cuando regresan al Peñón, lo que a su juicio contribuirá también a “acercar los precios” a ambos lados.
Uso compartido del aeropuerto
Por otra parte, Albares también ha informado a sus interlocutores de que el aeropuerto estará abierto para su uso civil tanto para vuelos británicos como europeos y españoles, y su gestión quedará encomendada a una empresa mixta.
“Es otra apuesta por hacer de la zona un núcleo de prosperidad”, ha defendido Exteriores. El uso compartido del aeropuerto había sido una de las reclamaciones del Gobierno español, la cual chocaba con el hecho de que el aeródromo es también una base militar británica. Respecto a esta última, el ministro de Exteriores británico, David Lammy, ya dejó claro la víspera que seguirá funcionando como hasta ahora, con “cero cambios”.
Además, ha hecho saber a los alcaldes del Campo y a la Junta que el futuro acuerdo incluirá “compromisos en materia de medio ambiente, según los estándares vigentes en la Unión Europea y fijándose una comisión mixta que permita dirimir cualquier desafío medioambiental, incluyendo vertidos y rellenos”, una de las grandes preocupaciones y quejas en la región.
Por último, el documento prevé la creación de un mecanismo financiero, al que contribuirán tanto la UE y España, de una parte, como Reino Unido y Gibraltar de otra, con vistas a promover la cohesión y apoyar el empleo, reduciendo así significativamente las desigualdades que existen en la zona.
En definitiva, reinvidican desde Exteriores, se trata de un acuerdo que “mejora la vida de los 300.000 andaluces que viven en la zona y de los miles que a diario cruzan para trabajar” y que sienta “las bases de un futuro de crecimiento, bienestar y prosperidad compartida”.
Calendario
Con todo, el acuerdo de esta semana no es el final del camino porque queda trasladar lo pactado a nivel político a los textos legales del Tratado, lo que, según estiman las partes, requerirá de varios meses, hasta septiembre u octubre.
Una vez se finalicen los textos legales de las más de 200 páginas que tendrá el Tratado definitivo y que la Comisión haya concluido su traducción a todas las lenguas, el acuerdo definitivo pasará a los Veintisiete y al Parlamento Europeo, para que los primeros lo aprueben por unanimidad y el segundo, dé su consentimiento. La entrada en vigor dependerá también de la tramitación en Reino Unido, ya que el Tratado necesitará también luz verde del Parlamento británico.
