San Cristóbal.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Subdirección Regional de Investigación en San Cristóbal, informó que mantiene una búsqueda activa de tres presuntos delincuentes señalados como responsables de la muerte de dos hombres y de causar heridas a otro, en un hecho ocurrido el pasado 8 de junio de 2025 en el sector Ingenio Nuevo, provincia San Cristóbal.

Los implicados han sido identificados como Luis Carlos Paredes Pujol (a) “Yiyito”, junto a otros dos hombres conocidos solo por sus apodos: “Lindo” y “Brandy”. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 829-901-7455 o 809-682-2151.

Según la orden de arresto, los tres están siendo buscados en virtud de lo dispuesto en el artículo 295 del Código Penal dominicano, por el homicidio con arma de fuego de Adrián Cordero Ramírez (a) “Guatimba” y Juan Daniel Castillo Ramón (a) “Fili”, así como por causar heridas similares a Manuel Valdez Cabral (a) “Emilio”.

La Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y proporcionar cualquier información útil. Además de los teléfonos mencionados, también pueden llamar a los números (809) 613-1709, 809-522-2222, 809-528-3544, 809-914-3103 y 849-850-2102, o comunicarse a las extensiones 2456, 2453, 2442, 2439, 2170, 2437 y 2435.

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SANTO DOMINGO. Una omisión grave ha desencadenado una situación que ha conmovido profundamente a la República Dominicana. La noche del 8 de abril de 2025, cuando se celebraba una presentación musical en la discoteca Jet Set, un colapso estructural provocó la pérdida de 236 personas y dejó 89 con lesiones. Lo que debía ser una velada de celebración terminó convirtiéndose en una de las jornadas más lamentables en la historia reciente del país.

A raíz de este suceso, el Ministerio Público ha presentado formalmente una acusación contra Antonio y Maribel Espaillat, señalados por presunta responsabilidad indirecta en los hechos. La figura legal invocada ha sido la de falta involuntaria con consecuencias graves, en virtud del artículo 319 del Código Penal dominicano. Dicha normativa contempla sanciones que van desde tres meses hasta dos años de privación de libertad, así como una multa que varía entre 25 y 100 pesos. Esta limitación jurídica ha generado un debate sobre la proporcionalidad de las penas ante hechos de esta magnitud.

La acusación fue confirmada oficialmente este jueves luego de un extenso interrogatorio dirigido por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. En el documento legal, se describe que los hermanos Espaillat actuaron con “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al mantener el local en funcionamiento, a pesar de que existían condiciones estructurales críticas en el techo del establecimiento.

El Ministerio Público también ha advertido sobre posibles intentos de obstrucción a la investigación. Según el expediente, existen señales de que los acusados intentaron influir sobre empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., con la intención de alterar u ocultar información relevante para el proceso judicial.

Aunque el actual marco penal impone barreras a la aplicación de sanciones más severas, el caso podría avanzar en el ámbito civil. Se prevé la presentación de múltiples demandas por daños y perjuicios por parte de los afectados y sus familias, lo que podría tener consecuencias económicas significativas para los responsables.

Desde su arresto, Antonio y Maribel Espaillat se encuentran bajo custodia a la espera de que el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional determine las medidas correspondientes. Mientras tanto, el caso ha reavivado el llamado social a reformar el Código Penal, con el objetivo de garantizar sanciones acordes a la dimensión de hechos como este.

La noche del incidente, mientras el merenguero Rubby Pérez se presentaba en el escenario, el techo del local colapsó de forma repentina. La caída de estructuras de concreto sorprendió a cientos de asistentes, muchos de los cuales no lograron salir a tiempo. Algunos sobrevivientes presentan efectos permanentes tanto a nivel físico como psicológico.

Versiones de trabajadores y personas que estuvieron vinculadas al establecimiento apuntan a que los signos de deterioro eran visibles desde hace tiempo. Se reportaron grietas, filtraciones, ruidos estructurales inusuales y advertencias internas que no fueron atendidas. A pesar de ello, las operaciones del centro continuaron sin interrupciones.

La Procuraduría General de la República sostiene que los propietarios desoyeron alertas que indicaban riesgos evidentes. Aunque la vía penal enfrenta restricciones, las autoridades han remarcado que existe también una dimensión social y civil que no puede ser ignorada.

El proceso judicial apenas comienza, pero la sociedad dominicana permanece atenta, con el firme reclamo de que situaciones como esta no vuelvan a repetirse sin consecuencias adecuadas.

Rosenny Estévez, una joven residente en Navarrete, municipio perteneciente a la provincia de Santiago, difundió un video en el que relata un hecho que le provocó la pérdida de la visión en uno de sus ojos. El suceso habría ocurrido el pasado sábado 7 de junio, en horas de la tarde, según indicó la propia afectada.

En la grabación, Estévez manifestó que fue impactada en el rostro por un objeto lanzado por un supuesto menor. Según sus palabras, el incidente ocurrió sin que mediara provocación alguna. “Un muchachito me tiró una piedra y me sacó el ojo. La familia ni siquiera me hacen caso. Cuando se presentaron ellos para mandarme para el hospital, solamente me dieron 100 pesos para pagar el motoconcho y no se los cogí. Ninguno de ellos aparece“, declaró.

La joven explicó que, tras lo sucedido, no recibió la atención ni el respaldo esperado por parte de las personas vinculadas al menor. Señaló que no ha tenido respuesta de los familiares del joven involucrado, quienes, según dijo, no han asumido ninguna responsabilidad hasta el momento. De acuerdo con su testimonio, su situación ha empeorado debido a la falta de asistencia médica adecuada y el abandono por parte de quienes podrían haber ayudado a gestionar su atención sanitaria.

Estévez enfatizó la gravedad de su estado físico y lanzó un llamado a la solidaridad de la comunidad. “El que me esté escuchando para que por favor me ayude porque ya el ojo lo perdí”, expresó en tono firme y directo, dejando claro el impacto que este hecho ha tenido en su vida diaria y en su salud visual.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Navarrete, al norte del país, donde la joven permanece mientras enfrenta las consecuencias de lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades locales han iniciado algún proceso formal relacionado con este caso, ni si se han tomado medidas en relación con los hechos relatados.

El testimonio de Estévez circula por medios digitales y ha sido difundido principalmente a través de redes sociales, con el objetivo de generar conciencia sobre su situación y obtener el apoyo que necesita ante esta circunstancia. La joven insiste en que necesita ayuda urgente, dado que, según lo manifestado, su condición no ha sido atendida de forma efectiva desde el momento del suceso.