Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, presentó un proyecto de ley junto a Jared Huffman, demócrata de California, que busca que la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) examine la erosión costera en las playas de la isla.
Huffman, quien es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, con jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico, coauspició la medida denominada “Puerto Rico BEACHES Act”, que Hernández Rivera introdujo el pasado 6 de junio.
El H.R.3814 o “Ley de Evaluación Empresarial y Económica de Riesgos Costeros y Estudio de la Erosión de Puerto Rico” fue referida a la consideración del mencionado comité.
GAO es una agencia independiente y no partidista encargada de hacer auditorías y evaluaciones de los fondos del gobierno federal y sus agencias.
Los miembros de la entidad examinan si el dinero del gobierno federal se invierte como es debido, si los programas públicos están cumpliendo sus objetivos, y si las agencias federales están operando de manera eficiente.
Según informó el comisionado residente en un comunicado este martes, lo que busca con la legislación es que la oficina federal evalúe el impacto económico y ambiental de la erosión costera, ya que dos terceras partes de los 3.2 millones de residentes de la isla viven cerca del mar.
Hernández Rivera además busca que las autoridades federales ofrezcan recomendaciones que ayuden a tomar decisiones con respecto al problema que beneficien a comunidades locales, así como a pescadores y pequeños negocios.
“Durante demasiado tiempo hemos subestimado cuánto depende nuestra economía de la arena bajo nuestros pies. Cuando se erosiona la costa, desaparecen los empleos en el turismo, se afectan nuestros negocios y nuestras comunidades costeras pierden las defensas naturales que han tenido por generaciones”, planteó el comisionado residente.
“El Puerto Rico BEACHES Act busca entender el problema con datos y prepararnos con soluciones serias y fundamentadas. Agradezco profundamente el liderato del congresista Huffman en temas ambientales y su colaboración en este esfuerzo crucial para Puerto Rico”, añadió el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la isla.
Huffman expuso, por su parte, que el Congreso tiene a responsabilidad de velar por los recursos naturales de Puerto Rico, no solo por motivos económicos sino culturales, acorde con las leyes existentes.
“Puerto Rico está perdiendo terreno. Playas, humedales y comunidades costeras están desapareciendo bajo la subida del nivel del mar, tormentas más fuertes y años de desarrollo incontrolado y frecuentemente no regulado”, enumeró Huffman.
“Las costas son vitales no sólo para la cultura, la economía y la seguridad alimentaria local de la isla, sino que son derechos públicos protegidos por la Constitución de Puerto Rico. Dejando que estos espacios vitales desaparezcan amenaza los medios de subsistencia, borra la identidad cultural y profundiza las dificultades económicas que se enfrentan comunidades alrededor de la isla. El BEACHES Act ayudará a trazar un camino claro hacia un futuro más resiliente, justo y sostenible para la isla. Estas playas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, y el Congreso tiene la responsabilidad de escuchar y actuar en consecuencia”, consideró.
La intención de Hernández Rivera y Huffman es que la evaluación de las autoridades federales se realice en coordinación con agencias en Puerto Rico como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y la Compañía de Turismo (CTPR).
Líderes de pueblos costeros como la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, aplaudieron la iniciativa de los congresistas.
“Agradecemos al comisionado residente Hernández Rivera y al congresista Huffman por esta iniciativa que beneficiará a Loíza y a todos los municipios costeros que viven esta realidad. El comisionado ha constatado personalmente en nuestras comunidades de Las Carreras, Parcelas Suárez y otras, la importancia que tiene atender este tema”, declaró la ejecutiva municipal del mismo partido que el comisionado.
En marzo pasado, Huffman y la representante demócrata de Maryland, Sarah Kelly Elfreth, visitaron el pueblo en la costa noreste junto Hernández Rivera.
Durante el encuentro, los funcionarios discutieron el impacto del cambio climático y el problema de la erosión en el municipio.
Como parte del recorrido, Hernández Rivera y Huffman visitaron el estuario de la Bahía de San Juan para evaluar los esfuerzos de mitigación para mejorar la calidad del agua, así como el proyecto del Caño Martín Peña que está siendo dragado con fondos federales.
Grave problema de erosión costera en Puerto Rico
En el 2022, representantes del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR), adscrito a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, alertaron que la isla había perdido 62 millas (99 kilómetros) de línea costera en menos de un año, desde el huracán María, en septiembre de 2017 a julio de 2018.
A través del “Proyecto del Estado de las Playas Post María” se investigaron 1,285 y se identificaron zonas con pérdida y aumento de arena en los 44 municipios costeros.
Los 10 municipios con mayor pérdida fueron: Ponce, Vieques, Yabucoa, Patillas, Culebra, Isabela, Loíza, Luquillo, Humacao, Dorado.
La costa de Puerto Rico se extiende por casi 700 millas.
Por otro lado, el estudio “Erosión de costas en Puerto Rico luego del huracán María”, del 2017 por investigadores de la Universidad de Puerto Rico, pero del recinto de Mayagüez, expone con imágenes el impacto de este fenómeno en la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde y la Bahía de Fajardo.
“La erosión costera es un proceso natural que ocurre de manera constante; sin embargo, este está siendo acelerado por las construcciones costeras y la intensificación de fenómenos atmosféricos. Esta aceleración afecta la economía de la isla al afectar viviendas, carreteras, negocios, entre otros”, lee parte del informe.
En abril 2023, el entonces gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por la erosión en las costas a través de una orden ejecutiva. Entre otras cosas, se buscaba impulsar medidas de prevención y mitigación.
Además, se estableció que el DRNA en asociación con la Junta de Planificación, municipios, representantes de la academia y otras partes interesadas realizarían un inventario de las propiedades no habitadas o abandonadas en zonas cercanas al mar.
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