De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados incurrieron en grave negligencia estructural. Hicieron alteraciones que debilitaron la estructura
Santo Domingo. – El Ministerio Público presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional una solicitud de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, en la que afirma que incluso horas antes de la tragedia en la que murieron 236 personas, empleados advirtieron sobre los problemas del techo y recomendaron suspender la fiesta.
A pesar de las alertas, se decidió continuar la actividad y poco tiempo después se produjo el colapso.La acusación está sustentada en un expediente compuesto por 278 elementos de prueba, entre ellos 64 testigos, 145 documentos procesales, 38 pruebas documentales, 27 periciales y 4 materiales. Entre los testigos figura Gregorio Adames, empleado del centro nocturno y principal testigo del órgano acusador.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados incurrieron en grave negligencia estructural y operativa, lo que derivó en la tragedia.
Las autoridades aseguran que la discoteca funcionaba en un local originalmente diseñado como cine, al que se le realizaron alteraciones significativas sin los debidos estudios técnicos ni permisos de construcción.
Uno de los elementos más graves señalados en el expediente es la eliminación de una columna estructural clave, intervención que se hizo sin supervisión profesional ni licencia oficial, comprometiendo así la estabilidad del techo.
Procedimiento ilegal
Las modificaciones estructurales, según un informe pericial, violaron el reglamento sobre edificaciones, además de otras normativas urbanísticas y de seguridad.
La discoteca Jet Set operaba bajo la razón social Inversiones E y L SRL, constituida en 1994 para ofrecer servicios de entretenimiento.
Antonio Espaillat figura como gerente de la empresa junto a Ana Grecia López, mientras que su hermana Maribel Espaillat aparece como copropietaria y representante legal en múltiples procesos judiciales, incluyendo casos previos por contaminación sónica.
Denuncias por ruidos
Según la acusación, Jet Set fue objeto de múltiples denuncias por sobrepasar los niveles permitidos de ruido en el sector El Portal, donde se encontraba ubicado el centro nocturno.
En varias de estas actuaciones, Maribel Espaillat firmó como representante legal.
El expediente revela que las remodelaciones realizadas en el inmueble entre 1994 y 2015 –que incluyeron la instalación de escenarios, zonas VIP, sistemas de iluminación y climatización, así como casetas técnicas sobre el techo– fueron ejecutadas sin licencias municipales, planos estructurales registrados, ni evaluaciones de impacto.
Sin registros
La Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional no encontró registro alguno de solicitudes o aprobaciones para estas obras.
Uno de los puntos críticos del caso es que, en 2014, el ingeniero José Manuel Hernández Coste fue contratado para realizar una evaluación estructural del edificio, pero el estudio fue abandonado con apenas un 10 % de avance.
Según el Ministerio Público, de haberse completado el análisis, se habrían identificado graves fallas que derivaron en el colapso.
El ingeniero Rafael Antonio Mejía Mejía, involucrado en las labores de mejora, afirmó haberse enterado posteriormente de la eliminación de una columna, lo que comprometió severamente la estructura de losas prefabricadas y vigas de soporte del edificio.
Tras entregarse voluntariamente en la Procuraduría General, Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados el jueves de la semana pasada.
Medida de coerción
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, considerado el principal responsable de las remodelaciones ilegales, y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, debido a su rol como accionista y representante legal en procesos previos.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, inició ayer el conocimiento, pero aplazó para el miercoles a las 11:00 a. m. la medida de coerción, para que a los abogados de los imputados les sea notificado el expediente, lo estudien y puedan preparar sus alegatos de defensa.
Pero también para que las víctimas de la tragedia que todavía no lo han hecho puedan presentar sus querellas, en el caso de que así lo decidan.
Los representantes del Ministerio Público insisten en que las acciones de los imputados no sólo constituyeron una infracción grave de las normas de construcción, sino una cadena de omisiones que terminaron en la pérdida masiva de vidas humanas.
Exempleado teme por su vida
Gregorio Adames, empleado de la discoteca Jet Set y principal testigo del Ministerio Público, se presentó ante las autoridades con temor por su vida, luego de que Maribel Espaillat, gerente del centro de diversión y hermana del propietario, declarara que él había fallecido en la tragedia.
Según el expediente, Adames, quien estaba encargado de las reservaciones de la discoteca, fue interrogado y manifestó que Maribel informó a un medio de comunicación que él había muerto en el colapso del techo, a pesar de que ambos hablaron días después del incidente.
Además, aseguró que ella le advirtió que poseía información delicada que podría implicar una condena de hasta 20 años de prisión para Antonio Espaillat.
Otras pruebas
La Dirección de Persecución del Ministerio Público también detalla que posee 145 documentos procesales, 38 pruebas documentales, 4 pruebas materiales y 27 pruebas periciales, incluyendo el informe de un equipo de ingenieros.
