El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, será intervenido este viernes para retirar un acúmulo de piel en la cabeza y para infiltrarse por una tendinitis en el pulgar de la mano derecha, informaron hoy fuentes oficiales.

Fuentes de la Presidencia brasileña resaltaron que son “procedimientos simples, sin necesidad de preparación médica ni hospitalización”.

Ambos procedimientos tendrán lugar en un hospital privado de São Paulo.

El líder progresista de 80 años ya se sometió a una cauterización para tratar un engrosamiento de la capa más superficial de la piel de la cabeza en febrero pasado. Según el portal G1, el nuevo procedimiento se realizará en la misma región.

El jefe de Estado, en el poder desde el 1 de enero de 2023, buscará la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones del próximo mes de octubre.

Según las últimas encuestas, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ha perdido la ventaja que tenía con respecto al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y ahora ambos aparecen empatados.

Incluso algunos sondeos ya sitúan numéricamente por delante a Flávio Bolsonaro, designado como candidato por su padre, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder los comicios de 2022 frente a Lula.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este jueves que la amnistía “llega a su fin”, dos meses después de que se aprobara la ley -que no contempla una caducidad- y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no ha explicado en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía, sancionada el 19 de febrero, y ha asegurado que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

A su juicio, la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, pese a las que describió como “voces que buscan perturbar los procesos”.

La líder chavista ha expresado que la amnistía “surgió como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela que llevó a una agresión externa“, en referencia a los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano el pasado 3 de enero durante los que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12.187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Arreaza agregó entonces que seguían “recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, afirmó que, de acuerdo a sus registros, menos del 25 % de las excarcelaciones que se han producido este año en el país se deben a la Ley de Amnistía.

La normativa advierte en su último artículo que “serán procesadas” las personas beneficiadas que incurran “en delitos cometidos con posterioridad” a la entrada en vigencia del texto.

Rodríguez instaló este jueves una comisión que se encargará de una “gran consulta” para reformar la justicia penal, con el objetivo, afirmó, de superar los “males que persisten” en este sistema, afectado por el retardo procesal y la corrupción.