Representantes de la comunidad china solicitaron este lunes al Ministerio de Trabajo y demás autoridades competentes reconsiderar los operativos de inspección que han resultado en el cierre temporal de decenas de negocios de ciudadanos chinos, alegando que la medida ha provocado graves pérdidas económicas y afectaciones sociales.
Durante una rueda de prensa, miembros de la comunidad manifestaron su disposición a cumplir con todas las leyes y regulaciones laborales, sanitarias y comerciales, pero criticaron la forma en que se han ejecutado los operativos. “Estamos de acuerdo con las inspecciones, pero deben hacerse con prudencia, de forma justa y dando un tiempo razonable para corregir fallas menores antes de ordenar un cierre”, declararon.
Uno de los puntos más señalados fue la falta de notificación previa y la ejecución de cierres por faltas que consideran mínimas, como la ausencia de un botiquín o señalización de salida, o porque un cocinero tenía una pulsera puesta. “Estos detalles se pueden corregir sin necesidad de cerrar un establecimiento durante días”, afirmaron.
Indicaron además que muchos de los propietarios no dominan el idioma español, lo que dificulta la comprensión inmediata de las exigencias y el proceso de regularización. Por eso, solicitaron que las instituciones ofrezcan acompañamiento, orientación técnica y plazos razonables antes de aplicar sanciones drásticas.
Sobre los señalamientos de violaciones laborales históricas, los líderes comunitarios afirmaron que se están realizando esfuerzos concretos para garantizar que los ciudadanos chinos con negocios en el país estén bien orientados legal y contablemente, y aseguran que no se oponen a la fiscalización. “Queremos mejorar, brindar mejores productos y calidad, pero necesitamos el apoyo y la guía adecuada para lograrlo”, expresaron.
También rechazaron las percepciones de competencia desleal que han acompañado por años a su comunidad, atribuyendo esa narrativa a campañas de desinformación y a la capacidad que tienen sus negocios de ofrecer precios bajos, lo cual, según indicaron, responde a su modelo económico y no a prácticas ilegales.
“El pueblo dominicano siempre nos ha acogido con respeto y nosotros también nos sentimos parte de esta tierra. Por eso, pedimos que se nos trate con igualdad y se valoren los aportes de nuestra comunidad al desarrollo económico y social del país”, concluyeron.
