España tiene mucho que hacer en la preservación del medioambiente y Bruselas se lo ha dejado claro. La Comisión Europea ha publicado este lunes la cuarta revisión de la aplicación de la normativa medioambiental, y en el informe específico para el caso español hay caras y cruces. Por ejemplo, uno de los principales desafíos sigue siendo la economía circular. A pesar de ciertos progresos, la gestión de residuos aún presenta deficiencias significativas. España no alcanzó el objetivo de reciclar el 50% de los residuos municipales en 2020 y corre un alto riesgo de no cumplir con las metas para 2025, lo que exigirá un esfuerzo renovado y coordinado.
Además, el Ejecutivo comunitario alerta de que hay “falta de coordinación” entre instituciones a la hora de desarrollar las metas sobre la transición ecológica. De hecho, Bruselas asume que la gobernanza ambiental en España se ha beneficiado de los fondos europeos, “que han contribuido notablemente al cumplimiento de la normativa comunitaria”. Sin embargo, persiste una brecha de inversión estimada en 10.800 millones de euros anuales (0,81 % del PIB), por encima de la media de la UE. Para cerrar esa brecha, aconseja la Comisión, “se requiere mejorar la coordinación entre autoridades ambientales y una mayor integración del desarrollo sostenible en otras políticas públicas”.
La contaminación del agua está también en la lista de ‘debes’ para España. “Persisten retos importantes en la gobernanza, eficiencia y restauración de cuerpos de agua”, explica en el informe la Comisión Europea. Esto requiere, exponen desde las instituciones comunitarias, “mayores inversiones en infraestructuras clave”. Además, en biodiversidad, España necesita avanzar en la adopción de objetivos “de conservación específicos por sitio y dotar de recursos adecuados a la red Natura 2000, una herramienta crucial para preservar el capital natural del país”, concluye el documento presentado este lunes.
En términos generales, Bruselas explica que los costes del incumplimiento de la legislación ambiental de la UE por contaminación del aire y el agua, degradación de la naturaleza y residuos se estiman en 180.000 millones de euros anuales para la UE. Esto supone aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto de toda la Unión. “La aplicación de la normativa medioambiental puede reducir estos costes y garantizar al mismo tiempo la igualdad de condiciones para las empresas en todo el mercado único de la UE”, expresa la Comisión en el comunicado emitido con los informes.
Los ejes de estudio son cinco. El primero es la economía circular. Aunque algunos Estados miembros están avanzando a buen ritmo en la utilización de los recursos de la forma más eficaz posible en la producción de bienes y servicios, muchos siguen corriendo el riesgo de no alcanzar los objetivos de reciclado para 2025, sostiene el Ejecutivo comunitario. En el anterior informe todos ‘suspendían’ esta parte. Por ejemplo, el informe señala que varios Estados miembros deben mejorar la prevención de residuos y rehabilitar los vertederos que no cumplen los requisitos. En lo que se refiere a los recursos hídricos, la Comisión pide “mejorar la cantidad y la calidad” de agua dulce y “mitigar el creciente riesgo de escasez de agua y sequía”. Eso pasa, concluyen, por un mejor uso de los fondos disponibles.
Por otro lado, otro ‘remate’ es que la pérdida de biodiversidad sigue prevaleciendo sobre su recuperación. Esto se debe principalmente al cambio del uso del suelo para fines agrícolas y a la intensificación de la agricultura, explica la Comisión sobre la tercera pata, antes de hablar del cuarto pilar, que es la contaminación atmosférica: “A pesar de los considerables avances realizados, el nivel de contaminantes atmosféricos sigue siendo demasiado elevado en muchos Estados miembros“. Para mejorar esto piden “el cambio a una movilidad sostenible impulsada por energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la introducción de técnicas agrícolas de bajas emisiones, incluidas la ganadería y la gestión del estiércol y los fertilizantes”, un giro que permitirá también, dicen, impulsar mejoras en el quinto elemento clave, que es la lucha contra el cambio climático.
En este contexto, la Comisión ha puesto varios fondos de la UE a disposición de los Estados miembros para cubrir sus necesidades de inversión, que ascienden a unos 122.000 millones de euros anuales, entre objetivos y prioridades medioambientales. “La mayoría de los Estados miembros necesitan hacer un mayor uso de estos fondos para reforzar su capacidad de aplicación efectiva”, avisa Bruselas. Al mismo tiempo, en cuanto a la gobernanza medioambiental, los países “aún pueden mejorar el acceso del público a los tribunales para impugnar decisiones, actos u omisiones, especialmente en los ámbitos de la planificación relacionada con el agua, la naturaleza y la calidad del aire”.
“Invertir en la aplicación de la legislación medioambiental sale muy rentable. Es un recordatorio oportuno de que la aplicación y la competitividad van de la mano para proteger nuestro medio ambiente y los recursos que necesitamos para la transición y para las generaciones futuras”, expresó tras la publicación de los informes la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Rosswall.
