SANTO DOMINGO. -Aunque el presidente Luis Abinader aseguró este lunes que la República Dominicana mantiene una de las tasas más bajas de criminalidad de América Latina, muchos dicen estar preocupados por los constantes casos de violencia y su crecimiento. Uno de los hechos más recientes ocurrió en la provincia de San Juan, donde Bonadelfa López, una ciudadana dominico-estadounidense, según sus familiares, intentó denunciar a su agresor y supuestamente en el destacamento no había sistema al momento de ella asistir lo que fue aclarado por el director de la Policía Nacional.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, durante su intervención en La Semanal con la Prensa, aseguró que la señora sí fue recibida por los agentes y que su intención era canalizar una orden de alejamiento, pero que no quiso formalizar una denuncia porque “no quería escándalos”.

“Realmente la señora fue a la Policía, pero ella andaba detrás de canalizar una orden de alejamiento. No quiso en ningún momento poner la denuncia porque no quería escándalos. Nosotros canalizamos que la fiscalía la reciba para que allá ella pudiese hacer su orden de alejamiento, y la fiscalía le dio el trato adecuado en ese momento”, explicó Guzmán Peralta.

Guzmán Peralta sostuvo que pese a no haber formalizado una querella, desde la institución se gestionó que la Fiscalía la recibiera . “La Fiscalía la recibió y le dio el trato adecuado en ese momento”, afirmó.

Sin embargo, los familiares de la víctima habían denunciado que Bona Delfa intentó en al menos tres ocasiones denunciar a su agresor, José Joan Manuel Sánchez Pérez, pero que no pudo hacerlo debido a la supuesta caída del sistema en el destacamento policial.

La muerte de Bonadelfa López, pone en el centro del debate la diferencia entre la percepción social y las cifras oficiales de criminalidad. Durante su participación en La Semanal, el presidente Abinader presentó estadísticas que muestran una disminución del 22.5 % en los robos en los últimos tres años, según datos interanuales de junio:

• 2023: 51,448 casos

• 2024: 46,137 casos

• 2025: 39,883 casos

Don el presidente Luis Abiander dijo que, según el informe de InSight Crime, República Dominicana es el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por El Salvador.

Sin embargo, los parientes de Bona Delfa López,  una mujer emprendedora con un proyecto de vida activo entre Nueva York y Las Matas de Farfán, dicen que  siente que el sistema no la protegió.

“Ella solo quería vivir en paz, estaba enfocada en montar su negocio y dejar atrás el pasado. Pero nadie la escuchó”, expresó un pariente cercano.

La tragedia ocurrió el pasado 21 de junio en el sector El Mamón, en San Juan de la Maguana, cuando José Joan Manuel Sánchez Pérez, expareja de la víctima, la asesinó a tiros dentro de su vivienda utilizando una escopeta que presuntamente le pertenecía a ella. En el ataque también resultó herido un joven panadero contratado por Delfa para ayudarla a poner en marcha su nuevo negocio, una panadería. 

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Santo Domingo, República Dominicana — El comunicador Ángel Martínez protagonizó este lunes un momento de tensión al llegar al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce el proceso judicial que enfrenta por presunta difamación e injuria.

Durante su presencia en el lugar, Martínez se dirigió a los medios de comunicación con un tono desafiante y declaraciones que generaron reacciones. En sus palabras, adelantó detalles sobre su estrategia legal y afirmó que llamará como testigo principal a la esposa del dirigente político Neney Cabrera.

“Mi primer testigo estrella va a ser la esposa de Neney Cabrera”, declaró de manera enfática, argumentando que el testimonio de dicha persona será clave para respaldar su versión de los hechos ante el tribunal.

Martínez no identificó con nombre a la parte acusadora, pero señaló que su intención es aportar información relacionada con el historial personal de la querellante. Según sostuvo, esta habría mantenido una relación de tres años con un hombre casado, aspecto que considera pertinente para su defensa en el proceso judicial en curso.

“La voy a traer a ella para explicar el comportamiento de esta mujer que quiere 50 millones de pesos porque hay que respetar su dignidad”, expresó el comunicador durante su intervención ante los medios.

Finalmente, con tono retador, cerró sus declaraciones públicas diciendo: “Por su dignidad vamos a verla en el tribunal. Y yo quiero que ustedes entren adentro para que escuchen lo que va a pasar en ese juicio”.

El proceso judicial continúa en etapa preliminar en el Distrito Nacional, mientras las partes se preparan para presentar sus respectivos argumentos y pruebas ante el juzgado competente. Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la fecha exacta de la próxima audiencia ni sobre la postura oficial del tribunal respecto a las declaraciones emitidas por el imputado.

Puerto Príncipe.- Cuatro años después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, el 7 de julio de 2021, el empobrecido país sigue estancado, preso de una crisis sin precedentes, con una violencia que no da tregua y la celebración de elecciones en el aire.

En principio, debería haber votaciones en noviembre próximo, pero la situación general y la extrema inseguridad, con al menos 4.000 asesinatos en el primer semestre, hacen incierta su celebración.

Sin avances en la investigación

Este lunes se celebró en el Palacio Nacional de Puerto Príncipe una misa en memoria de Moise, torturado y asesinado en su residencia privada de Puerto Príncipe la noche del 6 al 7 de julio de 2021 por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

La ceremonia tuvo lugar «en un clima de recogimiento, dignidad y profunda emoción», subrayó el Gobierno en un comunicado, en el que aseguró que cuatro años después Haití «sigue honrando la memoria del presidente Jovenel Moise» y «reafirmando su compromiso con los valores democráticos y republicanos».

Y cuatro años después, a pesar de la detención de decenas de sospechosos, entre ellos colombianos, la justicia haitiana sigue sin poder esclarecer el caso ni identificar a los autores intelectuales del asesinato del presidente de Haití, un país donde reina la impunidad y el sistema judicial está totalmente paralizado.

En febrero de 2024, la justicia haitiana anunció la imputación de unas cincuenta personas, entre ellas el exprimer ministro de Haití Claude Joseph y el antiguo jefe de la Policía Nacional Léon Charles, así como la viuda de Moise, Martine Moise, quien resultó herida durante el atentado a su marido y fue trasladada ese mismo día a Miami (EE.UU).

Precisamente este lunes, en un vídeo titulado ‘Cuatro años después, el sol de la justicia brillará’, la ex primera dama denunció que la justicia aún no ha logrado encontrar a los verdaderos culpables.

«Es cierto que sufrimos, pero no abandonamos la lucha por pedir justicia para el presidente, su familia y todo el país», afirmó, y señaló que Haití debe dar ejemplo para que esto no vuelva a suceder.

Recordó las circunstancias relativas al asesinato de su marido y afirmó que «la coalición que mató» al presidente es la misma que controla el poder ejecutivo y judicial.

En el vídeo, Martine Moise subrayó que su esposo, antes de morir, rescindió el contrato de las empresas energéticas por corrupción.

Según uno de los acusados, Joseph Félix Badio, en torno al presidente Jovenel Moise se estaban formando diversos grupos de interés en el Palacio Nacional. Todos querían deshacerse de él para conseguir el poder y satisfacer sus crasos apetitos.

Entre ellos se encontraban Martine Moise y Claude Joseph, de acuerdo con Badio.

Las comparecencias se multiplican en el Tribunal de Apelación de la capital, mientras que el caso avanza con dificultad y el país espera un proceso judicial para conocer a los responsables y los motivos del magnicidio.

Un total de 17 colombianos han sido detenidos por su presunta implicación en el complot que condujo a la muerte de Moïse.

Según las autoridades haitianas, se trata principalmente de exmilitares de ese país suramericano y algunos aseguran haber sido contratados para misiones de seguridad privada, sin conocer el objetivo final de la operación.

Una crisis que no da tregua

Cuatro años después del magnicidio, que dio lugar a una compleja investigación internacional y a numerosas detenciones en Haití, la empobrecida nación, la más pobre de América, se encuentra sumida en una crisis social, política y económica marcada, entre otras cosas, por un deterioro de la seguridad.

En torno a un 90 % de la región metropolitana de la capital está bajo el control de las bandas armadas que siembran el terror día y noche, lo que ha obligado a más de 1,3 millones de personas a huir de sus hogares y refugiarse en ciudades de provincia o en campos de refugiados, donde viven en condiciones inhumanas.

El Consejo Presidencial de Transición (CPT), formado el año pasado, asumió el cargo con la promesa de pacificar el violento país y convocar elecciones, lo que no ha ocurrido hasta ahora.

Los últimos comicios celebrados en el país tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Moise, quien asumió el cargo el 7 de febrero de 2017.

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