Santo Domingo. Además de una baja tasa de reemplazo para los trabajadores al jubilarse, las ganancias y los gastos operacionales de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) acaparan las principales críticas al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS) del Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco, indica que, aunque el país ha experimentado transformaciones significativas en su sistema de seguridad social, las mismas han ido acompañadas de una mercantilización del sistema.

Matías Bosch y Francisco Tavárez, quienes elaboraron un análisis de publicación reciente denominado ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?, se van un poco más lejos.

«El negocio de la intermediación que realizan mejora sus resultados, sorpresivamente en tiempos de recesión y de crisis, debido a la expansión de la demanda de crédito del Gobierno Central para financiar el gasto público», lo que es fácilmente verificable al comparar los ingresos por concepto de recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social en el año de inicio de la pandemia y posteriores.

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Las AFP que operan en el país

Actualmente, unas siete entidades se dedican al negocio de la intermediación con los fondos de pensiones en el país, aunque otras dependencias del Estado (IDSS, INABIMA y Hacienda) aún retienen responsabilidades con determinados sectores.

Las AFP actuales son: Atlántico, Crecer, JMMB-BDI, Popular, Reservas, Romana y Siembra.

Para diciembre de 2024, este grupo contaba con el 92.16% de cotizantes del fondo de pensiones, mientras que el sistema de reparto individualizado (Banco de Reservas, Banco Central e INABIMA) concentraba el 5.96%; un 1.11% lo administra el Ministerio de Hacienda, según el boletín estadístico 86 de la Superintendencia de Pensiones.

El total de cotizantes en las AFP a la misma fecha fue de 2 millones 45 mil 822 personas, distribuidas de la manera siguiente: AFP Popular (684,959), AFP Crecer (544,238), AFP Atlántico (49,509), AFP Siembra (429,389), AFP Reservas (314,332), AFP Romana (14,935) y AFP JMMB BDI (8,460).

De este grupo, el sector privado aporta 1,638,583 cotizantes (80%) y el sector público 407,209 cotizantes. El grupo lo completan 30 cotizantes que figuran como personas físicas.

Las AFP también acumulaban para diciembre de 2024 el 79.38% del patrimonio de los fondos de pensiones, que equivalía a RD$1 billón 108,995 millones 173 mil 903.

Por concepto de comisión, y tomando en cuenta las facturas pagadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 13-20 que modificó el esquema de comisiones, las AFP habían recibido la cantidad de RD$19,065,381,187.20.

AFP Popular (RD$6,786,146,901.07), AFP Crecer (RD$4,890,557,889.21), AFP Siembra (RD$4,051,740,557.70), AFP Reservas (RD$3,085,998,194.90), AFP Romana (RD$182,963,100.42), AFP Atlántico (RD$53,244,002.19) y JMMB-BDI (RD$14,730,541.71).

De manera consolidada, Bosch y Tavárez, apoyados en estados financieros de las AFP y los boletines de la SIPEN, computan las ganancias de las AFP en RD$101,221 millones, segmentadas entre utilidades (RD$58,779 millones) y gastos operacionales y generales (RD$42,441 millones).

La cartera de inversiones de los fondos de pensiones la integran el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, 13 bancos múltiples, cinco asociaciones de ahorros y préstamos, tres bancos de ahorro y crédito, 14 empresas privadas, tres fideicomisos y 36 fondos de inversión.

Las mayores inversiones las acumulan el Ministerio de Hacienda (72.93%) y los fondos de inversión con 22.47%.

A la misma fecha (diciembre 2024), el sistema había concedido 15,781 pensiones, mientras que había declinado 28,741. Otras 1,169 permanecían en trámite y se computaban en 34,383 los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia.

El promedio general de las pensiones de sobrevivencia era de RD$13,188.75.

En cuanto a las devoluciones a herederos tras rechazo de pensiones de sobrevivencia, se han recibido 28,294 solicitudes y se devolvieron RD$7,763,908,622.

En cuanto a las pensiones por discapacidad, se habían otorgado 17,861 pensiones y habían declinado 6,280 solicitudes.

Es importante señalar que los motivos para declinar una solicitud incluyen el no tener la cantidad de cotizaciones suficientes, la falta de la edad reglamentaria, la no demostración de vínculos, etc., aunque se suele acordar con los beneficiarios la devolución de sus ahorros.

Razones de las bajas pensiones

Conversando con Arismendi Díaz, primer gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social y redactor de la Ley 87-01, este enumeró seis factores que, a su juicio, inciden en las bajas pensiones.

Son estas:

La reducción del aporte original del 12% al 9.97%.

La no entrega del bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS que ingresaron al nuevo sistema.

El aumento en 8 años de la esperanza de vida entre 2001-2035, encareciendo el costo total de cada pensionado.

El alto costo administrativo de las AFP debido a la falta de competencia, incluyendo a la AFP pública.

El carácter estructural de la informalidad laboral, que genera mucha inestabilidad.

La falta del Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia.

«Esos factores son subestimados porque se trata de un enfoque unilateral, solo orientado a tratar de eliminar a cualquier costo al sistema de capitalización individual», dijo Díaz.

Distorsión de la seguridad social

Es poco el esfuerzo para llegar a la conclusión de que los objetivos del sistema parecen haberse distorsionado, como lo afirma Ciriaco.

Aunque se ha incentivado la formalización del empleo, en gran medida por la exigencia legal de afiliación para las empresas, la cobertura efectiva sigue siendo insuficiente.

El académico citó como debilidad del sistema la exclusión de los trabajadores informales, microempresarios y personas que laboran por cuenta propia, que representan una parte significativa de la fuerza laboral del país.

Esta razón lacera la base de cotizantes, limitando la sostenibilidad financiera de un sistema que está sustentado en un modelo de capitalización individual.

A esto se suma la inoperancia de componentes fundamentales contemplados en la Ley 87-01, como el seguro de desempleo y el régimen contributivo subsidiado para trabajadores por cuenta propia, que después de dos décadas aún no han sido puestos en marcha.

Otro aspecto cuestionado por el economista es la gobernanza del sistema. Criticó que tanto la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) como la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) no han mostrado la eficacia necesaria para una regulación y supervisión robusta del sistema, lo que ha contribuido a su distorsión en favor de los intermediarios financieros.

Finalmente, reiteró la necesidad de reformar la Ley 87-01 para dar paso a un sistema multipilar, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este nuevo modelo, propuso que la capitalización individual sea solo un pilar complementario y no obligatorio, permitiendo así un mayor equilibrio, equidad y cobertura real.