Peña Nieto transitó todo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin sobresalto alguno, viviendo entre Madrid y Punta Cana, alejado de cualquier investigación. Esa tranquilidad alimentó la creencia entre la clase política mexicana de que Peña Nieto, el último presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), había hecho un pacto con López Obrador de cara a las elecciones de 2018: el entonces opositor de izquierdas llegaría a la presidencia a cambio de impunidad. Ficción o realidad, en los seis años de López Obrador ni Peña Nieto ni ninguna figura clave de su gabinete fueron investigados.

Ahora, con Sheinbaum en el Palacio Nacional, el supuesto pacto quedaría en duda. Esta semana, la Fiscalía informó de que espera colaboración de Israel para investigar la trama Pegasus. La Administración del PRI adquirió por 32 millones de dólares el sistema Pegasus a la empresa israelí de seguridad privada Balam para escuchar, capturar texto e imágenes, así como contactos de cualquier teléfono inteligente.

El diario israelí ‘The Marker’ difundió la semana pasada el litigio entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, dueño de Grupo KBH, proveedor del software Pegasus, debido a diferencias por una presunta «inversión», es decir soborno, a Peña Nieto.

Los empresarios revelaron que tenían un acuerdo para obtener «contratos lucrativos» con el Gobierno de Peña y que el negocio más fuerte fue la venta de Pegasus, el software fraudulento que usaron varias autoridades de México.

La Fiscalía afirmó que no va a permitir que este caso caiga en un vacío legal, por lo que buscará que el Gobierno de Israel aporte la información con precisión.

«Nosotros ya abrimos un expediente, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podemos incorporar a un informe para poder seguir adelante», señaló el fiscal Alejandro Gertz.

Desde el entorno de Peña Nieto señalan a ABC que el exmandatario no está preocupado por el caso. En público, Peña Nieto dice que todo es falso y, en privado, afirman que en realidad se trata de una maniobra del Gobierno de Sheinbaum. Su objetivo: ejercer de distracción frente a las revelaciones que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pudiera realizar ante la Justicia de EE.UU., y que afectarían a figuras del Gobierno de Sheinbaum y de su promotor, López Obrador.

Peña Nieto también se enfrenta a cuestiones domésticas en México. La más reciente tiene que ver con la quiebra de una compañía financiera en el Estado de México, la entidad que gobernó antes de ser presidente. La empresa Flising está al borde de la bancarrota lo cual dejaría a varios de sus socios e inversores perjudicados, los mismos que ingresaron sus recursos a la empresa porque esta era manejada por figuras del entorno del expresidente.

El caso ya tramita en los tribunales mexicanos por lo cual el exmandatario ya ha sostenido reuniones con abogados y allegados al caso en Republica Dominicana. Flising es manejada por la familia del exportavoz de Peña Nieto, el político sinaloense David López. Además del incumplimiento con inversores y accionistas estaría bajo investigación el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, a espaldas de Hacienda.

A diferencia de otros expresidentes mexicanos, Peña Nieto no tiene actividad alguna después de abandonar el poder, no es consejero de empresas ni catedrático ni autor de libros, una situación que contrasta con su nivel de vida: propiedades millonarias en Madrid, viajes a destinos exclusivos en Europa y largos almuerzos y cenas en el barrio de Salamanca por donde se suele mover casi sin escoltas de seguridad y en cuyos principales recursos es ya un cliente habitual.