La fiscalía colombiana llamó a juicio el martes al influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, lo que lo convertiría en el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
La decisión de la fiscalía supone un cambio de rumbo en el proceso penal desde la llegada de la nueva fiscal general, en marzo pasado. Bajo la gestión anterior de Francisco Barbosa, el ente acusador intentó dos veces que se cerrara el caso al no hallar “responsabilidad penal del procesado”. Sin embargo, esas peticiones fueron rechazadas por jueces penales.
La nueva titular de la Fiscalía General es Luz Adriana Camargo, una fiscal experimentada con pocos vínculos políticos, entre una terna enviada por el presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en Colombia y viejo contradictor político de Uribe.
Ante la decisión ahora de la fiscalía de presentar acusación contra el expresidente, se espera que sea asignado el juzgado al que le corresponda el juicio. En una audiencia, cuya fecha está por establecerse, la fiscalía hará la formalización de la acusación, el paso previo para dar inicio al juzgamiento del imputado.
De ser hallado culpable por el delito de fraude procesal, Uribe podría enfrentar hasta ocho años de prisión. Mientras que el delito de soborno a testigos en actuación penal podría ser sancionado con hasta doce años de prisión.
Uribe enfrenta un proceso penal tras denunciar hace más de una década que un senador opositor estaba buscando a paramilitares para que declararan en su contra y lo relacionaran con la creación de un grupo paramilitar.
Ese senador no fue procesado y, en cambio, un alto tribunal abrió un expediente penal contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de su opositor.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, siempre ha negado vínculos con los paramilitares, a los que desmovilizó en su gobierno y cuyos jefes extraditó a Estados Unidos.
El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso contra Uribe, insistió en que había una intención política en dilatar el proceso penal por parte de la fiscalía que dirigía Francisco Barbosa, quien fue cercano al gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022), cuyo padrino político era Uribe.
Además de informar que presentó el escrito de acusación, el Ministerio Público indicó en su comunicado que garantizará el “derecho al debido proceso” en el caso contra Uribe. Tanto el expresidente, como la Procuraduría y las víctimas, podrán solicitar pruebas y participar en el debate oral que “deberá culminar con la emisión de un fallo”.
La senadora Paloma Valencia, del partido político de Uribe, insistió en la inocencia del exmandatario y criticó el llamado a juicio. “Mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos; quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado”, señaló a la prensa.
El inicio del proceso de Uribe Vélez se remonta al 2012 cuando denunció al congresista de izquierda Iván Cepeda, su opositor político, por presuntamente buscar en cárceles testimonios de paramilitares, de forma irregular, para que declararan en contra del expresidente con el objetivo de vincularlo con la creación de un grupo paramilitar.
Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia —tribunal encargado de investigar a los congresistas— cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos. Por el contrario, el tribunal abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.
Por ese caso la Corte ordenó en 2020 el arresto del expresidente, quien entonces fungía como senador. Sin embargo, días después renunció a su escaño en el Congreso, lo que produjo que la Corte perdiera la competencia en su caso y pasara a la fiscalía.
El testigo clave en el caso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado que en la hacienda que fue propiedad de la familia Uribe se creó un grupo paramilitar al que él perteneció. La Corte Suprema encontró que Uribe habría intentado obtener una retractación de Monsalve para limpiar su nombre por intermedio de un abogado.
La defensa de Uribe, en cambio, ha dicho que fue Monsalve quien lo buscó a través de terceros para intentar cambiar su versión sin que le ofrecieran ninguna dádiva.
En los intentos por solicitar un cierre del caso contra Uribe, la fiscalía alegó que el expresidente fue totalmente ajeno a las gestiones presuntamente ilícitas que hizo en las cárceles Diego Cadena, quien fuera abogado de Uribe, y que enfrenta un proceso por presunta manipulación de testigos por los mismos hechos que el expresidente.
Sin embargo, una jueza negó el cierre del caso por considerar que es posible que Uribe hubiera intervenido en los hechos, por lo que no era viable su archivo. Además, cuestionó que la fiscalía no llamara a declarar a más personas que pudieran ayudar a esclarecer el proceso.
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