El Gobierno de Estados Unidos decidió mantener a un expreso político venezolano detenido en un centro para migrantes en Texas, desestimando la solicitud de fianza de su defensa legal y pese a que tiene una solicitud de asilo pendiente.
Un juez de inmigración descartó el miércoles una petición presentada por el abogado de Gregory Sanabria, un activista que estuvo encarcelado durante cuatro años en la prisión el Helicoide en Caracas, conocida por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El venezolano, de 31 años, fue arrestado el pasado mes de junio por los agentes de migración cuando acudió a su cita anual con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en Houston. Desde entonces, hace más de un mes, permanece privado de su libertad.
“Presión al inmigrante”
Sanabria llegó a EE.UU. en 2022, tras atravesar la selva del Darién -entre Panamá y Colombia- y seguir la ruta migratoria que miles han recorrido en dirección al norte en los últimos años.
En la frontera sur de EE.UU., cruzó de manera irregular y se entregó a la Patrulla Fronteriza, pasó una entrevista de “miedo creíble” -para determinar si teme ser regresado a su país de origen- y fue liberado con una orden para presentarse ante las autoridades migratorias periódicamente, según relataron a EFE su abogado, Juan Molina y su mejor amigo y también expreso político, Lennard García.
Una vez establecido en Texas, donde viven varios de sus conocidos y antiguos compañeros de activismo estudiantil en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, Sanabria presentó una solicitud de asilo que aún sigue pendiente.
Su caso, señaló García, es uno de los “más documentados de tortura que existe en Venezuela” y fue denunciado en su momento por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones.
El Gobierno de EE.UU., sin embargo, alega que Sanabria admitió “estar en EE.UU. de manera ilegal” y “permanecerá en custodia de ICE mientras sigue pendiente una decisión de un juez de migración”, según indicó a EFE un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). “Todos sus argumentos serán escuchados por el juez”, agregó.
Para Molina, quien está defendiendo a Sanabria ante la corte de inmigración, las declaraciones de DHS son un juego de palabras:“¿Cómo que está ilegal y se está reportando con ICE, y tiene un permiso de trabajo y tú mismo lo liberaste?”.
El abogado considera que la acciones de las autoridades en este caso se enmarcan en una campaña de “presión al inmigrante” por parte del Gobierno actual.
“La gente ve esto y dice ‘Gregory tiene un caso tan fuerte, estuvo en el Helicoide y mira como lo están tratando’ (…) los quieren meter presos para que los demás se asusten”, concluyó.
“No quiero morirme”
Sin la posibilidad -por ahora- de salir bajo fianza, las autoridades pusieron a Sanabria entre la espada y la pared: aceptar voluntariamente ser deportado a Venezuela, el país del que huyó por las persecuciones del Gobierno, o permanecer detenido de manera indefinida.
Ser deportado, en los vuelos que son recibidos por las autoridades venezolanas, incluyendo el número dos del Gobierno, Diosdado Cabello, significaría volver a ser encarcelado y posiblemente torturado. Él ya decidió que va a pelear su caso “como sea”, según relató su abogado.
La detención, relató García -que asegura estar en contacto “diario” con su amigo-, es una “revictimización”.
“Para una persona que sufrió tortura durante cuatro años (en prisión), estar de nuevo en cuatro paredes es morir en vida, como ha dicho él en varias ocasiones”, contó el también venezolano y activista.
Está “sumamente desesperanzado” y deprimido y “duda de que EE.UU. haya sido el lugar idóneo para huir de la dictadura”.
Desde el centro de detención, en una llamada después de la vista con el juez de migración ayer, Sanabria le dijo en un tono sombrío: “Hermano, se me cayó todo, voy a pasar meses en la prisión de nuevo. No quiero morirme”.
Alejandra Arredondo.
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