El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abre un nuevo frente de disputa. Esta vez contra Nueva York. Ha demandado este jueves a esta ciudad por sus políticas migratorias, acusando a las autoridades locales de estar “obstruyendo” que se aplique la ley federal.
La demanda, presentada por el Departamento de Justicia, se opone a las llamadas “leyes de ciudad santuario”, que limitan la colaboración de policía local con las autoridades migratorias.
“La ciudad de Nueva York ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en interferir con la aplicación de las leyes de inmigración de este país”, escribieron los abogados del Gobierno en el documento judicial.
“Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado”, añadieron.
Otras demandas similares
La demanda de este jueves se enmarca en la escalada de las políticas antimigrante de Trump y se suma a otras demandas similares que el Ejecutivo ha presentado contra localidades lideradas por demócratas, como Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey e incluso el estado de Nueva York.
El Departamento de Justicia asegura que las políticas “santuario” de Nueva York “dificultan” el trabajo de los agentes de migración y crean problemas de seguridad pública en la ciudad.
Esas políticas han sido promovidas por diferentes alcaldías desde 1989 y más recientemente expandidas en 2014, cuando el alcalde Bill de Blasio las amplió para limitar la comunicación entre los agentes migratorios y las cárceles locales y cerró una oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Rikers, la prisión más grande de la ciudad.
Los defensores de este tipo de normativas señalan que son necesarias para mejorar la seguridad de las comunidades, ya que permiten a los migrantes reportar delitos o abusos sin miedo a ser deportados, así como colaborar con las autoridades.
En promedio, se cometen 35,5 delitos menos por cada 10.000 personas en los condados con políticas de santuario en comparación con aquellos que no las tienen, según datos de la organización New York Immigration Coalition.
