Nueva York – Javier Balmaceda, analista sénior de políticas para Puerto Rico del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), consideró que la potencial transición al programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), como está propuesta mediante legislación en el Congreso de Estados Unidos, es clave para fortalecer la red socioeconómica de ayudas provistas por el gobierno federal para estabilizar al territorio, que describió como “un paciente en estado crítico”.

A juicio de Balmaceda, aunque el cambio no va a resolver la crisis que vive Puerto Rico en su totalidad, serviría como incentivo para que miles de familias que viven bajo los niveles de pobreza puedan adquirir más alimentos y de ese modo reducir la pobreza, paso esencial para la estabilización económica y social.

“Yo a P.R. lo veo como un paciente en estado crítico en términos de pobreza, infraestructura; realmente estamos en un estado crítico, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ver ese número de la pobreza en 43 %, 44 %. Cuando uno realmente lo piensa, eso es inaudito. El número es un resumen de lo que está pasando. Cuando puntualizamos en todas las miles y miles de personas que caen en ese número, que pasan hambre, que no tienen una vivienda segura, que no tienen una infraestructura médica adecuada, caben miles de historias. El tema es que para mí somos un paciente en estado crítico, y a mí me parece que, teniendo equidad en estos programas, como mínimo, podemos estabilizar al paciente. Pero, no lo estamos rehabilitando. Eso ya es otro tema aparte”, planteó el experto.

El Diario entrevistó al portavoz de la organización en el marco de las negociaciones que continúan en la legislatura en Washington D.C. para incluir una provisión que lleve a la isla a una transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de SNAP, como parte de la reautorización de la nueva Ley Agrícola o “Farm Bill”.

La semana pasada, la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Debbie Stabenow, informó de la inclusión de una provisión como parte de la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria (The Rural Prosperity and Food Security Act of 2024) o borrador del “Farm Bill” en ese cuerpo legislativo.

Si la disposición que busca equidad en los fondos SNAP para Puerto Rico logra completar el trámite legislativo, los fondos para asistencia alimentaria aumentarían de $2,900 millones anuales a $4,500 millones anuales, según estimados del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA).

El analista sénior del CBPP consideró que, más allá de posturas ideológicas, hay una realidad histórica que tiene peso en este debate: los boricuas son ciudadanos estadounidenses.

“La equidad en estos programas es importante ya por un tema histórico; porque nos guste o no, Puerto Rico ha sido parte del andamiaje de EE.UU. por más de 100 años. Entonces, corresponde que, como ciudadanos estadounidenses que somos, tener por lo menos equidad en una serie de programas que son importantes. En P.R., esa equidad toma una doble significancia porque tenemos un enorme nivel de pobreza. Tienes más sentido aún que en P.R. toquen de lleno estos programas que están diseñados, precisamente, para lidiar con altos niveles de pobreza y dar alivios económicos a familias de escasos ingresos y de clase media”, argumentó Balmaceda.

Aunque han habido intentos legislativos previos para incluir a P.R. en SNAP, en esta ocasión, precisamente, destaca el hecho del consenso generalizado, más allá de líneas partidistas e ideológicas, de que la transición es un paso en el camino correcto para reducir la hambruna y la inseguridad alimentaria.

El argumento sobre el “mantengo” con fondos federales

“No conozco de ninguna organización o ninguna persona que realmente diga que esta transición fuera negativa para P.R. Si tengo que decir, responsablemente, que hay personas, individuos, y una parte del país que ve esta transición al SNAP como más ‘mantengo’ para P.R.; y lo tengo que decir porque ellos también merecen tener esa representación en este diálogo, y hay gente que percibe al SNAP y todos los demás programas de seguridad socioeconómica como el famoso mantengo. Es una especie de mitología que no se sostiene sobre una realidad porque la verdad es que nadie puede subsistir únicamente con los beneficios que otorga el PAN. Nadie puede vivir del PAN, no alcanza pero ni de cerca para vivir”, expuso.

El “mantengo” es el término popular que utilizan los puertorriqueños para referirse a la dependencia en fondos federales.

Balmaceda expuso que la flexibilidad para la distribución en los fondos de PAN en P.R. para comunidades como la de adultos mayores se debe, precisamente, a que poblaciones como están han sido excluidas de otros programas federales como el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

“El PAN yo creo que tiene protagonismo en este tema del ‘mantengo’ porque en los años 70 era el ‘Food Stamp Program’ (Programa de Cupones de Alimentos)…; entonces, la gente percibe al PAN como la punta de lanza del mantengo. Pero la realidad es que cuando uno estudia toda la red de seguridad socioeconómica que hay a nivel federal, y aquí incluyo grandes programas como Medicaid, Medicare, el SSI -programa que esta creado para sumplementar el Seguro Social porque los cheques del Seguro Social son bien bajitos-, pues hay una serie de programas importantes que están ahí para atajar la pobreza y también (ayudar) a la clase media, que en P.R. o no están o si están, son de forma muy parcial”, sostuvo el representante del CBPP experto en temas fiscales.

Dos grupos podrían ver fondos reducidos bajo SNAP en Puerto Rico

En ese sentido, el analista alertó de los principales desafíos de la transición a SNAP en P.R., como el impacto a los adultos mayores que viven solos y los estudiantes universitarios que verían una reducción en los fondos que reciben o resultarían excluidos del programa.

“Esos aumentos no van a ser para todo el mundo. Hay dos poblaciones, particularmente, dentro del PAN que podrían ver una merma en beneficios. Una es la población de envejecientes que viven solos. Hay una alta probabilidad de que esa población vea una merma en beneficios en promedio porque en este momento bajo el PAN hay unas flexibilidades que le permiten al PAN darle a esa población una bonificación de beneficios. Una vez que hagamos la transición al SNAP, esa bonificación se perdería, y esa población en promedio podría ver una merma en beneficios”, señaló.

“La otra población que podría ver una merma en beneficios sería la de estudiantes universitarios que en estos momentos tienen unos criterios de elegibilidad mucho más flexibles bajo el PAN. Bajo SNAP, esos criterios serían un poco más rígidos. Con esa rigidez de criterios es posible que muchos estudiantes universitarios que hoy reciben beneficios queden excluidos del programa. Eso es una posibilidad. Hay que verlo toda una vez se haga la transición”, continuó.

Para resolver esta disyuntiva, a largo plazo, Balmaceda insistió en que la solución sería otorgar equidad a los ciudadanos en la isla en otros programas como el mencionado SSI y Medicare.

“La desigualdad de P.R. no radica únicamente en el PAN. Es toda una red de seguridad socioeconómica. Son un montón de programas que están diseñados para componer una red, y cada programa se complementa con el otro. En Puerto Rico, ayudaría muchísimo tener igualdad en el SSI, que es un programa que está diseñado precisamente, para dar ayudas económicas a envejecientes de bajos recursos, como también la de bajos ingresos con discapacidades. Si existiera en P.R., llegaría miles de millones de dólares adicionales en beneficios. La ausencia de ese programa genera unas deficiencias enormes en materia de ayuda para esa población. De hecho, esa bonificación que está dentro del PAN está ahí porque nuestra población de adultos mayores en P.R., como no tiene acceso a SSI, P.R. hace de tripas corazón, y trata, a través de un mismo programa, de dar un apoyo adicional a esa población porque no tienen otros programas que deberían estar”, abundó.

Una solución más inmediata, según el entrevistado, sería que las autoridades locales en la isla desarrollen su propio programa complementario al SNAP para sostener más efectivamente a estas poblaciones en caso de no resultar cobijadas bajo el programa federal como se anticipa.

Este dato es particularmente preocupante ante el hecho de que en Puerto Rico continúa el aumento en la población de ancianos en parte por la migración de boricuas a EE.UU.

Datos sobre características de la Población y Vivienda con base en el Censo Decenal del 2020 arrojaron que la mediana de edad de la población total en Puerto Rico incrementó en alrededor de ocho (8) años, pasando de 36.9 (2010) a 45.2 (2020) en la década.

Un estudio del 2022 de USDA estima un periodo de transición de 10 años para que SNAP sea implementado en Puerto Rico. Ese proceso constaría de cinco fases principales: cambios legislativos en Puerto Rico, desarrollo de regulaciones, diseño del programa, planificación, y prueba, adiestramiento y lanzamiento.

“Si se aprueba la transición, que no va a ser de la nota a la mañana, va a tomar muchos años; y en el transcurso de esos años, una vez autorizada la transición al SNAP, habría que inmediatamente sentarse a pensar en qué herramientas se pueden diseñar para compensar por esa pérdida en beneficios para esa población que es muy importante y cada vez es más grande en P.R.”, recomendó.

Inclusión de SNAP en “Farm Bill”

Actualmente, demócratas y republicanos negocian el contenido del Farm Bill que se reevalúa cada cinco años. Debido al tranque legislativo de ambas colectividades el año pasado, el presidente de EE.UU., Joe Biden, extendió en noviembre la vigencia de la ley actual hasta septiembre de este año.

En el Senado hay mayor inclinación para darle paso a una provisión para el cambio.

Precisamente este martes, la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, anunció que la legislación que presentó, “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico / S.949), fue incluida en el borrador del Farm Bill de los demócratas en el comité de Agricultura para extender SNAP a los residente en la isla.

En el caso de la Cámara de Representantes, el panorama es más incierto. El presidente del comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, no tiene contemplado añadir la disposición para que P.R. se beneficie del programa de asistencia alimentaria federal.

Cabe señalar que, en septiembre pasado, Thompson visitó Puerto Rico junto a la comisionada residente, la también republicana, Jenniffer González, para evaluar la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses en la isla se beneficien de la transición.

La falta de representación a favor de Puerto Rico en el Congreso

Sobre el estancamiento en la discusión en el Congreso, Balmaceda mencionó varios factores que inciden en el mismo. El primero es que Puerto Rico, por ser un territorio de EE.UU., no tiene representación directa en el Congreso o un sistema estructurado de representación para presionar sobre los asuntos que afectan a la isla.

“No tenemos senadores, representantes electos; no tenemos poder de apalancamiento. O sea, no hay un poder realmente representativo de P.R. en el Congreso. Independientemente del estatus que uno prefiera es una realidad fáctica. Puerto Rico no tiene esas facultades políticas; y eso dificulta muchísimo los pedidos que pueda tener P.R. porque no tenemos poder de negociación dentro del Congreso. Eso se debe a la condición colonial de P.R. con respecto a EE.UU. como territorio, posesión o colonia, busca el sinónimo que quieras, no importa; la realidad al final es la misma”, analizó.

Básicamente, los puertorriqueños en el territorio dependen de las decisiones de legisladores federales que no eligen en las urnas, y del comisionado o comisionada residente de turno que se elige a nivel local, pero que no tiene derecho al voto en el pleno de la Cámara de Representantes.

Únicamente, los boricuas en la diáspora tienen el derecho a votar en los procesos electorales federales. Lo anterior mantiene a Puerto Rico en una posición de relegación.

“Yo creo que en el Congreso se litigan asuntos que van mucho más allá de Puerto Rico. Los senadores y representantes están viendo un panorama país; están viendo 50 estados, el Distrito de Columbia, y cinco territorios; y, desafortunadamente, lo que pasa muchas veces, como con todo lo que se negocia, es un tema de prioridades, y P.R. suele ser un escalafón muy bajo en términos de prioridades o suele ser la ficha de negociación que es fácil de ceder porque saben que no hay repercusiones políticas…Si golpean a P.R., saben que las repercusiones políticas no son tan directas. Pero, hay una diáspora puertorriqueña muy grande en EE.UU. Somos 6 millones aquí, casi el doble de la población que hay en P.R., así que en ciertos estados, contextos o momentos, P.R. entonces sí toma una importancia política mucho más grande”, continuó.

“En ese sentido, ¿es justo decir que son los republicanos los que tienen aguantada esta legislación, o también son los demócratas? Esa dicotomía, demócrata – republicano, ¿es justo analizarlo así?”, cuestionó El Diario.

“Nuestro instituto es uno imparcial y los que trabajamos allí tenemos ganas siempre de trabajar todas las políticas públicas que nosotros pensamos que son favorables para EE.UU. con cualquier partido o con cualquier representante o senador dispuesto a trabajar con nuestros proyectos. El problema es que, desafortunadamente, con el tema de la pobreza e imponerle impuestos más justos a los más ricos y herramientas a la clase media, y esto es una tendencia relativamente reciente, el partido que ha tomado la decisión o ha tenido tendencias para apoyar esas causas, que son nuestras causas, es el Partido Demócrata. El Partido Republicano ha echado de lado un poco esas prioridades. Yo no quiero generalizar, porque hay ciertos miembros del Partido Republicano que de forma particular creen en eso también; pero, en general, el partido que ha querido apoyar este tipo de sostén y visión económica es el Demócrata”, contestó.

Sobre el planteamiento de grupos que abogan por la soberanía alimentaria para P.R. y pedidos para que se incentive al sector agrícola local como parte de la transición, Balmaceda consideró que una parte no excluye a la otra.

“Pensar que por darle más a una cosa le estás quitando a otra; contraponer esos intereses me parece que es un marco poco adecuado para realmente interpretar lo que es la política pública que subyace a todo este debate. La realidad es que estas cosas no son mutuamente exclusivas. O sea, porque tú le des más dinero al PAN, no te va a restar lo que puede ser soberanía alimentaria. En principio lo que es el PAN o el SNAP es que como todos estos intereses vienen a litigarse dentro de un solo proyecto de ley que, en este caso, es la Ley Agrícola, hay como una ilusión de que los intereses de los agricultores y de los que apoyan el SNAP que se contraponen o que van a contrapelo uno de otro. La realidad es que no. Esa ilusión está dada porque pensamos que hay un dinero limitado dentro del propio proyecto, entonces tienes que sumar de un lado y restar del otro. La realidad es que si EE.UU. lo quisiera como política pública, puede invertir en ambas cosas a la vez. Pueden invertir en dar más dinero en el SNAP para ayuda económica a las familias que lo necesitan para consumir más y mejores alimentos, y también pueden dar más dinero a sus agricultores para generar más alimentos a nivel local. Las dos cosas se pueden hacer…”, puntualizó.

Bajo la subvención en bloque que aplica en Puerto Rico, la isla recibe una cantidad fija de fondos federales para financiar el PAN.

“En lugar de una subvención en bloque, el SNAP se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio” (entitlement), que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud; esta flexibilidad, a su vez, permite que el SNAP se expanda o se contraiga para atender períodos de mayor o menor necesidad. En este sentido, Puerto Rico enfrenta una desventaja a la hora de brindar asistencia alimentaria a sus hogares más necesitados?”, explica una entrada del CBPP sobre las diferencias entre SNAP y PAN.

Aparte de la cantidad menor que recibe P.R. en relación con los estados, las Islas Vírgenes y Guam, otra de las limitaciones de la subvención es que, en casos de emergencias como huracanes, Puerto Rico no tiene la flexiblidad para aumentar la cantidad de fondos, y debe recurrir al Congreso para que se legisle a esos fines.

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