El exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el expediente por corrupción administrativa conocido como Medusa, volvió a insistir en que recibió descargo por los actos de su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, otorgado por el Consejo del Ministerio Público que él presidió.
Mediante una comunicación que dirigió al presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, Rodríguez presentó copias de partes de las actas en que el Consejo aprueba la rendición de cuentas que presentó en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Los extractos de las cuatro actas que adjuntó a la misiva dicen de manera casi exacta (cambia el año) que “el Consejo Superior del Ministerio Público aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el año 2016 y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del procurador general de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez“.
Justo en el acta del 2016 se pueden leer las firmas de los consejeros, incluida la del propio Rodríguez como presidente del Consejo.
“Como se evidencia en estos documentos que hemos dado a conocer con casi tres años privado de libertad, porque es cuando se nos ha permitido presentar defensa en fase preliminar, los descargos otorgados no fueron simples acciones rutinarias de recepción de información, como alega la Procuraduría, sino la confirmación formal de una gestión correcta”, dice la carta.
Se refiere a la postura de la Procuraduría que respondió al planteamiento, cuando el exprocurador lo hizo frente al juez de instrucción del caso Medusa. En nota de prensa, el Ministerio Público señaló que el Consejo es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente y por los que él o los responsables tendrían que responder ante los tribunales”.
Pero el exprocurador alega que, decir que el Ministerio Público no es un tribunal, además de confundir, desnaturaliza el alcance de sus atribuciones para otorgar descargos. Indica que, en función del artículo 47.14 de la Ley 133-11, el Consejo Superior es el único órgano responsable de aprobar las políticas y directrices de persecución penal del Ministerio Público, con plenas facultades de decidir a quién persigue o no y otorgar descargos penales respecto al uso de los recursos de la institución.
Descalifica la Pepca
Recordó que el Ministerio Público, día a día, emite decenas de descargos a través de archivos provisionales o definitivos, de criterios de oportunidad y de otras modalidades. La carta de Rodríguez dice, además, que es el Consejo y no la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa), el órgano de gobierno interno de máxima jerarquía y quien tiene la función de supervisar y controlar la administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público, “habiendo certificado este órgano que no identificó actos irregulares”.
“Oportuno informar que la Pepca, además de no tener facultades para determinar la legalidad de los actos administrativos de su propia institución, tampoco tenía competencia para realizar esta investigación, puesto que el artículo 54 de la Ley 133-11 establece que las Procuradurías Especializadas prestan asesoría y asistencia a las fiscalías. Sin embargo, turbados por la pasión, sus actuales miembros la desarrollaron de forma directa, sin un acto de avocación formal, lo que constituye otro vicio de nulidad“.
Presidió el Consejo
El exprocurador justifica su presencia en las sesiones de rendición de cuentas cada año, en el hecho de que es obligatorio hacer la rendición de manera presencial, pero que los descargos fueron otorgados y firmados por 8 miembros de este órgano constitucional, incluidos dos procuradores activos. Son los casos de Rodolfo Espiñeira y Pedro Frías. Asegura, además, que probará “la falsedad o manipulación de cada acto de la acusación del caso Medusa, en el que se le señala como responsable de desfalcar al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.
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