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Más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses —desde la Iglesia Episcopal y la Unión para el Judaísmo Reformista hasta los menonitas y los universalistas unitarios— presentaron una demanda en un tribunal federal el martes impugnando una medida de la administración Trump que otorga a los agentes de inmigración más libertad para realizar arrestos en lugares de culto.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito en Washington, sostiene que la nueva política está generando miedo, lo que reduce la asistencia a los servicios de culto y otros valiosos programas eclesiásticos. El resultado, según la demanda, infringe la libertad religiosa de los grupos —específicamente su capacidad para ministrar a los migrantes, incluidos aquellos que están en Estados Unidos ilegalmente.
“Tenemos inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas”, declaró el reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal.
“No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo”, indicó a The Associated Press. “Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”.
La nueva demanda hace eco y amplía algunos de los argumentos presentados en una demanda similar presentada el 27 de enero por cinco congregaciones cuáqueras y posteriormente respaldada por la Cooperativa Bautista y un templo sij. Actualmente está pendiente en el Tribunal de Distrito en Maryland.
No hubo una respuesta inmediata de la administración Trump a la nueva demanda, que nombra al Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias de inmigración como demandados. Sin embargo, un memorando presentado el viernes por el Departamento de Justicia, oponiéndose a la esencia de la demanda, esbozó argumentos que también podrían aplicarse a la nueva demanda.
En esencia, el memorando sostiene que la solicitud de los demandantes se basa en la especulación de un daño futuro hipotético, y por lo tanto, es un motivo insuficiente para emitir una orden judicial.
El memorando indicó que la aplicación de la ley de inmigración que afecta a los lugares de culto ha sido permitida durante décadas, y la nueva política anunciada en enero simplemente indica que los agentes de campo, utilizando el “sentido común” y la “discreción”, ahora podrían llevar a cabo tales operaciones sin la aprobación previa de un supervisor.
Entre los otros demandantes están la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), con más de 3.000 congregaciones; la Iglesia de los Hermanos, con más de 780 congregaciones; la Convención Bautista Hispana de Texas, que abarca alrededor de 1.100 iglesias bautistas hispanas; la Conferencia General de Amigos, una asociación de organizaciones cuáqueras regionales; la Iglesia Menonita de EEUU, con unos 50.000 miembros; la Asociación Unitaria Universalista, con más de 1.000 congregaciones; la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, con más de 500 congregaciones en EEUU; y las ramas regionales de la Iglesia Metodista Unida y la Iglesia Unida de Cristo.
“La magnitud de la demanda será difícil de ignorar”, afirmó Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, quien es la abogada principal de la demanda.
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