La Justicia considera a Hasina culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, en particular por incitar a cometer y ordenar asesinatos. La represión mortal en las protestas del año pasado se saldaron con más de 1.400 muertos en el país y forzaron su salida del poder

La exmandataria ha sido juzgada en rebeldía, ya que vive exiliada en la India. Hasina huyó en helicóptero al Estado vecino, obligada por las manifestaciones estudiantiles.

Tras la sentencia, Hasina ha afirmado que el veredicto tiene «motivaciones políticas»: «Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un Gobierno no elegido y sin mandato democrático», asevera en un comunicado, en referencia al Ejecutivo del presidente interino, Muhammad Yunus.

Yunus, quien fuera premiado con el Nobel de la Paz por su programa de microcréditos para combatir la pobreza en el país, ostenta el liderazgo del país desde entonces y deberá celebrar elecciones legislativas dentro de tres meses.

Además, el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh también ha dictado pena de muerte para quien fuera ministro del Interior en aquel periodo, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le ha impuesto cinco años de prisión.

El tribunal ha dictaminado la confiscación de los bienes de Hasina, que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.

El fallo contra Asaduzaman, que se encuentra también prófugo de la Justicia, también contempla que se le retiren sus propiedades. La Fiscalía solicitó que, en caso de que fueran declarados culpables, se utilizaran estos bienes para reparar a las víctimas, según ha informado el diario bangladeshí ‘The Daily Star’ y recoge la agencia Europa Press.

Furia juvenil en Bangladés

Hartos por la situación económica del país, los jóvenes bangladesíes descargaron su furia contra la mandataria por recuperar una impopular medida que mantenía privilegios para los familiares de los combatientes de la guerra de liberación de Pakistán.

Dicha iniciativa, derogada en 2018, promovía reservar un 30% de empleo público para este colectivo. En un país de más de 175 millones de habitantes y con una alta tasa de desempleo juvenil, con condiciones laborales precarias; el empleo público se perfila como una opción estable para los jóvenes.

Las protestas se iniciaron a raíz de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la supresión de la medida, lo que, a ojos de los jóvenes, suponía favorecer a un colectivo afín a la Liga Awami, partido de centroizquierda que lideraba Hasina en ese momento. Dicho organismo dio marcha atrás tras la presión en las calles.

Sin embargo, estas protestas se tradujeron en revueltas violentas cuando otra facción de estudiantes, pertenecientes a la Liga Chatra –las juventudes de la Liga Awami–, dinamitaron las protestas en el campus de la Universidad de Daca. Asimismo, Hasina añadió leña al fuego al llamar «razakars» a los estudiantes que se movilizaban, un término que hace alusión a un grupo paramilitar que apoyó a Pakistán durante la guerra de independencia.

Ante la virulencia de las protestas, Hasina optó por apaciguar la situación mediante la represión: bloqueó las comunicaciones y desplegó al Ejército, lo que se tradujo en miles de muertos y detenidos que avivaron las protestas y forzaron su fuga de Bangladés.