La Unión Europea se construye desde los valores, repiten en Bruselas, pero también, y sobre todo, desde el dinero. El gran ‘elefante’ en la habitación del bloque comunitario siempre es el Marco Financiero Plurianual (el presupuesto a largo plazo) y ya han empezado las negociaciones para el que cubrirá el periodo entre 2028 y 2034: el más exigente, el más difícil, en el que más tienen que decir los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Serán unas cuentas en las que haya que equilibrar intereses, prioridades y maneras de ver Europa. De momento, todo ha arrancado ya bastante encallado, con reproches y hasta amenazas. ¿Cómo saldrá?
En julio Bruselas presentó una propuesta que ascendía a 2 billones de euros, el 1,26% del PIB, y hay algunos países miembros que piden llegar al 2%. El elemento clave está dotado de 865.000 millones de euros, con los llamados planes nacionales y regionales, que integran distintos fondos europeos para una gestión más eficiente, explica la Comisión: ahí entran los fondos de cohesión o la PAC, ambos recortados y que son los más importantes para España, por poner dos ejemplos. Además, hay que añadir grandes despliegues para defensa o para el papel exterior de la UE.
La batalla se ha intensificado y ya en octubre. Los principales grupos del Parlamento enviaron una carta a Von der Leyen alegando que su propuesta “no es aceptable” porque genera “una Europa a la carta”, con mucho peso para los Estados miembros, y pese a que la alemana ha maquillado su propuesta… esa es la realidad. Y no todos los países quieren ‘rascar’ lo mismo en el nuevo presupuesto comunitario; es más, si se mira todo con lupa, la realidad es que hay 27 intereses diferentes en los 27 socios, aunque haya prioridades que coincidan, y no solamente influye el elemento geográfico, sino también el color de los gobiernos o las presiones sociales que se puedan estar dando.
La defensa parece un elemento común. Ahí el este tiene mucho que decir, con los Bálticos presionando para que la UE sea más autónoma mientras España e Italia se esfuerzan por redefinir el concepto de seguridad, no solo en el marco de la OTAN. En el nuevo presupuesto de la Unión se propone, de hecho, la creación de un nuevo fondo para la competitividad con 410.000 millones de euros destinados a tecnologías estratégicas, incluidos 131.000 millones para defensa y espacio -cinco veces más que ahora-, que según Von der Leyen supondría duplicar Horizon Europe, multiplicar por cinco la inversión digital y aumentar por seis la dirigida a tecnologías limpias, bioeconomía y descarbonización, como parte de la “agenda para la soberanía europea!.
Asimismo, se refuerza Global Europe con 200.000 millones -un 75% más-, de los cuales 100.000 millones irán a la recuperación de Ucrania, en línea con la idea de que la ampliación de la UE es una inversión estratégica para la estabilidad y prosperidad, destinando este presupuesto a apoyar las reformas de los países candidatos y facilitar su integración gradual.
La gran pregunta sobre todo esto no pasa tanto por cuánto dinero se destina a estos temas, sino cómo se va a utilizar: según fuentes comunitarias consultadas por 20minutos, esta negociación va a ser probablemente la más complicada que se recuerda por el volumen de dinero pero también por la necesidad de encajar temas y prioridades muy diversos. Por eso no sorprende demasiado que las conversaciones hayan arrancado de manera tan tensa. Las mismas fuentes asumen que este es el tono que se mantendrá en los próximos meses, porque la carga ideológica no se puede separar de la negociación.
La negociación más complicada que se recuerda
Otro tema importante es la agricultura. Polonia, Hungría, pero también España o Francia tienen aquí un volumen de voto clave, y por eso se volverá a hablar de la PAC. Es más, el cambio más relevante de Von der Leyen respecto a su primera idea es que plantea incluir un “objetivo rural” del 10%, que establecería un umbral mínimo obligatorio para que los gobiernos destinen al menos ese porcentaje de su sobre nacional a las áreas rurales. Este fondo sería independiente de los recursos ya asignados a las políticas agraria y pesquera comunes. Con esta medida, el Ejecutivo comunitario busca reforzar la identidad de la Política Agrícola Común, fortalecer el papel de las regiones y mejorar la gobernanza en la gestión de los fondos y programas destinados al desarrollo rural. Desde Bruselas insisten en que esto no es una propuesta nueva, sino que son ajustes dentro de la negociación.
La política agrícola es el pilar fundamental de las cuentas de la UE históricamente hablando, esa es la realidad; ha llegado a representar el 73% del gasto en los años ochenta, según datos de la Comisión Europea. Muchos productores de la Unión dependen en gran medida de las ayudas públicas (por ejemplo: pagos directos, fondos de desarrollo rural). El porcentaje medio en la UE de pagos directos en la renta de los factores agrícolas durante el período de 2018-2022 se situó en el 23%. No obstante, esta situación oculta diferencias considerables entre países del bloque, que oscilan entre el 20% o menos en Chipre, España, Italia, Malta y Países Bajos y más del 40% en Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Teniendo en cuenta todas las subvenciones, el porcentaje de la ayuda total de la UE a la renta agrícola alcanzó una media del 33% en la Unión.
Muchos ojos puestos en la cohesión
¿Y los fondos de cohesión? En el caso de España es algo decisivo y de hecho la idea de Von der Leyen de ‘cohesionar’, valga la redundancia todos los fondos en un paraguas único ha enfadado ya a las regiones, que quieren una participación directa en la gestión, como hasta ahora, sobre todo en el caso de los Estados descentralizados (como el español). Tradicionalmente, los países que más se han beneficiado de los fondos de cohesión son los del este y sur de Europa, donde las brechas de desarrollo son más pronunciadas. Entre ellos destacan Polonia, que ha sido el mayor receptor, así como Hungría, Rumanía, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia y Portugal. Estos fondos han financiado carreteras, redes ferroviarias, plantas de tratamiento de aguas, infraestructuras urbanas y proyectos de transición energética, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico y la modernización de estos países.
España ha ido perdiendo peso en esta política ha medida que se ha ido desarrollando, y ya no se encuentra entre los principales ‘ganadores’, pero eso no elimina su importancia. De hecho, el reclamo del Gobierno tiene más que ver con una cuestión institucional que puramente financiera; es decir, España quiere que la gestión de los fondos de cohesión respete la organización del Estado, con un papel activo de las comunidades autónomas. Para el periodo 2021-2027, España tiene asignados unos 35.562 millones de euros en fondos de cohesión, una cantidad que casi con total seguridad va a cambiar en el siguiente marco financiero.
El próximo presupuesto a largo plazo de la UE se perfila como una suerte de brújula colectiva en un tiempo de incertidumbres, un pacto de largo aliento destinado a orientar a Europa entre crisis que se encadenan y oportunidades que asoman. Más que un simple ejercicio contable, será una declaración de intenciones sobre el tipo de futuro que los Estados miembros desean construir: ahí pesará lo ideológico, el reparto de fuerzas en el Parlamento Europeo y, sobre todo, la hoja de ruta que tengan los países. Será necesario convertir 27 ideas en una sola… y no será sencillo.
