El vicepresidente J.D. Vance declaró que el gobierno de Estados Unidos prácticamente ignora los casos de fraude inferiores a 1.5 millones de dólares anuales, pero prometió una ofensiva contra los delincuentes de mayor escala. “No procesamos el fraude en este país si es menor a 1.5 millones de dólares al año”, afirmó Vance en una entrevista con el youtuber Benny Johnson. Vance enfatizó que un nuevo grupo de trabajo se encargará de comprometer al Departamento de Justicia a investigar todo fraude, asegurando que las personas de alto nivel que evadan la justicia puedan ser responsabilizadas. También comentó sobre fraudes recientes en la comunidad de inmigrantes somalíes de Minnesota, sugiriendo que políticos locales pudieron haber hecho la vista gorda, o incluso ayudado a que ocurrieran los esquemas. Vance dijo que el esfuerzo implicará realizar arrestos donde sea necesario y se centrará en garantizar que el fraude a gran escala no quede impune. Los comentarios han llamado la atención por su franco reconocimiento de los umbrales de aplicación de la ley y las dimensiones políticas de los casos de fraude. **REDACCIÓN FV MEDIOS**

Organizaciones que reciben financiamiento municipal participarán en las protestas ‘No Kings’ programadas para este sábado en Los Ángeles, donde los organizadores prometen las movilizaciones más grandes hasta la fecha. Una de las principales entidades participantes es Liberty Hill Foundation, una organización sin fines de lucro que recibe 14 millones de dólares en fondos de la ciudad para programas de vivienda y asistencia a inquilinos. Registros públicos muestran que este grupo ha donado decenas de miles de dólares a la ACLU del Sur de California. Esta última es una organización legal de derechos civiles que ha presentado múltiples demandas contra la Ciudad y el Condado de Los Ángeles por temas que incluyen la aplicación de leyes sobre personas sin hogar y prácticas policiales. Otros partidarios de las protestas son Unite Here Local 11 y SEIU Local 21, sindicatos con vínculos documentados con el Ayuntamiento. La protesta ‘No Kings’ es un día nacional de acción contra lo que los organizadores describen como un liderazgo autoritario vinculado al presidente Donald Trump. Los Ángeles es un punto central del movimiento, con al menos 41 mítines planeados en el condado. La concentración más grande está programada frente al Ayuntamiento. Funcionarios estatales se preparan para posibles interrupciones. En este contexto, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó 177 millones de dólares en contratos para abogados de derechos de inquilinos y grupos de defensa de vivienda en una votación de 12-1. La financiación, una de las asignaciones más grandes recientes para servicios de defensa contra desalojos, irá a una red de organizaciones sin fines de lucro de la coalición Stay Housed L.A., incluida la Legal Aid Foundation of Los Ángeles (LAFLA), que recibirá más de 106 millones. La decisión se tomó después de que los miembros del concejo fueran informados sobre supuestos problemas con contratos anteriores que involucraban a algunas de las mismas organizaciones, incluyendo fallos en proporcionar recibos o informes básicos. Los críticos argumentaron que la falta de transparencia levantaba banderas rojas, mientras que los partidarios, encabezados por la presidenta del Comité de Vivienda, Nithya Raman, presionaron para expandir las protecciones contra desalojos. Varios de los grupos beneficiados también han adoptado posiciones adversas contra la ciudad. LAFLA está actualmente involucrada en múltiples demandas contra Los Ángeles, mientras que Strategic Actions for a Just Economy ha hecho campaña para desfinanciar al LAPD y se opuso a los Juegos Olímpicos LA28. La escala de la financiación, que excede los presupuestos anuales de algunos departamentos de la ciudad, avivó aún más las críticas. Los contratos serán financiados en gran parte a través de la Medida ULA, aunque los funcionarios advirtieron que este flujo de ingresos podría desaparecer si los votantes derogan la medida en noviembre. En respuesta a las preocupaciones de supervisión, los miembros del concejo aprobaron una enmienda que requiere informes financieros más claros y revisiones anuales. Este viernes, equipos del Departamento de Transporte de California instalaron puertas giratorias de metal en las rampas de acceso a la autopista 101 cerca de Los Angeles Street. La medida, coordinada con la Patrulla de Carreteras de California, está diseñada para permitir a los oficiales cerrar rápidamente los puntos de acceso si los manifestantes se dirigen a la autopista. Las precauciones siguen a años de manifestaciones que se han extendido a vías principales. Se contactó a Liberty Hill Foundation y a la ACLU del Sur de California para obtener comentarios. **REDACCIÓN FV MEDIOS**