El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este jueves que la crisis social que vive Haití es uno de los “desafíos más urgentes” que enfrenta la comunidad internacional y que mejorarla “redunda en nuestro interés colectivo”. 

Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense fueron ofrecidas durante una reunión al margen de la cumbre de ministros de exterior de los países que conforman el G20, celebrada en Brasil.

“Creo que es seguro decir que uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos como comunidad internacional está en Haití“, dijo Blinken al inicio de la cita, en la que participaron, además de Brasil, representantes de varios países, entre ellos Canadá, Kenia y la propia Haití, así como una delegación de las Naciones Unidas.

Para reforzar su afirmación, el secretario de Estado estadounidense señaló los niveles de violencia que vive Haití, que solo en enero dejaron más de mil personas asesinadas o con heridas, el control que ejercen las pandillas en gran parte del territorio haitiano y su actos para “aterrorizar a la población”, así como las consecuencias de la violencia, en las que incluyó el bloqueo de rutas comerciales y de ayuda, entre otras dificultades que atraviesa el pueblo haitiano. 

Blinken aseguró que “mejorar la situación de Haití redunda en nuestro interés colectivo”, ya que “todos queremos evitar la migración irregular desestabilizadora. Todos queremos luchar contra la violencia criminal y el tráfico de armas. Todos queremos ayudar a las comunidades haitianas necesitadas”.

EE.UU., el mayor donante de Haití

Durante su intervención, Blinken señaló que, en los últimos tres años su país ha estado trabajando para reducir la violencia y mejorar la vida del pueblo haitiano. 

Al asegurar que EE.UU. se ha convertido en “el mayor donante individual de asistencia a Haití”, Blinken dijo que Estados Unidos ha otorgado más de 300 millones de dólares para alimentos, agua potable, atención médica, servicios para sobrevivientes de violencia de género y otro tipo de ayuda humanitaria.

Además, recordó la asignación de 189 millones de dólares que han dispuesto desde julio de 2021 para ayudar en la capacitación y profesionalización de la Policía Nacional de Haití.

Además, mencionó la implementación de sanciones y restricciones de visa para responsabilizar a las personas que financian o permiten la violencia.

“Ya somos, en la actualidad, el mayor donante individual de asistencia a Haití, también estamos comprometidos a expandir nuestros esfuerzos”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. 

La comunidad internacional ha liderado los esfuerzos internacionales para apoyar a Haití durante décadas. Pero tenemos que ayudar a Haití a llevar a cabo estos esfuerzos, agregó.

Presión para misión multinacional 

Antony Blinken indicó que el apoyo ofrecido por Washington a Haití no es suficiente para que los ciudadanos recuperen su país, por lo que volvió a solicitar que se concrete la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la que calificó como “la mejor manera” de ayudar a la policía y estabilizar el país.

“Tenemos que hacer más para ayudar a la Policía Nacional de Haití a estabilizar la situación de seguridad ahora, para que la ayuda pueda fluir de manera efectiva y llegar a las personas que la necesitan, para que los haitianos no tengan que vivir aterrorizados por las pandillas y para que Haití regrese plena y firmemente a un camino democrático”, expresó. 

El diplomático indicó que el éxito de la misión, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre pasado, depende de las contribuciones internacionales que necesita.

En ese sentido, Blinken reiteró su agradecimiento al Gobierno de Kenia por su disposición de liderar la misión, así como a los países que han prometido personal.

“Los Estados Unidos tiene la intención de aportar 200 millones de dólares a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Nuestra asistencia brindará apoyo operativo para ayudar a la Policía Nacional de Haití con la planificación, la inteligencia, la capacidad de transporte aéreo, las comunicaciones y el equipo y los servicios médicos”, dijo Blinken sobre el papel que desempeñaría Estados Unidos en la misión. 

Asimismo, el diplomático reiteró su pedido a la comunidad internacional de colaborar con fondos, personal, equipo, logística, capacitación a esta misión.

Sin embargo, Blinken advirtió que la “estabilidad a largo plazo” en Haití requiere mejoras en las condiciones políticas, económicas y sociales, por lo que pidió la celebración de elecciones “libres y justas“. 

“Los haitianos tienen derecho a ser dirigidos por un gobierno de su elección, uno que atienda sus necesidades, que refleje sus aspiraciones y que rinda cuentas a las personas a las que sirve”, manifestó el diplomático estadounidense.

Para evitar la comisión de delitos desde las cárceles, un proyecto legislativo propone el bloqueo de las señales telefónicas en las prisiones y una prohibición que impediría a los presos usar teléfonos móviles en los recintos.

El proyecto de ley perimió en la pasada legislatura y fue reintroducido por el senador perremeísta Cristóbal Venerado Castillo, representante de Hato Mayor en la Cámara Alta.

La medida, en caso de ser aprobada en el Congreso, busca que en las cárceles se instalen cabinas telefónicas, de manera que los prisioneros sólo tengan acceso a ese método de comunicación.

Las cabinas serían instaladas en un trabajo conjunto entre el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con los argumentos del proyecto, el sistema bloqueador de telefonías se usaría como medida para combatir delitos como crímenes, tráfico de drogas y otros ilícitos que “con frecuencia se organizan con el uso de teléfonos móviles desde las cárceles“.

Celulares son amenaza

Además, en el proyecto se explica que el uso de la telefonía móvil en las cárceles constituye una amenaza contra la seguridad del Estado dominicano y detalla que, durante los últimos meses, desde las cárceles se han planificado secuestros, asesinatos, motines, fugas, extorsiones y amenazas realizados desde los teléfonos móviles a los que tienen acceso los carcelarios.

“También, parte del microtráfico y narcotráfico de sustancias prohibidas involucra a ciudadanos que están recluidos en diferentes cárceles del país. Estos hechos se convierten en un atentado contra la paz y la seguridad de los ciudadanos que están fuera de las prisiones”, puntualiza la propuesta legislativa.  

En ese sentido, el documento congresual prohíbe a los internos el uso de cualquier aparato o mecanismo de comunicación, como los celulares, los chips, tarjetas telefónicas y otros recursos.

Además, el proyecto de ley ordena a la Procuraduría, al Indotel y a la Dirección General de Prisiones a coordinar y garantizar que todos los recintos carcelarios dispongan de los equipos y de la infraestructura necesaria para evitar llamadas telefónicas.

La pieza del Congreso sería estudiada a partir del próximo 27 de febrero, cuando se abra la nueva legislatura.