Washington rechazó la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir que se aplique la controvertida ley migratoria que brinda a las autoridades de Texas el poder de arrestar y expulsar a personas consideradas “sospechosas” de haber cruzado la frontera sur de forma irregular.
La representante de la Administración del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó en un comunicado la decisión de los magistrados del máximo tribunal estadounidense y denominó la legislación, conocida como SB4, de “inconstitucional”.
La medida “no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur“, indicó.
La vocera señaló que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas en 2023, es un claro ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.
El fallo del tribunal permitirá a los funcionarios de Texas cumplir la nueva ley mientras un corte de menor instancia verifica una demanda presentada por el gobierno demócrata y organizaciones que defienden los derechos humanos.
Los demandantes solicitaron al Supremo que detuviera la puesta en marcha de la normativa mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.
La legislación convierte en delito menor que un extranjero “ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera” de manera irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible hasta con 20 años de cárcel, si el infractor es reincidente.
Asimismo, permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. En consecuencia, los agentes de la policía podrán detener a cualquier persona de que se sospeche que entró de forma irregular a Estados Unidos, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de detenerlo.
Por su parte, un representante del Departamento de Seguridad Nacional expresó que la inmigración es competencia “exclusiva” del Gobierno federal y criticó que permitir que S4B entre en vigencia supondría un “caos” y dificultará el trabajo de sus oficiales, pero afirmó que estos continuarán aplicando la ley federal.
En principio, el mandato promovido por el mismo gobernador de Texas, Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
En este sentido, el fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la contienda al Quinto Circuito de Apelaciones y logró el apoyo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia el proyecto de ley, solicitando una moción de emergencia, que fue rechazada.
La decisión del Tribunal fue celebrada por los republicanos y autoridades de Texas que respaldan las medidas restrictivas impuestas por su gobernador.
Paxton elogió en un mensaje en la plataforma X la decisión: “Esta es una gran victoria, (…) es un gran honor para mí defender a Texas y su soberanía”.
Por otro lado, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) tildó la medida como “decepcionante”.
El jurista agregó en su comunicado que la normativa “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que seguirán luchando contra ella hasta derrotarla.
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