Naciones Unidas acusó el jueves al gobierno de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana.

El Ejecutivo de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.

Pero en el último año la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022.

“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”.

El gobierno de Ortega ha repetido que las multitudinarias manifestaciones de 2018 fueron un golpe de Estado fallido orquestado por Estados Unidos y suele responder con el mismo argumento a las críticas.

El Estado ha atacado a civiles, incluyendo estudiantes universitarios, indígenas, negros así como a miembros de la Iglesia católica. Ahora persigue a menores y familiares por el simple hecho de estar relacionados con personas que alzaron su voz contra las autoridades.

#NICARAGUA: Graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por motivos políticos, equiparables a crímenes de lesa humanidad, continúan perpetrándose por parte del Gobierno, señaló el Grupo de Expertos en DDHH de la @ONU_es sobre Nicaragua https://t.co/xv5hKPF4U3 #HRC55 pic.twitter.com/LWtLqCeVp4

— United Nations Human Rights Council | #HRC55 (@UN_HRC) February 29, 2024

En diciembre, la policía acusó a la directoria del concurso de belleza Miss Nicaragua de un complot por el que habría manipulado la competencia contra las aspirantes partidarias del gobierno. En febrero, el gobierno cerró más grupos sociales, incluyendo la organización de scouts del país y un club rotario.

De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de él, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales.

El informe de la ONU instó al gobierno de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplíen las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”.

“Este informe presenta un trabajo bien documentado que por primera vez identifica a los principales responsables de abusos y crímenes de lesa humanidad” y “revela la estructura y la cadena de mando de la represión desde las instituciones del Estado”, declaró a AP el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua.

A su juicio, esa identificación precisa permitirá “llevar algún día al banquillo de los acusados” a los autores de graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Ortega.

Morazán, quien fue forzado al exilio por denunciar al gobierno, destacó que el informe toca temas que no se habían abordado, como el hecho de que la represión se ha extendido a amplios sectores de la sociedad más allá de la disidencia política.

“Incluso han perseguido, desterrado y criminalizado a sus propios adeptos”, como se observó “en la reciente purga del Poder Judicial” en la que decenas de funcionarios altos e intermedios fueron despedidos e incluso encarcelados, afirmó el jurista.

En el mismo sentido se manifestó Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El informe “le pone nombre y apellido, no sólo a la pareja de tiranos Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo, sino a todos los perpetradores” y esto “va en la línea del acceso a la justicia, de que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad”.

Carrión agregó que los delitos cometidos incluyen el desplazamiento forzado de “cientos de miles de nicaragüenses” que han sido “obligados al exilio y al destierro” y los efectos que esto tiene sobre miles de niños “que han sido separados de sus padres” al no permitirles entrar o salir del país o que han sido privados de sus documentos de identidad.

Por su lado, el gobierno de Nicaragua rechazó el documento y señaló que no acepta informes “manipulados” y escritos bajo un criterio “irreal” e “irracional”, siguiendo “directrices de potencias imperiales”.

“No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos, para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados, emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo” nicaragüense, dijo la procuradora general Wendy Morales en un video.

Agregó que estos reportes se basan en “criterios manipulados por un grupo de personas, que son financiadas precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país”

Juan Valdez Ybet decidió poner una demanda en contra del merenguero Wilfrido Vargas, el hecho se registra por la composición del tema ‘El Baile del Perrito’ que fue estrenada hace 35 años. A su vez, explicó el motivo por el que esperó tanto tiempo para tomar medidas legales.

“Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor. Por eso tengo el apoyo; no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, dijo a ‘The Associated Press.

Según Valdez Ybet, él fue uno de los responsables de la creación y producción de la canción, por lo que considera que tiene derecho a recibir beneficios y uno de ellos sería económico por todo lo que se ha generado a lo largo de estos años.

“El mismo Wilfrido en su libro reconoce que yo soy de los compositores de El baile del perrito, él tiene un libro y en la página 300 y algo, él lo reconoce. Respeto mucho a Wilfrido, lo que pasa es que ellos me prometieron algo hace unos años, él y el mánager, después no me cumplieron”, agregó al medio de comunicación.

El caso ha generado controversia en la industria musical dominicana, ya que ambas partes han presentado pruebas y testimonios que respaldan sus argumentos. Aunque algunos creen que Valdez Ybet tiene razón en reclamar sus derechos, otros consideran que el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la canción dificulta la resolución del conflicto.

Equipo legal de Wilfrido Vargas rompe el silencio

“Wilfrido no tiene ninguna opinión al respecto. Ese caso está en los tribunales de la República. Agradecemos su interés”, manifestó el manager The Associated Press.

La disputa legal entre ambos artistas ha generado controversia en el mundo de la música tropical, ya que ‘El baile del perrito’ es una de las canciones más conocidas y queridas de Wilfrido, y ha sido un éxito desde su lanzamiento. Se espera que el caso se resuelva próximamente en los tribunales el 22 de mayo, pero mientras tanto, la polémica sigue vigente y ha generado debate entre los seguidores de ambos artistas.

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Por segunda vez en esta semana, el Departamento de Bomberos descubre un edificio comercial que fue remodelado ilegalmente para albergar a docenas de migrantes. El inmueble presenta una orden de desalojo parcial por parte del Departamento de Edificios. 

“Nos enteramos de esos dos lugares porque hubo denuncias que se presentaron”, dijo Camille Joseph Varlack, jefe de Gabinete de la Oficina del Alcalde Eric Adams.

Es el segundo descubrimiento en una semana de un edificio comercial ilegalmente convertido en refugio para personas incluyendo a solicitantes de asilo de países como Senegal, Mauritania y Gambia.

El jueves, funcionarios de la Oficina del Alcalde dijeron que habían recibido denuncias de la comunidad de Fordham en El Bronx, sobre el sitio ubicado en la 305 Kingsbridge Road Este, y que el Departamento de Bomberos encontró personas viviendo en condiciones inseguras.

Por su parte, inspectores del Departamento de Edificios hallaron 34 camas en el primer piso del inmueble y otras 11 en el sótano, muy pegadas las unas a las otras.

Además de las literas, descubrieron cables de extensión, bicicletas eléctricas, y calefacciones eléctricas en ambos pisos.

Algunos de los inmigrantes que vivían en el edificio expresaron a nuestra cadena hermana NY1 que estaban pagando cerca de 600 dólares por mes para vivir en este lugar. 

Las autoridades investigan si se trata del mismo dueño quien estuvo también alquilando de manera ilegal un edificio comercial en Queens que fue descubierto y cerrado por las autoridades el martes. Al respecto este señor, llamado Ebou Sarr dice que:

“Vinieron a mí pidiendo ayuda, buscando un lugar en donde dormir”.

Sobre el cobro asegura que no a todos les cobró y que el dinero fue usado para comprar las camas, darles tres comidas diarias y que estaban haciendo una recolecta para poder alquilar “una mejor ubicación para la gente”.

Por su parte, miembros de la comunidad en El Bronx expresan:

“Ellos están desesperado y bueno, esa situación. Aunque están así, ha pegado uno al otro. Por lo menos tienen un sitio donde dormir. Para mí que yo creo que él tenía buenas sentimientos, pero situación peligrosa”, dijo Rose Ceballos, que trabaja en el sector.

“Es triste porque las personas no están en condiciones y, ¿dónde hay cocina que es cocina? En verdad no tienen nada a la mano y agua. Yo no sé cómo vivían esas personas ahí”, dijo Reina Ortiz, que vive en el sector.

En este lugar también encontramos un aviso que indica a los inmigrantes que pueden regresar al centro de reprocesamiento en el Lower East Side para obtener cupo en un albergue, o en caso deseen dejar Nueva York, pueden acceder a un tiquete de avión, bus o tren para hacerlo.