Nueva York – Han pasado más de seis años desde que el huracán María azotó a Puerto Rico marcando un antes y un después en la vida de sus residentes, en la historia del territorio y en la colaboración de la isla con las autoridades en Estados Unidos.
Sin embargo, los damnificados por eventos como este siguen experimentando, prácticamente, las mismas complicaciones cuando intentan acceder a los fondos de Asistencia Individual (Individuals and Households Program / IHP) de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
La exigencia de mayor documentación de la que se les requiere a los ciudadanos en los estados al momento de someter una solicitud de ayuda a la agencia, así como falta de personal que hable español son solo algunos de los impedimentos con los que tienen que lidiar los puertorriqueños sobrevivientes de un desastre para recibir asistencia económica.
Aproximadamente, a 85,000 de los 1.3 millones de individuos que sometieron aplicaciones para asistencia individual a FEMA luego del ciclón se les denegó la ayuda con un impacto de más de 250,000 individuos que no la recibieron.
Importancia del Fondo de Acceso a la Justicia
Los datos provienen de un reporte final divulgado el año pasado por Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. (FFAJ) enfocado en el Proyecto Titularidad que iniciaron en el 2020.
A través de la iniciativa, los abogados de la fundación ofrecen ayuda legal a puertorriqueños para que avancen en el proceso de adquisición de títulos de propiedad que les faciliten la aprobación de financiamiento por parte de FEMA.
Esta iniciativa se suma a la del Fondo de Emergencia de Asistencia Legal de la organización, mediante el que se costean los servicios legales a boricuas de bajos ingresos que no pueden pagar por un abogado que los ayude a adelantar su caso.
Gran parte del trabajo de los abogados de FFAJ es apelar cuando FEMA deniega solicitudes de ayuda a los puertorriqueños.
“Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, nosotros proveímos servicios legales a un total de 987 sobrevivientes de desastres con sus solicitudes de asistencia individual, así como apelaciones a FEMA”, especifica el documento.
Amaris Torres-Rivera, directora de la fundación, confirmó a El Diario que, a pesar de los esfuerzos de la organización y con los efectos del huracán Fiona sumados a los de María, la historia se repite.
Según detalló, citando los últimos datos con los que cuentan, seis meses después de que Fiona impactara la isla en septiembre de 2022, unas 20,000 solicitudes de asistencia habían sido denegadas por FEMA.
Torres-Rivera explicó que precisamente el Proyecto Titularidad de la organización surgió para lidiar con los obstáculos de FEMA a los puertorriqueños que buscaban reparar sus hogares con fondos IHP.
“La mayoría de los casos que nosotros vimos eran familias que vivían en una vivienda y sus padres o abuelos fallecieron; mucho asunto de herencia era lo más que se veía. Nosotros, mientras nos encaminamos en un proceso de abogacía…nos dimos cuenta que había que resolverle a la gente, y comenzamos a implementar el programa de titularidad que se ha convertido en uno de los más grandes en nuestra fundación que ha sobrepasado el millón de dólares en fondos”, planteó la directora de la fundación que este año cumplió 10 años de existencia.
La activista señaló además que FEMA debería respetar la ley local al momento de hacer las evaluaciones antes de apelar al asunto de la titularidad.
“Legalmente, nuestro Código Civil permite que seas dueño de una propiedad sin necesariamente tener un título. Eso se permite por nuestra herencia de España en el Código Civil. Sin embargo, nosotros le explicamos eso a FEMA en múltiples ocasiones junto con otras organizaciones sin fines de lucro, y como quiera, ellos insistían pedirle documentación excesiva en Puerto Rico. Lo peor de todo es que FEMA no aplicó sus propias guías que permitían excepciones al concepto de titularidad”, añadió.
“¿Entonces, cuál es la razón para eso o cuál es la lógica detrás de esa decisión?”, preguntó El Diario.
“Nosotros entendemos que había un discrimen contra las familias en Puerto Rico. Eso es lo que subyace de todo el proceso, porque nosotros colaboramos mucho, por ejemplo, con nuestros compañeros de Nueva Jersey y Texas que habían pasado por sus correspondientes huracanes, y en consultas con equipos legales de allá, nos decían, ‘les están pidiendo demasiada información a las familias en P.R.’, en un proceso bastante fuera de lo común; como si se partiera de la mala fe, de la premisa de que se va a cometer fraude, y se pedían excesivamente unos documentos que no eran necesarios”, contestó.
A la solicitud excesiva de documentación, se añade la falta de personal que hable español para atender a la población afectada que en su mayoría son mujeres de 65 años o más.
“Aquí hay un problema de barrera o acceso al idioma; cartas en inglés; empleados que solo hablaban inglés en los centros…no había intérpretes de lenguaje de señas en los centros para nuestros participantes sordos; llamabas por teléfono y tenías que estar un promedio de 4 a 6 horas para hablar con un representante en español. Entonces ellos dicen que vamos a empezar un proceso de reclutamiento de personas que hablen español; ‘estamos encaminados hacia eso’”, confirmó la entrevistada.
La Ley Robert T. Stafford de Alivio de Catástrofes y Emergencias de 1988 (Ley Stafford) faculta al gobierno de EE.UU. a través de FEMA a coordinar la respuesta en caso de desastres en los estados y en los territorios.
El artículo 308 de la referida ley incluye disposiciones para garantizar que la distribución de suministros, la tramitación de solicitudes y otras actividades de asistencia se lleven a cabo de forma equitativa, imparcial y no discriminatoria.
Reporte de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. sobre la respuesta en Texas y Puerto Rico
Lo señalado por Torres Santiago consta por escrito en un informe de la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. (USCCR) divulgado el 21 de septiembre de 2022 y titulado “Derechos civiles y protecciones durante la respuesta federal a los huracanes Harvey y María”, en Texas y Puerto Rico, respectivamente.
Torres Santiago fue una de las que brindó una ponencia como parte de la audiencia realizada en Puerto Rico, el 10 de diciembre de 2021, en San Juan, Puerto Rico, como parte de las indagatorias de la Comisión.
En resumen, el informe es una comparativa entre la respuesta del gobierno de EE.UU. a ambas catástrofes que ocurrieron con un mes de diferencia.
El reporte examina las barreras para proveer la ayuda, el rol de coordinación de FEMA en los esfuerzos de recuperación, incluyendo los factores locales que afectan las evaluaciones de daños y la entrega de recursos; así como los esfuerzos para cumplir con la Ley Stafford Act y otras obligaciones ligadas a derechos civiles. “Los esfuerzos de respuesta y alivio por desastres tras las tormentas difiere en varios frentes.
Desde que (los huracanes) tocaron tierra hasta seis meses después, la respuesta en Harvey en Texas fue a una escala mayor y más rápida que la respuesta a María en Puerto Rico, y la Comisión recibió testimonio de que el paso lento en el que las agencias federales distribuyeron la ayuda a Puerto Rico afectó significativamente a los sobrevivientes”, señala la Comisión en el resumen del reporte.
En cuanto al rechazo de solicitudes de asistencia, el texto de casi 1,000 páginas especifica que FEMA denegó aproximadamente 60 % de más de 1.1 millones de solicitudes de ayuda individual para la vivienda en Puerto Rico
“De acuerdo con los testimonios recogidos por la Comisión, los expertos afirmaron que muchas de estas denegaciones se debieron a problemas para demostrar la propiedad u ocupación de la vivienda. En Puerto Rico, se estima que hasta el 55 por ciento de los propietarios de viviendas no tenían un título de propiedad en el momento del huracán María, y al menos a 77,000 solicitantes se les negó la asistencia de FEMA debido a problemas de documentación del título. Estas denegaciones se basaron en la interpretación de la FEMA de un requisito de la Ley Stafford que exige que la asistencia se limite a las residencias ‘ocupadas por el propietario’. Sin embargo, nada en las leyes o reglamentos de Puerto Rico exige que los propietarios registren sus propiedades”, lee el documento.
Qué es el programa IHP
El programa IHP de FEMA provee asistencia económica y servicios directos para las personas y familias que se han visto afectadas por un desastre, tienen necesidades graves y no cuentan con suficiente cobertura del seguro.
Este programa es distinto al de Asistencia Pública de FEMA que, en el caso de P.R., impacta a agencias y corporaciones públicas, municipios y organizaciones sin fines de lucro.
Por los pasados años, FEMA ha tomado algunas medidas para flexibilizar y agilizar los procesos en aras de que más puertorriqueños reciban más rápido los beneficios.
Los cambios de FEMA al Programa de Asistencia Individual
En específico sobre el Programa de Asistencia Individual, en enero pasado, la agencia anunció cambios con el fin de simplificar los procesos de solicitud, ampliar la elegibilidad y avanzar en el desembolso de dinero a damnificados.
Los cambios que entrarían en vigor a partir del 22 de marzo pasado fueron resultado de información recopilada por FEMA por décadas en comunidades afectadas y grupos de interés.
En un comunicado, la agencia también destacó el nuevo beneficio Asistencia para Personas Desplazadas que busca ayudar a los damnificados que no pueden regresar a su vivienda después de un desastre a conseguir opciones de vivienda inmediata.
La eliminación de los requisitos de solicitud de préstamo a la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA) fue otro de los cambios anunciados. FEMA decidió dejar sin efecto la imposición de solicitar uno de estos préstamos antes de que el sobreviviente fuera considerado para ciertos programas de ayuda económica.
Además los criterios de habitabilidad fueron expandidos para incluir las reparaciones de viviendas con daños estructurales preexistentes para que más hogares cualifiquen. Esto quiere decir que las personas que necesiten reparar su vivienda dañada por un desastre pueden cualificar para la ayuda de FEMA independientemente de las condiciones en las que estaba la vivienda antes de la emergencia.
Torres Santiago vio como un paso positivo los cambios anunciados por FEMA a principios de año.
“Están reconociendo la verdadera noción que se debe tener en cuanto al derecho a la vivienda, y eso es importante, y eso es algo bueno. Otra cosa que para mí es bien positiva es que las personas cuando solicitaban a FEMA, las referían a Small Bussiness Administration (SBA) para solicitar un préstamo, y, cuando el préstamo fuera denegado, la devolvían nuevamente al paso ordinario de FEMA. Eso se eliminó. Eso era un obstáculo y un reto grande para nuestras familias”, planteó
Sin embargo, la abogada recomendó a FEMA iniciar una campaña educativa comunitaria sobre el nuevo reglamento.
“Nosotros entendemos que si FEMA hizo unos cambios tan trascendentales en beneficio de los sobrevivientes de desastres, pues debería orientar”, opinó.
A la par con estas modificaciones, la agencia encabeza reuniones bajo la iniciativa “FEMA Working Group”, en la que organizaciones sin fines de lucro como FFAL discuten los principales problemas que ven sus integrantes al visitar las comunidades afectadas por desastres.
En el intercambio, FEMA notificó sobre las nuevas disposiciones de su reglamento, las más importantes en los últimos 20 años.
Sobre este particular, Torres Santiago puntualizó: “Es importante poder lograr esos cambios, ya sea en abogacía, visitando el Congreso, reuniéndonos en las agencias federales, locales, las presiones de las comunidades de base en P.R., pero también sentarnos a la mesa y dialogar con personas de las oficinas centrales de FEMA que estuvieron dispuestas a reunirse”.
Este artículo es parte de una serie enfocada en el desembolso de fondos FEMA en Puerto Rico y la reconstrucción de la isla tras el huracán María; pendientes al tema de P.R. en El Diario para los próximos reportajes
