Ha pasado un año desde que la DANA arrasó la Comunidad Valenciana y partes de Castilla La Mancha y Andalucía, con la provincia de Valencia como zona cero. Una zona cero que, 365 días después, no habla de cicatrices sino de heridas todavía abiertas. En este tiempo, la UE también ha jugado un papel a diferentes niveles, no solo con ayudas económicas sino también con propuestas enfocadas a mejorar la reacción ante catástrofe y la preparación de los ciudadanos. El objetivo es, repiten en Bruselas, que lo sucedido el 29 de octubre de 2024 “no vuelva a suceder”. Se ha convertido en un asunto europeo.
Por lo pronto, la UE ha puesto a disposición de España un total de 1.600 millones de euros: desglosado, son 945 millones del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) y 645 millones de fondos de cohesión a través del nuevo mecanismo Restore, un reglamento que se tramitó por la vía de urgencia para facilitar la llegada de las ayudas. En ese punto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también recordó que se podrían “reasignar” fondos de otras partidas para hacer frente a los daños causados por la DANA. El Restore, además, sirve para que la Unión pueda coofinanciar hasta el 95% de los gastos de reconstrucción e inicialmente Bruselas aprobó un anticipo de 100 millones a modo de emergencia.
Eso sí, cabe recordar que el Gobierno central apuró los plazos para recurrir al llamado Fondo de Solidaridad. Lo hizo el 20 de enero de 2025, solo unas horas antes de que expirase el plazo de en torno a dos meses marcado para este tipo de mecanismos. Desde Moncloa aseguraron que el proceso y la documentación no son “sencillos” y que se tardó tanto porque se estaba haciendo un análisis exhaustivo de las necesidades de las zonas afectadas. Asimismo, el Ejecutivo central se apoyó en que otros Estados miembros en situaciones parecidas ya habían agotado todo es margen del que disponían.
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite al bloque comunitario ayudar de forma efectiva a un Estado miembro o a un país candidato a la adhesión en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública. En este caso la DANA entra en el primer grupo, así que España ha podido para ayudar la recuperación de las zonas afectadas. El país ya recurrió a esta herramienta ante el Covid-19 o con la erupción del volcán de La Palma.
No mucho después de la DANA y con el apagón generalizado que sufrió España, la UE presentó un no exento de polémica kit de emergencia que ponía el foco en varios elementos, pero entre ellos la preparación ante catástrofes naturales. En el documento, Bruselas pide a los ciudadanos europeos que hagan acopio de agua, comida, medicinas críticas y baterías en caso de crisis para un periodo de al menos 72 horas, con la idea de estar preparados en caso de crisis, guerra o situaciones como ciberataques. Pero hay una clave por encima del resto: aunque se hable de “ataques” o de “ofensivas”, el plan trata más de lo cercano, y en España la DANA es un ejemplo de esto.
De hecho, el temporal provocó interrupciones masivas en las telecomunicaciones, con unas 300.000 líneas móviles sin servicio en el inicio de las lluvias torrenciales. Unos diez días después de la catástrofe, de hecho, aproximadamente 18.000 personas aún carecían de cobertura móvil, y cerca de 11.000 abonados de telefonía fija seguían sin servicio. Asimismo, casi 14.000 puntos de suministro de gas permanecían inactivos y 7.900 personas enfrentaban problemas de abastecimiento de servicios básicos, como el agua corriente, incluso varios días después del inicio.
La UE se prepara para que no se vuelva a repetir
En general, la Unión Europea ha señalado la necesidad de pasar de una postura reactiva a una más proactiva en la gestión de crisis, mediante medidas como una evaluación exhaustiva de riesgos prevista para 2026, la fijación de requisitos mínimos de preparación, la creación de un protocolo común de gestión de crisis y el refuerzo del Centro de Coordinación de Respuestas a Emergencias.
Además, Bruselas ha respaldado el plan de España para la prevención de inundaciones, que contempla actuaciones de preparación consideradas críticas y de muy alta prioridad. En paralelo, la UE ha adoptado el Reglamento de Emergencia y Resiliencia del Mercado Interior, destinado a fortalecer la capacidad del mercado europeo para afrontar futuras crisis y garantizar la continuidad de la circulación de bienes y servicios, también en situaciones de catástrofes naturales.
Desde la Comisión Europea, con todo, insisten en una mayor prospectiva. “Más coordinación, más preparación y más herramientas para los Estados miembros”, recordó recientemente la comisaria europea de Medioamente, Jessika Roswall, ante el Parlamento Europeo. En este sentido, Bruselas ha propuesto una nueva normativa para reforzar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que incluirá un fondo común de unos 11.000 millones de euros destinado a mejorar la preparación ante emergencias, especialmente de salud pública. Entre las principales novedades se prevé la creación de un centro de coordinación de crisis que permita anticiparse y responder de forma más rápida a situaciones complejas, el refuerzo de la cooperación europea ante emergencias sanitarias transfronterizas y el impulso a la capacitación de los servicios nacionales, promoviendo la participación de voluntarios, empresas y otros sectores.
En paralelo, en 2024 se puso en marcha un programa conjunto con el Banco Mundial para fortalecer las capacidades de protección civil de los Estados miembros. Estas medidas continúan el compromiso del Consejo de la UE, que ya en 2020 apostó por modernizar el sistema, y se enmarcan en las prioridades del presupuesto europeo 2028-2034, que busca aumentar la resiliencia y la capacidad de respuesta ante futuras crisis.
