Ciudad de Panamá, 7 feb (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), de 71 años, recibió este miércoles asilo del Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, seis días después de ser ratificado el fallo de un tribunal que lo halló culpable de blanqueo de capitales en la compra de un grupo de medios, condenándolo a 10 años y 6 meses de cárcel.

Tras acceder a la petición de asilo de Martinelli, el Gobierno nicaragüense pidió al de Panamá brindar las seguridades para la «pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua».

Martinelli, de 71 años y que se dice un perseguido político, afirmó el sábado pasado en su cuenta de X que «fuerzas del mal buscan» inhabilitarlo para los comicios generales del próximo 5 de mayo, en los que aspiraba a la Presidencia por su nuevo partido, Realizando Metas (RM), contando con el favoritismo del electorado, según las escasas encuestas disponibles.

El magnate panameño logró salir ileso en dos juicios por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones a 150 personas durante su mandato, en la causa conocida como ‘pinchazos’, pero no corrió con la misma suerte esta vez.

Ahora, la Corte Suprema no admitió un recurso de casación con el que buscaba anular la sentencia por este caso de blanqueo conocido como ‘New Business’, como informó el 2 de febrero pasado un edicto judicial, dejando en firme la decisión emitida en julio pasado que condenó al político a 128 meses de prisión y el pago de una multa de más de 19,2 millones de dólares.

En el camino quedaron más de una docena de recursos y amparos presentados por la defensa del expresidente que también fueron rechazados, y que para algunos no buscaban más que dilatar el proceso a fin de no afectar su nueva candidatura presidencial, que quedó inhabilitada por la confirmación de la condena.

Martinelli estuvo detenido preventivamente entre junio de 2018 y junio de 2019 en un chalet celda de El Renacer, una cárcel de mínima seguridad situada en las afueras de la capital, mientras afrontaba un juicio por interceptación ilegal de las telecomunicaciones de 150 personas durante su Gobierno, un caso en el que resultó absuelto.

Su paso por El Renacer fue polémico: sufrió males físicos que lo llevaron al hospital, le suspendieron durante un mes las visitas por amenazar a los guardias, según se informó en octubre de 2018.

Ante una queja de Martinelli, el Sistema Penitenciario tuvo que aclarar que se le trataba como a cualquier otro reo del lugar, pues acudía a sus citas médicas, hacía sus diligencias, salía al patio de manera «regular» e iba a misa.

Candidaturas, Odebrecht y otros casos judiciales

Martinelli fue proclamado en junio pasado candidato presidencial para las elecciones del próximo 5 de mayo al triunfar en las primarias del partido Realizando Metas, fundado por él en 2021 tras perder el control de su primer colectivo, Cambio Democrático (CD), con el que gobernó (2009-2014).

El CD se le fue de las manos mientras estuvo preso un año en Estados Unidos, que lo detuvo en 2017 con fines de extradición, algo que finalmente hizo en 2018 para que enfrentara en Panamá el primero de los dos juicios por las «escuchas».

En julio de 2022 y siendo procesado por el escándalo de Odebrecht, presentó los papeles para ser candidato presidencial independiente, pero unos días después los retiró. Incluso pensó postularse a la Alcaldía de la capital.

Conocido por su extrovertida personalidad, el exmandatario no vaciló en afirmar que el de los ‘pinchazos’ fue un «juicio político» urdido por su sucesor, que había sido su vicepresidente, Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, tras una alianza que se fraguó al amparo de una reunión en la embajada de EE.UU. y que se rompió en agosto de 2011 dejando este último el Gobierno por las supuesta corrupción que, dijo, percibía.

Tanto Martinelli como Varela, que gobernó Panamá entre 2014 y 2019, fueron acusados en el 2023 por el Gobierno de EE.UU. de estar vinculados «a gran escala» y en «importantes casos de corrupción».

Dos hijos del expresidente Martinelli pagaron cárcel por el caso Odebrecht en EE.UU., donde se declararon culpables de blanquear 28 millones de dólares y de haber llevado a cabo sobornos en favor de la compañía brasileña «por órdenes del padre», como alegó la defensa.

El exmandatario también es investigado en España por presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro caso por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.

La presidencia y otros cargos

Martinelli (1952, Panamá), con progenitores de ascendencia italiana y española, padre de tres hijos, es considerado un hombre de «insaciable apetito» por los negocios.

Llegó al poder a los 57 años con CD con el 60 % de los votos en las elecciones de mayo de 2009, tras fracasar en su primer intento en 2004 cuando solo obtuvo el 5,03 % de la votación.

Su obra emblemática fue la construcción de la Línea 1 del Metro, el único de Centroamérica.

Pese a la multitud de casos de corrupción que le rodean y de la cultura del despilfarro que se le atribuye, en su mandato Panamá se consolidó como la nación con el mayor crecimiento económico de la región.

Martinelli, que se licenció en Administración de Empresas en la Universidad de Arkansas y obtuvo un máster en el INCAE Business School de Costa Rica, fue director de la Caja del Seguro Social durante el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y ministro del Canal de Panamá en la administración de la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004). EFE

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Puerto Príncipe.- Haití vivió ayer una nueva jornada violenta de protestas protagonizadas por miles de ciudadanos que exigen la salida del Gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien se aferra al poder.

Saqueos, actos de vandalismo e incendios de neumáticos matizaron las movilizaciones de este 7 de febrero eran de esperar, al cumplirse la fecha en la que Henry debería abandonar el poder, en virtud de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunicada internacional.

Al menos seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas en violentas manifestaciones antigubernamentales en Haití.

Entre los fallecidos hay cinco agentes de la Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP), una nueva entidad armada sobre la que las autoridades han perdido completamente el control, que cayeron durante enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional de Haití en la zona de Laboule, en las colinas de la capital.

Por la mañana, una persona murió en Ouanaminthe, en el noreste del país, tras atacar una comisaría de la Policía Nacional, que tomó violentas represalias contra los manifestantes, en una jornada en la que se mostraron muy ofendidos e incluso amenazantes.

Además de los cinco miembros de las BSAP abatidos por agentes de la Unidad del Departamento de Aplicación de la Ley (UDMO, por sus siglas en francés), otros tres miembros han sido detenidos por la policía, según informan fuentes policiales a la prensa local.

La Brigada de Vigilancia de las Zonas Protegidas (BSAP), uno de los principales actores en el corazón de las protestas que se han intensificado en los últimos días, también ha contado este miércoles con víctimas entre sus filas.

Cientos de agentes del BSAP respaldan al exsenador Guy Philippe, que ha regresado tras cumplir años de cárcel por tráfico de drogas, y afirman que quieren provocar una “revolución” en el país.

Cientos de agentes del BSAP respaldan al exsenador Guy Philippe, que ha regresado tras cumplir años de cárcel por tráfico de drogas, y afirman que quieren provocar una “revolución” en el país.

El BSAP está formado por antiguos militares reconvertidos en guardas forestales, así como por voluntarios, y también por personas integradas al margen de cualquier jerarquía o norma.

El gobierno les prohíbe circular por la ciudad y llevar armas y municiones.

Desde entonces, e incluso antes, se han rebelado contra las autoridades uniéndose a los manifestantes, sobre todo en las ciudades de provincia.

Caos por todas partes: En la región metropolitana, las actividades se paralizaron por completo. Apenas se veía a la gente por las calles, mientras que las escuelas volvieron a mantener sus puertas cerradas, al igual que las instituciones públicas y privadas.

En diversas áreas de la capital, por ejemplo Pétion-ville, se levantaron trincheras con neumáticos ardiendo, y la respuesta de la Policía Nacional contra los manifestantes fue el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos.

En todo el país se exige la marcha del primer ministro con la promesa de mantener encendida la antorcha de la movilización hasta que abandone el poder, tal y como se ha asegurado en las protestas de Jacmel, en el sureste; en Anse-à-galets, en el oeste; en Hinche, en el centro; en Jérémie, en Grand’Anse; en Cap-Haitien, en el norte, y en Les Cayes, en el sur, mientras las autoridades y el Gobierno guardaban silencio sobre las multitudinarias manifestaciones. Ayer Kenia solicitó ingresar como miembro observador permanente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para coordinar la misión policial que pretende enviar a Haití, reveló el organismo.

RD está preparada para enfrentar eventualidades

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró ess que República Dominicana está preparada para enfrentar cualquier eventualidad que se presente, a partir de las protestas que se desarrollan en Haití. “Se ha incrementado la vigilancia. Todo está bajo control; nosotros estamos debidamente preparados para enfrentar cualquier situación que ocurra”, dijo Santos Echavarría al ser abordado sobre el tema por los medios de comunicación. Indicó que en previsión de posibles acontecimientos que ocurran en esa parte de la isla y que puedan representar algún riesgo para la República Dominicana, el Gobierno ha prestado especial atención, desde el inicio de esta gestión, a la seguridad a lo largo de la zona fronteriza.