Por Tamya Rebelo, Renata Giannini y Paula Drummond
Algo extraño está sucediendo en las complejidades de la política exterior brasileña. Una sensación de que, a pesar de las altas expectativas con el avance de las cuestiones de género, algunos debates simplemente no despegan o se borran por falta de fuerza política. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es curioso que gran parte de la población brasileña, incluidos actores gubernamentales y de la sociedad civil, desconozca por completo qué es, para qué sirve y la importancia y calidad de esta agenda.
Para quienes no saben de qué se trata, la agenda Mujeres Paz y Seguridad (MPS) resalta la importancia de incluir a las mujeres en espacios que, durante mucho tiempo, han estado dominados por los hombres, como la resolución de conflictos y la consolidación de la paz. La resolución 1325 (2000) fue la primera en reforzar la necesidad de un papel activo de las mujeres, así como promover acciones de prevención y protección contra la violencia, y defender la inclusión de la perspectiva de género en las políticas de desarme y seguridad. Los Estados pueden y deben desarrollar políticas nacionales para traducir estos objetivos en sus realidades locales.
Brasil lanzó su primer Plan de Acción Nacional (PNA) sobre Mujeres, Paz y Seguridad en 2017, con avances limitados. En 2023 comenzó el proceso del segundo PAN, más ambiciosa, presentada como “Etapa I” durante la presidencia brasileña del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en este documento faltan detalles sobre quién es el responsable, los plazos, la participación ciudadana y el presupuesto. No parece exagerado decir que estamos ante la ausencia de objetivos claros, transparencia, rendición de cuentas, involucramiento de la sociedad civil y la academia, además de otros organismos internacionales, que han estado presentes desde la elaboración del primer PAN.
Es intrigante que estos procesos pasen desapercibidos para los políticos y la sociedad, especialmente considerando los recientes esfuerzos del gobierno de Lula en medidas relacionadas con la agenda MPS y los PAN. En septiembre, Lula aprobó el alistamiento militar voluntario de mujeres, lo que afectó la representación en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta medida sin precedentes se presentó sin conexión con la agenda MPS y los planes existentes, lo que muestra una desconexión entre la acción gubernamental y las políticas establecidas. El silencio sobre la agenda de MPS en Brasil es tan ensordecedor que, en mayo, el Comité CEDAW expresó su preocupación por la falta de avances con el segundo PAN, especialmente en el contexto de los conflictos territoriales y la crisis ambiental, temas debatidos en esta agenda.
El compromiso con la agenda MPS y la preparación del PAN ofrecen importantes oportunidades para Brasil en el escenario internacional, especialmente durante su presidencia de la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC) de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el país ha perdido buenas oportunidades de relacionar sus esfuerzos conl PAN publicadas. Hoy, 108 de los estados miembros de la ONU han adoptado el PAN y reconocen su importancia para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad. Esta tendencia creciente sugiere un compromiso duradero, no una moda pasajera. Si Brasil pretende reafirmar su compromiso con la igualdad de género como elemento crucial para la paz, tanto a nivel internacional como nacional, ¿por qué hay tan poca información sobre sus acciones en este campo?
Si el país continúa descuidando la agenda MPS se prevé dos pérdidas: primero, el debilitamiento del proceso iniciado con el primer PAN. Los obstáculos para producir un segundo documento, más amplio y más coherente con las necesidades brasileñas, indican una falta de fuerza política para una agenda que aborda temas cruciales como género, raza, inseguridad y cambio climático. En segundo lugar, hay un impacto en la imagen que Brasil proyecta en la región y a nivel internacional. Estos fracasos comprometen la posición del país en temas fundamentales para el actual gobierno.
La urgencia de abordar temas como la violencia sexual, los refugiados, los pueblos indígenas, la trata de personas, el cambio climático y las pandemias ha llevado a países como Alemania, Canadá, Guatemala, Reino Unido, Uruguay y El Salvador a adoptar el PAN con medidas específicas. Estas decisiones reflejan compromisos públicos para repensar los procesos internacionales con perspectivas de género interseccionales e inclusivas. Brasil, sin embargo, permanece en un papel secundario en estos debates, a pesar de la grave situación de las mujeres en el país y la expectativa de un mayor protagonismo brasileño. Esta postura contradice la realidad nacional y las expectativas internacionales sobre el liderazgo de Brasil en estos temas cruciales.
Los números no mienten. Brasil es el quinto país que más feminicidios comete en el mundo. Datos del Instituto Igarapé muestran que entre 2000 y 2020 hubo un aumento del 167% en el número de feminicidios de mujeres indígenas. También ganamos protagonismo como el segundo país que comete más asesinatos de defensores de derechos humanos. Además, el 51% de las personas defensoras residentes en la Amazonía dijeron haber sufrido violencia en una encuesta realizada por el Instituto Igarapé. Esto no es sorprendente. Después de todo, sólo en 2023, la Comisión Pastoral de Tierras identificó 2.203 conflictos agrarios en el país.
Justo cuando deberíamos estar discutiendo activamente, en círculos académicos y políticos, cómo utilizar un segund PAN para combatir estas múltiples formas de violencia, nos parece que los procesos burocráticos son innumerables, hasta el punto de que los pasos hacia su publicación e implementación son pocos y lentos. Es importante saber que los PAN no reemplazan otras políticas nacionales. Como herramientas de planificación estratégica, ofrecen a los Estados la posibilidad de coordinar actividades y monitorear los resultados de la implementación de manera coherente y cohesiva.
El contexto actual es propicio para que Brasil demuestre comprensión y contribuya al avance de la agenda MPS. Con su reconocido desempeño en foros multilaterales, el país puede reforzar su liderazgo a través de un segundo PAN innovador, sirviendo como modelo en foros regionales y globales. Es una oportunidad para demostrar que, a pesar de los datos alarmantes, existe interés y motivación política por decisiones que muevan al país hacia una discusión de género más inclusiva. Este momento permite a Brasil reafirmar su compromiso y liderazgo en cuestiones de género y seguridad internacional.
Tamya Rebelo, coordinadora de Investigación del Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva (OPEFI). Doctora en Relaciones Internacionales por el IRI-USP y profesora de los cursos de Relaciones Internacionales de la ESPM-SP y del Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
Renata Giannini es investigadora independiente enfocada en las intersecciones de género, conflicto y cambio climático. Ex directora de programas e investigadora principal del Instituto Igarapé, coordinó proyectos sobre mujeres defensoras en la Amazonía y seguimiento de la democracia brasileña.
Paula Drummond es Coordinadora de Investigación del Observatorio de Política Exterior Feminista Inclusiva (OPEFI). Profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la PUC-Rio e Investigador de la Unidad de Mediación del Sur Global (GSUM).
