La imagen de Edmundo González firmando bajo “coacciones” un documento, en el que reconoce la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela del 28 de julio, ha sacudido la política española. Esa firma, en la residencia del embajador español en Caracas, ha activado el debate de si España violó las leyes europeas al permitir que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, entrara en la casa de Ramón Santos Martínez para entregarle al líder opositor un documento que a su vez le permitiría salir del país. Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo después de que la UE la acusara de “violar los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derechos en Venezuela“.
Fuentes diplomáticas explican a 20minutos que la vicepresidenta venezolana tiene prohibida la entrada al territorio Schengen, área comprendida por 29 países europeos entre los que se encuentra España. Sin embargo, matizan que entrar en la residencia del embajador de España no significa que se acceda a suelo español, ya que el edificio se encuentra en territorio venezolano. “El embajador tiene que permitirte la entrada [al edificio], sin que haya impedimento legal por las sanciones de la UE, ya que no es territorio Schengen”, afirman.
La errónea creencia de que el embajador español incumplió la normativa europea al permitir el acceso a Rodríguez a su residencia tendría su origen en la teoría de la extraterritorialidad. Según esta ficción jurídica admitida en el derecho internacional pero que ya no se aplica, las residencias de los diplomáticos, las embajadas y los consulados se considerarían una extensión del Estado propietario y gozarían de inmunidad en el país donde estuvieran ubicadas. Sin embargo, la realidad es que estas entidades solo están exentas de cumplir las leyes del territorio en el que se encuentran. Aunque sí deberán cumplir la legislación de su país, así como también las leyes internacionales.
El recibimiento de la vicepresidenta y de su hermano Jorge Rodríguez en la residencia del embajador español para entregarle el mencionado documento a González ha sido ampliamente criticado. El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, acusó al Gobierno de haber sido “cómplice” del “chantaje” del régimen al opositor para que abandonara Venezuela. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pidió el reemplazo del embajador, la dimisión del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Este episodio vivido en Caracas trae a la memoria el ocurrido en enero de 2020, cuando Delcy Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En esa ocasión también se criticó que el Gobierno recibiera a una persona que ya tenía prohibido pisar territorio europeo. Según explicó el propio Ábalos meses más tarde, él acudió al aeropuerto y se subió al avión privado en el que viajó Rodríguez con el propósito de impedir que la vicepresidenta venezolana pisara suelo español, algo que él consideró haber logrado “con éxito”. Sin embargo, para el Tribunal Supremo, Rodríguez sí accedió en esa ocasión a territorio español.
