Nueva York.- El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quedó oficialmente inhabilitado este jueves para ejercer como abogado en Washington D.C. por ayudar al expresidente de EE.UU. y actual candidato republicano, Donald Trump, en sus intentos de interferir en los resultados electorales de 2020.

El distrito de Columbia ya suspendió la licencia de letrado de Giuliani en 2021 en respuesta a un procedimiento disciplinario abierto contra él en Nueva York por hacer afirmaciones falsas con el fin de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden venció a Trump.

La corte de apelaciones explicó hoy que Giuliani no respondió a una orden de este tribunal que le daba la oportunidad de explicar por qué debería conservar su licencia.

El portavoz de Giuliani, Ted Goodman, pidió hoy en un comunicado a los «miembros de la comunidad legal que quieren proteger la integridad» del sistema judicial que se pronuncien en contra de «esta decisión partidista y políticamente motivada».

Goodman añadió que Giuliani «sigue siendo el fiscal más eficaz de la historia de Estados Unidos».

En 2023, una comisión disciplinaria del colegio de abogados de Washington D.C ya recomendó la inhabilitación de Giuliani por afirmar que en las elecciones se cometió «un fraude electoral masivo» sin tener pruebas de ello.

Además, este verano la Corte Suprema de Nueva York también le inhabilitó para ejercer la abogacía en el estado, alegando que «comunicó declaraciones manifiestamente falsas y engañosas a tribunales, legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente».

El pasado junio, Giuliani fue procesado ante las autoridades por supuestamente haber intentado revertir el resultado de las elecciones generales de 2020 en el estado de Arizona.

Además, en diciembre de 2023 fue condenado a pagar a dos trabajadoras electorales de Georgia 148 millones de dólares por difamación, tras lo que se declaró en bancarrota.

   El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la reforma fiscal que pretende recaudar RD$ 110 mil millones adicionales con el propósito de aumentar el gasto público total dominicano, en nada beneficiará al gasto social. «La única partida a favor del gasto social es la de salud con RD$ 10,870 millones añadido, ubicándolo en un 10.0 % del gasto total, aun por debajo de otros años prepandémicos que alcanzó el 11.0 %. Con este nuevo monto la salud pública no podrá afrontar con éxito los grandes desafíos que tiene». 

   Continuó diciendo que de las 6 partidas a las que irían los nuevos ingresos tributarios de la reforma fiscal, la de salud pública solo representa el 9.8 % del total, contra la del 20.0 % que se destinará a la recapitalización del Banco Central, equivalente a RD$ 22,233 millones o el doble de la de salud pública, lo que implica un traslado de recursos de los contribuyentes hacia los tenedores de certificados de inversión del Banco Central y a solventar parte del déficit cuasi fiscal de la entidad monetaria, que en nada contribuye a la redistribución del ingreso ni tampoco al combate a la pobreza.

   Ng Cortiñas indicó que otra partida que no impactará en beneficio de los sectores de menores ingresos lo constituyen los RD$ 11,000 millones que se destinaran a los ayuntamientos o gobiernos locales, también un monto superior al de salud pública, cuando los ayuntamientos del país destinan un 75.0 % de su presupuesto en gasto corriente, que representa escaso retorno social, al gastarse la mayoría del monto en nomina pública, en un escenario en el que los gobiernos locales muestran fuerte rezado en la calidad de su gasto municipal.    

   El economista también señaló que otro gasto que no impactará a favor de la población de menores ingresos es el que se destinaria a la seguridad ciudadana, siendo esto una forma de atacar el efecto y no la causa que promueve la inseguridad en las calles y avenidas del país. La inseguridad ciudadana es fundamentalmente el resultado del desempleo y la pobreza, por lo que, el gasto público debe realizarse para crear empleo productivo y elevar el patrimonio público, enfatizó el economista, la reforma fiscal destinaría RD$ 13,043 millones a la seguridad ciudadana, casi RD$ 3 mil millones más que lo que se tiene previsto para la salud pública.

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   Realizar una reforma fiscal para recaudar RD$ 110 mil millones colateralmente presionará a más alza de precios, pues son recursos que se trasladan del sector privado productivo al gobierno y los empresarios a su vez lo transfieren a los precios de los productos y servicios que ofrecen, esto suponiendo que la reforma fiscal tenga carácter progresiva, si por el contrario, la referida reforma tiene un carácter regresivo con impuestos a bienes y servicios que demandan los ciudadanos, los consumidores cargarán con los aumentos de precios, afectando el poder adquisitivo de los salarios o los ingresos monetarios que reciben.   

Para el economista Ng Cortiñas, la reforma fiscal resulta innecesaria, pues el propio gobierno en su programa de mediano plazo 2025-2028, prevé un crecimiento económico en torno al potencial de la economía de un 5.0 5, al tiempo que prevé el cumplimiento de la meta de inflación de un 4.0 %, entonces para qué una reforma fiscal, se preguntó.