Las últimas reformas constitucionales (2010-2015) generaron la creación de numerosas leyes y la modificación de las existentes, así como la implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia. Sin embargo, estos últimos no han sido establecidos, según el artículo 165 de la Constitución de la República Dominicana (CRD). Esta situación representa una violación a la Constitución y una restricción al acceso a la justicia de los ciudadanos, al privarles de una instancia judicial cuando buscan que se les haga justicia. Se vulnera así el derecho de acceso a la justicia, conforme al artículo 69 constitucional.

Otra violación que afecta a la Carta Magna es que el Congreso Nacional aún no ha completado el marco jurídico con las siguientes leyes exigidas por la Constitución:

• Ley de Desacato, art. 94
• Ley de Iniciativa Popular, art. 97
• Ley sobre publicación de ley, art. 109
• Ley de control y fiscalización, art. 115 (promulgada recientemente)
• Ley sobre el juicio político
• Ley de Control de Legalidad de la Administración Pública, art. 139
• Ley de Prescripción y Procesal de los Crímenes de Corrupción, art. 146
• Ley de Rendición de Cuentas del Poder Judicial, art. 151
• Ley que crea los Juicios de Extinción de Dominio, art. 51 (aún no implementada plenamente)
• Modificación del nombre al Código Procesal Penal y de las leyes que regulen Derechos Fundamentales para que se denominen Leyes Orgánicas, art. 112
• Ley que Regula el Procedimiento del Referendo, art. 210
• Ley que crearía el delito de alta traición, espionaje y conspiración, art. 23
• Ley de derecho a petición, art. 22
• Ley de derecho a la rectificación, art. 49
• Ley que crea la jurisdicción penal para militares y policías, arts. 253 y 257

La ausencia de estas normativas constituye una omisión legislativa por parte del Congreso Nacional, lo que afecta directamente la integridad y aplicación de nuestra Constitución.

**REDACCIÓN FV MEDIOS**

El miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, Jesús Féliz, calificó como positiva la solicitud del senador Omar Fernández para indexar los salarios de los trabajadores que perciben menos de 52 mil pesos mensuales.

Féliz señaló que desde 2017 los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que beneficiarían a más de 900 mil trabajadores, permanecen congelados al no aplicarse las indexaciones por inflación correspondientes anualmente, a pesar de los incrementos en los precios de la canasta familiar y los salarios.

El dirigente político deploró la reacción negativa de funcionarios gubernamentales y legisladores oficialistas ante la solicitud del senador del Distrito Nacional, quien exige el cumplimiento de la ley que ordena indexar los salarios para que los trabajadores puedan liberar sus ingresos, mejorar su capacidad adquisitiva y elevar su calidad de vida.

“La actitud de los perremeistas no debe extrañarnos, porque desde que asumieron el poder, las medidas que han adoptado en nada benefician a la población. Esto no solo se refleja en los altos precios de los artículos de consumo básico, sino también en el colapso de los servicios públicos como la salud, el transporte, la seguridad ciudadana, los apagones y las altas tarifas eléctricas, con lo que han deteriorado significativamente la calidad de vida de los dominicanos”, puntualizó Féliz.

Además, Jesús Féliz instó a las autoridades económicas a identificar fuentes de ingresos o realizar los recortes y ajustes necesarios en gastos superfluos para incluir en el presupuesto del próximo año la indexación salarial, lo que proporcionaría alivio a la clase trabajadora y tranquilidad a las familias.

**REDACCIÓN FV MEDIOS**