Al frente de la cartera de Trabajo en el Gobierno cuatripartito formado por Ilie Bolojan en Rumanía, Petre-Florin Manole es el primer ministro de etnia gitana en este país. A su cargo llegó por una trayectoria profesional brillante: graduado en Políticas en Bucarest, consultor … del Banco Mundial en reducción de la pobreza y después diputado, activista por los derechos de los romaníes y secretario de Estado de Igualdad e Integración. Pero, antes que todo eso, Manole es el hijo de una temporera rumana que trabajó doce años en España.
—¿Dónde estuvo trabajando su madre?
—Mi madre trabajó en el sector agrícola en España desde 2007 hasta la pandemia, en un pequeño pueblo de Huesca llamado Fraga. Escribí un artículo sobre su experiencia titulado ‘La guerra de las nectarinas’ porque, tras la invasión rusa de Ucrania, la UE impuso sanciones a Moscú que afectaron al comercio de frutas y se compensó a las empresas que habían perdido contratos y tuvieron que interrumpir su actividad. Pero nadie pensó en compensar a los trabajadores que habían perdido sus trabajos o perdido ingresos por el mismo motivo. Y, cuando se cuida a las empresas pero no se cuida a los trabajadores, algo falla. La UE debería proteger su capital humano y creo que, en esa ocasión, la UE falló.
—¿Influye esa historia familiar en las políticas de su Ministerio?
—Como ministro de Trabajo, estoy especialmente sensibilizado con la realidad de la emigración. No hablo solo de los trabajadores europeos en Rumanía, sino también de los inmigrantes procedentes de la India, por ejemplo. Nos esforzamos mucho por garantizar que todos los que están aquí legalmente, que pagan sus impuestos, tengan pleno acceso a los derechos sociales y sean tratados con igualdad. Esa es para mí una prioridad. Independientemente de esa experiencia, tengo convicciones muy firmes y concretas sobre pobreza, educación, servicios públicos y acceso a sistema sociales, pero no cabe duda de que hay una relación. Algunas veces es importante también porque me hace sentirme orgulloso y seguramente me permite entender la situación de personas con dificultades reales mejor que otros, me hace más sensible a sus problemas.
—Ahora están creciendo los partidos antiinmigración en toda Europa.
—Es verdad y es muy triste. Creo que tenemos que pensar en trabajar juntos todos los demás, para mantener en las mentes la memoria de que cada país en Europa tiene un pasado de emigración, ciudadanos que por circunstancias se vieron obligados a irse al extranjero. Hoy la seguimos teniendo. En el caso de Rumanía, si pensamos en la cantidad de nuestros ciudadanos que han ido a trabajar a España o a Italia, y para los que hemos pedido legítimamente ese estatus de igualdad con los trabajadores nativos, deberíamos entender que es justo hacer lo propio con los inmigrantes que vienen a trabajar aquí. Si nos quejamos de la discriminación que sufren las comunidades romaníes, no deberíamos discriminar a trabajadores de otras nacionalidades en nuestro país, europeos o no.
—¿Tiene alguna queja de la situación de los trabajadores rumanos en España?
—Para nada. Hablo a menudo con el embajador español en Rumanía y creo que la relación y la cooperación es muy buena. No veo problemas sistémicos. Seguramente en algún lugar concreto podrían ir mejor las cosas pero, en general, yo diría que la acogida es modélica.
«Si nos quejamos de la discriminación que sufren las comunidades romaníes, no deberíamos discriminar a trabajadores de otras nacionalidades en nuestro país, europeos o no»
—Ha mencionado a la comunidad romaní. Usted es el primer ministro de etnia romaní del mundo. ¿Tiene esa circunstancia consecuencias específicas en su trabajo?
— Al menos soy el primero que lo manifiesta abiertamente. Quizá ha habido otros antes que no lo hicieran público. La verdad es que mi identidad no tiene consecuencias específicas en mi trabajo. Pero es cierto que, cuando lo haces público, surgen actitudes, acciones… Aunque se mantiene la corrección, ya no estamos en los tiempos en los que se discriminaba tan abiertamente.
—¿Cuál es la actual situación de las comunidades romaníes?
—En España, cuentan con una organización administrativa local muy favorable, hay esa cultura administrativa y crea un contexto positivo para políticas efectivas. Hay también una red de ONG, como Fundación Secretariado Gitano, muy imbricadas en el trabajo estatal. En Rumanía, lamentablemente, no contamos con nada de esto. Percibo a España como una sociedad más cohesionada, en este sentido.
—En toda Europa hay abundantes programas de integración para inmigrantes y refugiados, pero quizá no se presta la misma atención a la integración de los romaníes.
—Así es, hay una invisibilidad. La UE está muy atenta a otros tipos de discriminación, pero no se presta la suficiente atención a formas de distancia social como esta, en la que se mezclan cuestiones étnicas con pobreza o exclusión. Los fondos de cohesión de la Comisión Europea no son suficientes y temo que en el futuro va a ser peor. No diría que la UE ha fallado en la inclusión de la población romaní porque estamos mejor de lo que hemos estado. La UE es un lugar mejor que hace diez años para todos, pero el progreso es lento, incluso aunque la dirección sea la correcta. Y la principal cuestión es que ese progreso no es el resultado de un plan y un trabajo, sino de un momento de prosperidad que puede revertirse. Ahora mismo la clave es el acceso a la educación y la pobreza de estas comunidades, que llevan a la exclusión.
—Otra de sus prioridades es el trabajo rural
—Hemos desarrollado con fondos europeos un programa de inversión de 800 millones de euros para mejorar el acceso al trabajo en 2.000 comunidades rurales, teniendo en cuenta empresas agrícolas, familias desfavorecidas, personas que viven solas o parados de larga duración y sobre todo acceso a la educación e integración en el mercado laboral. Tratamos así de luchar también contra la despoblación, consecuencia de la emigración y la menor natalidad.