Nueva York.— Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló este jueves la sanción financiera impuesta al expresidente Donald Trump por un juez estatal, aunque ratificó que incurrió en fraude al exagerar su patrimonio durante décadas. La resolución libera a Trump de una posible multa de 500 millones de dólares, pero le prohíbe a él y a sus dos hijos mayores ejercer cargos directivos corporativos por varios años.
Trump celebró el fallo en redes sociales como una “victoria total”, afirmando: “Respeto enormemente que el tribunal tuviera el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a los negocios en Nueva York”.
La decisión, emitida siete meses después de que Trump regresara a la Casa Blanca, refleja la profunda división de un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones intermedia. Aunque no hubo consenso en múltiples aspectos de la apelación, la mayoría consideró “excesiva” la sanción monetaria original.
El juez Arthur Engoron había ordenado en 2023 el pago de 355 millones de dólares tras encontrar que Trump infló deliberadamente sus estados financieros ante prestamistas y aseguradoras. Con intereses, el monto superaba los 515 millones, llegando a 527 millones incluyendo sanciones a otros ejecutivos de la Trump Organization.
Los jueces Dianne T. Renwick y Peter H. Moulton argumentaron en una de las tres opiniones que conforman el fallo que, mientras las prohibiciones empresariales eran apropiadas, la multa millonaria resultaba “excesiva” y violaba la Octava Enmienda constitucional.
Otras sanciones de Engoron, confirmadas por el tribunal de apelaciones, permanecen en pausa durante la apelación de Trump, quien evitó el desembolso inmediato mediante una fianza de 175 millones de dólares.
El tribunal, dividido incluso sobre el fondo del caso y la conclusión de fraude, desestimó la sanción económica en su totalidad, abriendo la puerta a una posible apelación ante el máximo tribunal estatal. Los jueces señalaron que Trump y sus codefensores podrían solicitar extender la suspensión de las penalizaciones.
La profunda división del panel quedó evidenciada en 323 páginas de opiniones concurrentes y disidentes sin mayoría clara. Dos magistrados consideraron justificada la demanda de la fiscal general Letitia James pero excesiva la sanción; uno cuestionó la autoridad legal de James para presentar el caso, y otro criticó que Engoron hubiera dictaminado sobre el fraude antes del juicio.
El juez David Friedman, designado por el exgobernador republicano George Pataki, fue particularmente crítico con James, acusándola de buscar “higiene política” más que “higiene del mercado” al intentar “destruir el negocio inmobiliario de Trump”.
James, en cambio, destacó en un comunicado que el tribunal “afirmó la conclusión bien fundamentada de que Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude”, añadiendo: “No debe perderse en la historia: otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley”.
El proceso de apelación se extendió inusualmente durante casi 11 meses tras los argumentos orales, frente a las semanas o meses habituales.
Trump y sus codefensores negaron cualquier irregularidad, calificando el caso de “fraude” político impulsado por James y Engoron, ambos demócratas. El Departamento de Justicia de Trump ha citado a James como parte de una investigación sobre posible violación de derechos civiles, lo que su abogado personal, Abbe D. Lowell, tachó de “represalia política”.
La defensa de Trump argumentó que sus estados financieros incluían advertencias sobre no estar auditados, que prestamistas evaluaron independientemente las cifras, y que todos los préstamos fueron reembolsados. Admitieron discrepancias como triplicar el tamaño de su ático en la Trump Tower, pero insistieron en que las valoraciones eran conservadoras.
En audiencias de septiembre de 2024, los abogados de Trump alegaron que muchas acusaciones estaban prescritas y que James malinterpretó una ley de protección al consumidor para demandar por transacciones privadas satisfactorias. Los fiscales estatales contraargumentaron que las exageraciones llevaron a préstamos más riesgosos y perjudicaron a prestatarios honestos.
Este caso civil es solo uno de los múltiples desafíos legales de Trump durante su campaña y victoria para un segundo mandato presidencial. El 10 de enero fue hallado culpable de pagar para silenciar acusaciones en su contra, aunque recibió descargo incondicional sin pena carcelaria o multa, y apela la condena.
En diciembre, un tribunal federal de apelaciones confirmó el veredicto por abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll en los años 90, manteniendo una indemnización de 5 millones de dólares. Trump podría llevar el caso a la Corte Suprema y apela además otro veredicto que le obliga a pagar 83,3 millones por difamaciones adicionales.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**