En un mensaje de Acción de Gracias marcado por el atentado contra dos soldados en Washington, Donald Trump anunció una ofensiva migratoria sin precedentes. Plantea pausar de manera permanente la llegada de inmigrantes de países del tercer mundo, anular todas las admisiones aprobadas … durante el mandato de Joe Biden y expulsar a quienes, según él, no aporten al país o “no sean capaces de amar a EE.UU.”.
Propone eliminar subsidios federales para no ciudadanos, retirar la nacionalidad a quienes considere que alteran la “paz interna” y deportar a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o “incompatible con la civilización occidental”. Define este paquete como una estrategia de “migración inversa” destinada a reducir de forma drástica la población irregular.
Presentó a EE.UU. como un país “desbordado” por la llegada masiva de extranjeros y atribuyó a ese fenómeno el deterioro de servicios esenciales, el repunte del crimen y el desgaste institucional. Sostuvo que la población extranjera real supera con creces las cifras oficiales, que buena parte depende de ayudas públicas y que la presión migratoria es, a su juicio, el origen del bloqueo social que atraviesa el país.
Aseguró que EE.UU. recibe personas procedentes de «cárceles, instituciones psiquiátricas, pandillas y cárteles», y que los ciudadanos asisten en silencio a un proceso que, según él, “los consume por dentro”. Planteó que la carga migratoria afecta a todos los niveles: escuelas bajo presión, hospitales al límite, barrios degradados y cuentas públicas en rojo. Es el núcleo de su argumento para justificar un endurecimiento inmediato.
Trump: freno a la inmigración
En su mensaje en redes sociales, Trump enumeró cifras que considera prueba del problema: dijo que en EE.UU. viven 53 millones de personas nacidas en el extranjero, que un inmigrante con un salario de 30.000 dólares recibe unos 50.000 en beneficios públicos y que cientos de miles de refugiados somalíes han cambiado la demografía de zonas enteras, con especial énfasis en Minnesota. Según él, estos datos demuestran que el país afronta una crisis estructural que solo puede abordarse limitando drásticamente la inmigración.
Dijo el presidente: «EE.UU. ha sido dividido, destruido y humillado por millones de extranjeros desconocidos y no vetados que entraron durante la administración anterior. Es un riesgo directo para nuestra supervivencia como nación, y no podemos permitir que siga ni un día más».
En la cena de Acción de Gracias, Trump anunció que una de las dos víctimas del tiroteo del miércoles junto a la Casa Blanca había fallecido. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, enviada a Washington como parte del despliegue ordenado por el propio presidente bajo la «emergencia criminal». El segundo guardia, Andrew Wolfe, de 24 años, continúa en estado crítico y «luchando por su vida», según explicó Trump desde Florida.
El ataque se produjo el miércoles a las 14.15 en una zona muy concurrida, en lo que las autoridades creen que fue una emboscada. La alcaldesa Muriel Bowser lo definió como un «tiroteo dirigido». Beckstrom y Wolfe habían sido juramentados menos de 24 horas antes y formaban parte del operativo de patrulla en la capital, un despliegue duramente criticado por los demócratas.
El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años, fue reducido por otros guardias tras abrir fuego con un revólver Smith & Wesson. Según la fiscal federal Jeanine Pirro, vivía en Bellingham (Washington) y condujo más de 4.500 kilómetros hasta Washington con intención de atacar. El FBI ha enviado el arma al laboratorio de Quantico y ejecuta órdenes de registro en varios puntos del país. Su director, Kash Patel, calificó el caso de investigación de terrorismo «activa y en evolución».
Lakanwal fue reasentado en EE.UU. en 2021 tras haber trabajado en Afganistán con una de las unidades de contraterrorismo organizadas por la CIA, las llamadas Zero Units. El director de la CIA, John Ratcliffe, confirmó que fue admitido en el país por esa colaboración en Kandahar.
La fiscalía federal ha presentado cargos por posesión de arma de fuego y tres delitos de asalto con intención de matar, pero el Departamento de Justicia prevé añadir cargos de terrorismo. La fiscal general, Pam Bondi, afirmó que buscarán la pena de muerte. El motivo aún no está establecido.
El impacto político ha sido inmediato. El Gobierno había suspendido antes del mensaje de Trump todas las solicitudes migratorias de ciudadanos afganos «a la espera de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad». Trump ordenó revisar el estatus de las tarjetas de residencia de ciudadanos de «países de preocupación» y volvió a atacar las políticas migratorias de la anterior administración.