Un tribunal federal de apelaciones ordenó este sábado que se reevalúen los posibles riesgos para la seguridad nacional asociados a la paralización del proyecto de construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, impulsado por el presidente Donald Trump y valorado en $400 millones de dólares, según informó AP.
La decisión fue adoptada por un panel de tres jueces del Circuito del Distrito de Columbia, que concluyó que no cuenta con información suficiente para determinar qué partes de la obra pueden suspenderse sin comprometer la seguridad del presidente, su familia y el personal de la residencia oficial, publicó AP.
El caso regresa ahora al juez de primera instancia, Richard Leon, quien a finales de marzo bloqueó temporalmente el avance del proyecto al considerar que el mandatario no tiene autoridad para ejecutar una construcción de este tipo sin la aprobación del Congreso.
No obstante, el propio juez suspendió su orden por 14 días, plazo que el tribunal de apelaciones extendió hasta el 17 de abril para permitir que la administración solicite una revisión ante la Corte Suprema.
Los jueces pidieron a Leon que aclare si su decisión afecta los planes de seguridad vinculados al proyecto y, en caso afirmativo, en qué medida.
La administración Trump sostiene que la obra incluye elementos clave para la protección de la Casa Blanca frente a amenazas como drones, misiles o ataques biológicos, y que cualquier retraso podría poner en riesgo a quienes habitan y trabajan en el complejo.
Entre las medidas señaladas por el gobierno figuran instalaciones subterráneas fortificadas, como refugios antibombas, áreas de uso militar y un centro médico.
Inicialmente, la Casa Blanca argumentó que estas mejoras podían desarrollarse de forma independiente del salón de baile, pero posteriormente indicó que forman parte integral del proyecto, lo que generó dudas en el tribunal sobre si es posible separar ambas fases.
Por su parte, el juez Leon había señalado que revisó información confidencial antes de concluir que una suspensión de las obras no comprometería la seguridad nacional, aunque dejó abierta la posibilidad de permitir trabajos estrictamente necesarios para protección.
La demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, una organización que cuestiona tanto la legalidad del proyecto como su impacto sobre el valor histórico de la Casa Blanca. Su presidenta, Carol Quillen, indicó que esperan mayor claridad por parte del tribunal y reiteró la importancia de preservar el carácter del edificio.
El proyecto contempla un salón de baile de unos 8,400 metros cuadrados con capacidad para cerca de 1,000 personas. Para su construcción, la administración ordenó la demolición del Ala Este, en lo que representa el cambio estructural más significativo en la Casa Blanca en más de siete décadas.
Trump ha asegurado que el salón será financiado con donaciones privadas, aunque las obras de seguridad asociadas se costean con fondos públicos.
Sigue leyendo:
• Juez ordena suspender construcción del salón de baile en la Casa Blanca: Trump debe tener la aprobación del Congreso
• Trump confirma construcción de un complejo militar bajo el salón de baile de la Casa Blanca
• Trump pide frenar fallo que bloquea construcción de salón de baile en la Casa Blanca