SAN CRISTÓBAL.- La magistrada Licelot Casado, interina de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, denegó la solicitud de libertad condicional presentada por Pablo Ross, quien cumple una condena de diez años de prisión por violar la Ley 136-03, que establece el Sistema de Protección Integral de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente por cometer una ofensa de carácter agravado contra una menor.
En su fundamentación, la juzgadora estableció que el tiempo de pena cumplido por el interno resulta insuficiente para el desagravio social requerido por la infracción que originó su condena. La magistrada consideró que no ha existido por parte del interno un arrepentimiento genuino, y que el resarcimiento a la sociedad y la ejemplarización de la misma no se han materializado adecuadamente.
Entre las motivaciones principales de la decisión judicial, la magistrada destacó que el garante del interno no pudo demostrar su solvencia económica de manera satisfactoria. Durante la audiencia, esta persona alegó poseer una compañía con catorce años de constituida, pero no presentó las pruebas documentales que acreditaran la existencia de dicha empresa, lo cual lo descalifica como garante según establece la normativa vigente.
Adicionalmente, el tribunal determinó que el garante propuesto sale del país constantemente, circunstancia que impediría ejercer una supervisión efectiva sobre el interno. La decisión judicial establece que este garante no ha cumplido con los requisitos que exige la norma en cuanto a idoneidad.
Otra fundamentación significativa provino de las declaraciones de los progenitores de la menor, quienes están constituidos como víctimas en el proceso. Ellos manifestaron que no ha existido un resarcimiento real ni hacia su familia ni hacia la sociedad, argumento que fue acogido favorablemente por el tribunal.
Respecto a la situación médica del condenado, la defensa aportó documentación sobre el estado de salud del interno, pero dicho informe no fue remitido previamente a las demás partes del proceso. En contraste, sí fue presentada la certificación del centro penitenciario que establece un buen estado de salud del interno.
La resolución judicial permite que los representantes legales de Pablo Ross puedan solicitar nuevamente la libertad condicional transcurrido un plazo de tres meses, contados a partir de la notificación oficial de esta decisión.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**