El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Duarte impuso una condena de dieciocho años de privación de libertad a Valentín Espinal Brito. La sentencia está vinculada a un suceso ocurrido en el Distrito Municipal de Cenoví, donde dejó de vivir un adolescente de 17 años, Marke Ulloa, tras recibir una estocada durante un conflicto entre ambos.
El acontecimiento se produjo el domingo 14 de julio del año 2024, dentro de un colmado en dicha localidad, mientras Espinal Brito y el menor participaban en una partida de tragamonedas. En medio de la situación, surgió un altercado relacionado con la distribución del bono generado en el juego. Las cámaras de vigilancia del lugar captaron el momento en que se desarrolló el incidente.
De acuerdo con la versión oficial, tanto el imputado como la víctima se vieron involucrados en una discusión que escaló con rapidez. El Ministerio Público, representado por el fiscal Enger Polanco, sostuvo en el proceso que existían pruebas que justificaban una solicitud de veinte años de prisión para el acusado. Sin embargo, el tribunal decidió dictar una pena inferior.
Durante el juicio, la defensa de Espinal Brito argumentó que su cliente actuó en defensa propia, señalando que su reacción fue motivada por la provocación del joven que dejó de vivir durante el altercado. Esta postura fue presentada como parte de los alegatos expuestos ante los jueces, quienes evaluaron los elementos presentados por ambas partes antes de emitir su veredicto.
Pese a que la pena impuesta no alcanzó los veinte años solicitados por el órgano acusador, los familiares de Marke Ulloa manifestaron sentirse conformes con la decisión final. Expresaron satisfacción con el fallo emitido por el tribunal, al considerar que se logró un grado de justicia en relación con lo sucedido.
El hecho ha tenido seguimiento por parte de la comunidad de San Francisco de Macorís y de la provincia Duarte. La resolución del tribunal representa el cierre de un proceso judicial que incluyó pruebas documentales y visuales sobre lo ocurrido, conforme a lo establecido por las normas legales vigentes en el país. La sentencia busca establecer responsabilidad penal y dar respuesta institucional a los involucrados.