A solo nueve días de las elecciones del 5 de noviembre, más de 30 litigios en al menos 19 estados de EE. UU., entre ellos Nevada, Carolina del Norte y Texas, se han iniciado en torno a purgas electorales, lo que refleja una intensa disputa sobre los derechos de los votantes en el país.
Las acciones legales, en gran parte lideradas por gobiernos republicanos, buscan eliminar a posibles no ciudadanos de las listas electorales, aunque grupos de defensa de los derechos civiles y el Departamento de Justicia señalan que estas prácticas afectan el derecho al voto de miles de personas.
En Virginia, el conflicto alcanzó un nuevo nivel este domingo, cuando el Cuarto Tribunal de Apelaciones bloqueó una purga que había excluido a más de 1,600 personas de las listas de votantes.
El tribunal ordenó al gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, reintegrar a estos votantes que habían sido eliminados bajo la justificación de que podrían no ser ciudadanos.
Esta decisión unánime del tribunal apoya una orden anterior de la jueza federal Patricia Giles, quien ya había dictaminado que el estado debía detener la purga y reintegrar a los votantes eliminados.
Ciudadanía en duda
El pasado 7 de agosto, Virginia inició esta purga electoral con el objetivo de retirar a los votantes cuya ciudadanía estaba en duda.
Sin embargo, la medida desató una reacción legal en contra, liderada por el Departamento de Justicia y grupos defensores de los derechos de los votantes, que argumentan que la eliminación masiva de personas de las listas dentro de los 90 días previos a una elección es ilegal según las normas federales.
Los demandantes afirman que las purgas electorales en un periodo tan cercano a los comicios interfieren con el derecho de los ciudadanos a votar y limitan el acceso a las urnas.
Mientras tanto, la Fiscalía de Virginia argumenta que esta ley federal no debería aplicarse en este caso, señalando que las acciones del estado se justifican en la necesidad de evitar posibles fraudes electorales.
Organizaciones de derechos civiles sostienen que la exclusión de votantes a gran escala perjudica el proceso democrático y restringe el acceso de ciudadanos elegibles a votar.
Las autoridades de Virginia podrían llevar el caso a la Corte Suprema esta semana, ya que no se descarta que busquen revertir el fallo. El conflicto en Virginia no es un caso aislado.
Texas y Ohio
A nivel nacional, otros estados como Texas y Ohio también enfrentan batallas legales relacionadas con la depuración de listas de votantes.
En Texas, el fiscal general Ken Paxton demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alegando falta de apoyo para verificar la ciudadanía de aproximadamente 450,000 personas inscritas para votar en el estado.
Asimismo, el secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, presentó una demanda similar contra el DHS, con el fin de depurar las listas de votantes en su jurisdicción.
Con información de EFE.
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