La acción de la Fuerza del Pueblo ayer no constituyó una violación explícita de la ley. Si bien rozó el límite, se presentó formalmente como una marcha de reclamos sociales: sin solicitar votos ni promover abiertamente la candidatura de Leonel Fernández, operando así dentro de la zona gris que permite la legislación electoral. Sin embargo, es evidente la otra cara de la moneda: en la práctica, el evento funcionó como una demostración de fuerza, liderazgo, posicionamiento político y movilización de la estructura partidaria. Fue una jugada estratégica dentro del marco legal, pero con una intención electoral innegable.
Aquí radica el problema de fondo: todos los partidos políticos están aprovechando los vacíos legales para realizar proselitismo fuera del periodo oficial de campaña. La razón es histórica y cíclica: la ley fue creada por políticos, y como reza el dicho, nadie afila el cuchillo para su propia garganta.
La consecuencia es clara: al no haberse intervenido la movilización de la Fuerza del Pueblo, se sienta un precedente que impedirá actuar contra otras fuerzas políticas en situaciones similares. Lo que se avecina son tres largos años de campaña política encubierta, continua, sin pausa y sin reparos.
Existe un riesgo real de que la sobrecarga del sistema termine por colapsarlo. El hartazgo ciudadano no es una mera especulación; es una realidad palpable que crece con cada exceso, alejando cada vez más a la población de los partidos y de la política en general.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**