Para itinerario tortuoso el que ha seguido la ratificación parlamentaria del Tratado de Amistad y Cooperación entre el reino de España y la república francesa, firmado en Barcelona el 19 de enero de 2023, al concluir la XXVII Cumbre hispano-francesa, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y el presidente de la República, Emmanuel Macron. El tratado, según ponderaba la web de Moncloa tan rácana en el elogio a Sánchez, acababa reconociendo que “consolida una estrecha relación bilateral y protege el vínculo entre ambos países mediante un marco político y jurídico acorde a los retos del siglo XXI”. Los exégetas de guardia se emplearon a fondo esos días para subrayar que el Tratado de Barcelona superaba al del Elíseo que un 22 de enero de 1963 firmaron, en ese palacio parisino, el presidente Charles de Gaulle por Francia y el canciller Konrad Adenauer por Alemania Occidental. Y nos convencieron de que una vez más, nos encaminábamos a ser la admiración del mundo.
Pero sucedió, cosa infrecuente, que alguien en el Ministerio de Asuntos Exteriores se leyó el Tratado y advirtió que, según el artículo 2.4, “un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación”. Y al mismo tiempo recordó que el artículo 5.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno se establece que “a las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello”. Sin dejar espacio alguno a la asistencia de ministros de otro país como pudiera ser Francia. Este desajuste legal trató de salvarse mediante la introducción de una enmienda en la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Pero la convocatoria de elecciones generales a celebrar el 24 de junio de 2024 hizo que decayeran todos los proyectos de Ley que en esos momentos se encontraban en tramitación en el Congreso de los Diputados. Entonces se encadenó una segunda chapuza para que la necesaria modificación del apartado 2 del artículo 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno figurara como Disposición final undécima de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia con la siguiente redacción: “A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España”.
O sea, que se han necesitados dos años y dos enmiendas coladas en leyes que nada tienen que ver para que el tratado haya podido superar el obstáculo que impedía su ratificación. Con mucha mayor celeridad el Congreso aprobó el 11 de mayo de 2023 el Acuerdo sobre la conservación de las poblaciones de murciélagos por amplia mayoría. Todo sea por los quirópteros que tienen en Quintos de toro uno de sus hábitats más favorables.
En cuanto a Edmundo González, ningún tratado hace falta para que Pedro Sánchez lo subiera a un falcon y pusiera rumbo a Caracas para que tomara posesión de la presidencia de Venezuela que limpiamente ha ganado. Según prueban las actas verificadas. Venezuela no es Surinan, en Venezuela estamos comprometidos. Venezuela merece más a España, a los españoles, al Gobierno de nuestro país le corresponden responsabilidades intransferibles para lograr que Venezuela vuelva a contarse entre las democracias y los venezolanos salgan de la dictadura, del abuso, de la tortura y recobren las libertades cívicas. Todo ese enredo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero haciendo lobby de la mano de Pepiño en favor de Nicolás Maduro es de suma indignidad. Veremos.
