La tragedia del puente de Baltimore, donde murieron seis trabajadores de origen latinoamericano, ha forzado al Gobierno de Joe Biden a confrontar una promesa de campaña que ha quedado en el olvido: conceder un estatus legal a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Días después del accidente, en el que el puente Francis Scott Key colapsó tras ser embestido por un buque, decenas de activistas y empresarios han reavivado los llamamientos a Biden para que use los poderes presidenciales para ayudar a algunos grupos de migrantes, a través de mecanismos como el Estatus de Protección Temporal o el permiso humanitario conocido como “parole”.
Sin embargo, la Casa Blanca no da indicaciones de que tomará alguna acción migratoria en un futuro próximo. En una entrevista con EFE, Tom Pérez, asesor del presidente, señaló que “están revisando” las cartas enviadas por las organizaciones y el sector privado.
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“Primeramente, estamos apoyando a las familias”, señaló Pérez, que contó que están buscando maneras de lograr que los allegados de las víctimas que están fuera del país y no tengan visado puedan entrar a Estados Unidos.
El funcionario insistió en que la Administración demócrata “ha hecho más que cualquier otra” en cuanto a la apertura de vías legales de migración a EE.UU. y culpó a la polarización en el Congreso por la ausencia de una reforma que tienda la mano y dé un camino a la ciudadanía a quienes ya están ahí.
La falta de un estatus migratorio exacerba los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de la construcción, un sector donde más de un 30 % son personas latinas o de origen hispano, según datos de la Oficina estadounidense de Estadísticas Laborales.
“La gran mayoría de gente tiene miedo y no sabe sus derechos”, explicó a EFE Jaime Contreras, vicepresidente del sindicato de trabajadores del servicio 32BJ en el área de Washington D.C. y Baltimore.
Durante sus más de 20 años de trabajo en el sindicato, Contreras asegura haber visto cómo los empleadores se aprovechan de la falta de un estatus migratorio de los trabajadores para saltarse las leyes laborales.
“Han querido violar el salario mínimo, pagando con cheques personales o amenazándoles que van a llamar a migración si se quieren organizar en un sindicato”, detalló.
Permitir que más personas accedan a un permiso de trabajo también beneficiaría a la economía estadounidense, ya que diferentes industrias en el país están experimentando una escasez de mano de obra, agregó Contreras.
Los últimos datos del Departamento de Comercio lo corroboran: a febrero de 2024, EE.UU. tiene 9,5 millones de vacantes laborales, pero sólo 6,5 millones de trabajadores desempleados.
En el sector de la construcción, la industria necesitaría más de medio millón de trabajadores adicionales para cumplir con la demanda actual, según las cifras de la Asociación de Constructores y Contratistas.
Para Doug Pruitt, exdirector de la constructora Sundt, los trabajadores migrantes pueden ayudar a cerrar esa brecha: “Hay necesidad de que la gente trabaje y se debería poder concederles permisos de trabajo”, señaló a EFE.
Biden intentó sin éxito en 2021 que se aprobara en el Congreso una reforma migratoria para dar un camino a la ciudadanía a las personas indocumentadas en EE.UU.
Desde entonces, el Gobierno ha ido endurecido su postura hacia la inmigración como respuesta a la presión por parte de la oposición republicana y al aumento en la llegada de migrantes a la frontera con México.
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