En una reunión con escasa asistencia el año pasado, el comité educativo del distrito Saugus en Massachusetts aprobó una nueva política que según dijo era para agilizar el proceso de inscribir a los alumnos en las escuelas.
Pero los críticos dicen que las nuevas normas — incluyendo exigir prueba de residencia legal y la imposición de “penalidades civiles y criminales” para los infractores — tenían otro objetivo: excluir a los inmigrantes del pequeño distrito escolar en las afueras de Boston.
El debate sobre si aceptar a niños inmigrantes en las escuelas estadounidenses se extiende mucho más allá de los suburbios de Boston. Los activistas temen que el tema será más prominente si Donald Trump ascienda a la presidencia por segunda vez.
Derecho a la educación
Políticos conservadores en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee están cuestionando si los inmigrantes sin residencia legal tienen el derecho a una educación pública, suscitando la posibilidad de demandas contra otra decisión establecida de la Corte Suprema.
Durante décadas, los hijos de familias que viven en el país ilegalmente han tenido el derecho de asistir a las escuelas privadas, en base a una decisión de la Corte Suprema conocida como Plyler vs. Doe. En una decisión de cinco votos contra cuatro, el tribunal determinó que sería inconstitucional negarle a un niño una educación en base a su estatus migratorio.
Las nuevas normas en el distrito Saugus estipulan que los nuevos estudiantes deben mostrar sus documentos migratorios y dicen que los niños deben ser “residentes legales cuya residencia verdadera está en Saugus”, donde la proporción de niños que están aprendiendo inglés casi se ha triplicado a 31% en la última década. Las familias además deben completar un formulario del censo, firmar una declaración de residencia y mostrar documentos de ocupación laboral y de identidad.
Abogados de derechos civiles dicen que los requerimientos son demasiado onerosos y que violan la ley federal al perjudicar desproporcionadamente a los niños de familias inmigrantes, que podrían no tener los documentos requeridos, independientemente de si están viviendo en el país legalmente.
El presidente del comité en Saugus, Vincent Serino, dijo durante la reunión que la idea es solo “mejorar” las normas existentes sobre residencia y no negarle servicios a los inmigrantes.
Pero una mujer nicaragüense dijo que le tomó seis meses inscribir a su hijo de 8 años debido a los requerimientos sobre los documentos. La mujer, que habló a condición de anonimato por temor a que su hijo sufra represalias, dijo que el pueblo se negó a aceptar su contrato de arrendamiento y que sus quejas a la escuela fueron ignoradas.
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Los intentos por socavar a Plyler vs. Doe deben ser tomados en serio, advierten expertos en el tema migratorio, señalando la disposición de la Corte Suprema estadounidense, actualmente dominada por jueces conservadores, para anular precedentes legales históricos como el del derecho al aborto y el de la acción afirmativa.
Trump, republicano, ha hecho de la inmigración uno de sus principales temas de campaña, prometiendo realizar la mayor operación de deportación en la historia estadounidense. Llama a los inmigrantes “animales” y “asesinos” y dice que los niños inmigrantes traen enfermedades a las aulas. Una foto exhibida en una concentración reciente de Trump muestra un aula escolar atestada con la leyenda “Frontera Abierta = Aulas Atestadas”.
No hay duda de que el aumento de la población inmigrante hay estirado los recursos escolares en muchas comunidades, contribuyendo a aulas llenas y obligando a los maestros a adaptarse a una gran cantidad de alumnos que hablan español.
Pero hasta tiempos recientes, la idea de negarle la educación a un niño era considerada “demasiado derechista y demasiado radical”, dijo Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego. “Pero ahora estamos en un ambiente político en que políticas antes extremistas son ahora parte del discurso común”.
Hace poco la conservadora Fundación Heritage exhortó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias que estén viviendo en el país ilegalmente. Hacerlo, aseveró en un documento, provocará un litigio que probablemente “lleve a la Corte Suprema a reconsiderar su desacertada decisión de Plyler vs. Doe”.
Durante el verano, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que su agencia le entregará directrices a sus distritos sobre recabar información sobre “los costos y la carga” que tiene la inmigración ilegal en los distritos.
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