El 19 de mayo de 2025, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a la administración del presidente Donald Trump a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos que residen en el país. Esta medida revierte una decisión previa de un juez federal que había bloqueado la terminación del programa, argumentando que causaría un “daño irreparable” a los beneficiarios y sus familias.
El TPS es un programa humanitario que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En 2021 y 2023, la administración del presidente Joe Biden otorgó y extendió el TPS para los venezolanos debido a la crisis política y económica en Venezuela.
Sin embargo, en febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, revocó la extensión del TPS antes de que entrara en vigor, alegando que los beneficiarios representaban una carga para los recursos locales y una amenaza para la seguridad pública, citando presuntos vínculos con la pandilla Tren de Aragua.
La decisión del Tribunal Supremo permite que la administración de Trump avance con la cancelación del TPS para los venezolanos, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores. Aunque la Corte no proporcionó una justificación detallada, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su desacuerdo públicamente.
Grupos de defensa de los inmigrantes y algunos legisladores han expresado su preocupación por el impacto de esta medida, argumentando que muchos de los afectados han establecido sus vidas en Estados Unidos y que la situación en Venezuela sigue siendo peligrosa. Además, señalan que la cancelación del TPS podría tener consecuencias económicas significativas, ya que muchos beneficiarios contribuyen activamente a la economía estadounidense.
La administración de Trump ha defendido su decisión, argumentando que mantener el TPS para los venezolanos va en contra del “interés nacional” y que los tribunales no deben interferir en cuestiones de política migratoria urgente. La Casa Blanca también ha señalado que los beneficiarios del TPS aún pueden buscar otras vías legales para permanecer en el país.
Esta decisión forma parte de una serie de acciones más amplias por parte de la administración de Trump para restringir la inmigración y eliminar protecciones temporales para ciertos grupos de inmigrantes. Recientemente, también se han tomado medidas similares contra inmigrantes de países como Cuba, Haití y Nicaragua.
Mientras tanto, los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan un futuro incierto, con la posibilidad de ser deportados si no encuentran otras formas legales de permanecer en Estados Unidos. Los defensores de los derechos de los inmigrantes continúan luchando en los tribunales para proteger a estos individuos y garantizar que se respeten sus derechos.
La situación sigue desarrollándose, y se espera que haya más actualizaciones a medida que avanzan los procedimientos legales y las políticas migratorias.