El nuevo gobierno laborista de Keir Starmer llevaba apenas un mes en el poder cuando tuvo que afrontar su primera crisis: unos de los peores disturbios racistas en dos décadas en muchas ciudades del país, azuzados por la extrema derecha. El primer ministro anuló sus vacaciones para gestionar una oleada de violencia que incluía a personas gritando mensajes racistas y nazistas quemando o apuntando a mezquitas, bibliotecas y centros de atención y hoteles que atienden a inmigrantes.
Starmer no dudó en su respuesta, basándose en su amplia experiencia laboral antes de entrar en la política. De hecho, él fue el Director de la Fiscalía que lideró la respuesta del sistema judicial durante los disturbios del verano de 2011, cuando el conservador David Cameron estaba en Downing Street. De esos disturbios, Starmer sacó una conclusión: para terminar con la violencia callejera, la clave fue la rapidez con la que los tribunales procesaron a los delincuentes, como él mismo contó a los investigadores de un estudio de The Guardian y la universidad LSE.
Los tribunales de 2011 dieron prioridad a los casos de disturbios, incluso abriendo por la noche y gestionando más de 3.000 incidentes en 11 meses, con los culpables recibiendo una media de 16,8 meses, 4,5 meses más que en tiempos normales. Mientras algunos jueces y políticos como Cameron defendieron la severidad de las sentencias, Starmer valoró más la celeridad de la justicia penal, describiendo un desafío sin precedentes.
“No creo que ellos [los amotinados] pensaran: ‘Bueno, ¿me van a caer 12 meses o 18? No creo que calculen especialmente la duración de la pena” reflexionó Starmer. “Su apuesta es: ¿‘Me van a pillar y mandar a la cárcel?’ Y si la respuesta es: ‘Estoy ahora viendo en la televisión a otras personas pilladas 24 o 48 horas después de estar en las calles con nosotros’ – creo que ese sí es un mensaje poderoso.”
Más de una década después, Starmer ha recurrido de nuevo a la vía rápida, facilitando más fiscales para que los tribunales pudieran tramitar más casos con sesiones suplementarias durante el horario normal, sin recurrir a los tribunales de noche como en 2011. Starmer se ha reunido con los policías en una demonstración de apoyo (unos han sido lesionados) y la ministra de Interior, Yvette Cooper, ha prometido que se devolverá el respeto que las comunidades tenían antes por sus policías y que los ciudadanos violentos pagarán las consecuencias de sus acciones.
Los jueces han mandado a la cárcel a personas que a menudo reciben clemencia al ser el primer delito, como un hombre de 69 años, y también a personas que han fomentado la violencia en las redes sociales, como Julie Sweeney, de 53, que pedía en Facebook: “Volar a la mezquita con los adultos dentro.” Sweeney dijo a los policías que “mucha gente estaba diciéndolo”. Sentenciándola a 15 meses, el juez aseguró que: “Los llamados guerrilleros de teclados, como usted, tienen que aprender de asumir la responsabilidad de su lenguaje asqueroso y incendiario“.
Pasado el verano, el Reino Unido empieza a mirar más cerca las raíces del comportamiento de personas como Sweeney y cómo proteger a su democracia de discursos de odio. Sin duda, las lecciones tendrán interés para más socios europeos, notablemente para Alemania después del éxito de la ultraderecha en algunas regiones por primera vez desde la II Guerra Mundial.
