Por Arismendy Díaz Santana
Lamentablemente, se revisa una ley muy compleja, sin una evaluación oficial sobre sus avances, las reformas pendientes y las distorsiones en su aplicación. Esta ausencia prohíja dos posiciones extremas: que el sistema está muy bien y sólo requiere de ajustes, y que ha sido un fracaso, y debemos volver al viejo modelo politiquero, clientelista y corrupto.
22 años después, el impacto del SDSS puede medirse desde dos dimensiones: 1) los avances respecto al viejo Seguro Social: de una cobertura del 7%, a una afiliación del 97% de la población; de cero ahorros para el retiro, a más de un millón de millones de pesos como patrimonio de los trabajadores; y 2) los logros, versus los resultados prometidos: gran insatisfacción social, un elevado gasto familiar de bolsillo; una atención primaria en el limbo; alta mortalidad materno-infantil; pronósticos de pensiones insuficientes; y pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, entre otros.
En el SFS, el 95% de las insatisfacciones proviene de la imposición de copagos ilegales, de la posposición de la atención primaria y del PBS, de la desactualización de los catálogos de servicios y medicamentos, de los rechazos y la retención de pacientes asegurados, del alto costo de los medicamentos, del bloqueo de las reformas, de las debilidades institucionales ante el afán desmedido de lucro, y de la insuficiente información y orientación. Todas solubles sin reformar la Ley.
Puede leer: ¿Por qué fracasaron los 4 proyectos de reforma?
Urge una reforma pensional. Desde hace más de una década, la Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP), viene insistiendo en la urgencia de una reforma previsional, acorde con los cambios demográficos y del mercado laboral. Pronto tendremos menos jóvenes y más viejos, y cada vez más longevos.
Los cálculos de nuestra Fundación indican: 1) que con el aporte del 8.4% del salario, es imposible garantizar pensiones dignas, frente al rápido crecimiento de la esperanza de vida; y 2) que alrededor del 75% de los trabajadores recibirán pensiones insuficientes, debido a que la inestabilidad laboral les impedirá cotizar los 360 meses que establece la Ley 87-01
Por ejemplo, un trabajador de microempresa, de la construcción, del comercio o de la agropecuaria recibirá una pensión de alrededor del 17% del salario, con 15 años de aportes; del 20%, con 20 años; y del 28%, con 25 años. Un trabajador con 30 años de cotización recibirá poco más del 40%, todavía insuficiente para un retiro digno.
En esta baja tasa de pensión inciden varios factores: reducción de la cotización propuesta del 12% a solo el 9.97%, la no entrega del bono de reconocimiento a todos los afiliados al Seguro Social, la falta de competencia de las AFP y el rápido crecimiento de la esperanza de vida, entre otros factores.
A mayor longevidad, mayores ahorros para el retiro. Obviamente, estos resultados revelan la necesidad de aumentar la cotización para mejorar sustancialmente las pensiones de los trabajadores en general y, en especial, de los afiliados víctimas de las fluctuaciones del mercado laboral y de la informalidad.
Según nuestra Fundación, es imprescindible elevar la cotización del 9.97% al 15.0%, en forma gradual en 6 años. La buena noticia es que este aumento sería gradual, respetando los derechos adquiridos por los afiliados con 55 años o más, porque están en la recta final de su vida laboral.
El aporte de los trabajadores pasaría del 2.87% al 4.32%, un aumento de solo un 1.45%, prorrateado en 6 años, a razón de un 0.24% cada año, hasta el 2030. La contribución de los empleadores pasaría del 7.10% al 10.68%, un 3.58%, también en seis años, con sólo un 0.60% anual adicional, hasta el 2030.
El 13.5% sería destinado exclusivamente a acelerar el fondo de pensión: el 10.0% iría a la cuenta de capitalización individual, para elevar el nivel general de las pensiones, mientras el restante 3.5%, al Fondo de Solidaridad Social (FSS), para complementar las pensiones insuficientes de los trabajadores con aportes entre 15 y 28 años, una alta solidaridad “a la dominicana”. Los trabajadores con aportes menores de 15 años recibirían una pensión subsidiada, proporcional al monto acumulado.
Este aumento responde al crecimiento progresivo de la longevidad. En el 1948, cuando se creó el Seguro Social, la esperanza de vida rondaba los 48 años. Ahora, 70 años después, en promedio, las mujeres viven 75 años y los hombres 72. Los envejecientes viven 25 años más, cuadruplicando el costo de un pensionado, mientras los aportes sólo han crecido un 50%. En enero del 2022, México puso en marcha una reforma de su sistema de capitalización individual, elevando la cotización del 6.5% al 15.0% en forma gradual, para hacerla asequible a las pequeñas empresas.
El aporte promedio de la Unión Europea llega al 28.7% solo para pensión, casi el triple de nuestra cotización actual y casi el doble de nuestra propuesta. Muchos países de América Latina también superan la nuestra del 9.97%. En la Argentina llega al 27%, en Brasil al 28%, en Colombia al 16%, en Uruguay, al 22.5%, en Panamá, al 13.5% y en México al 15%.
En nuestro país existen sectores, instituciones, políticos y expertos que están conscientes de la necesidad de estos aumentos, pero no lo expresan públicamente por temor a perder popularidad. Al cumplir 40 años de ejercicio profesional en la seguridad social, asumo la responsabilidad de decir esta verdad y de proponer una reforma capaz de duplicar las jubilaciones generales y de triplicar las pensiones de los afiliados con aportes insuficientes. Espero que la misma suscite un debate constructivo y proactivo, que contribuya a un rediseño del sistema, capaz de garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos, en una sociedad cada vez más longeva.
Abrigamos la esperanza de que la impronta existente de cambios reales constituya el caldo de cultivo de un compromiso real de todos, de avanzar hacia la concreción de la segunda etapa de la construcción del Sistema Dominicano de Seguridad Social como lo consigna la Ley 87-01, y como nos merecemos todos los dominicanos.
ADS/31/12/2024
[1] Diseñó el SDSS. Redactó la Ley 87-01. Primer Gerente General del CNSS