Un delincuente sexual registrado generó indignación en el Ayuntamiento de Fresno el jueves al presentarse para protestar contra nuevas reglas que podrían excluirlo a él, y a otros como él, de la participación en el gobierno local de manera permanente.
Rene Campos, cuya breve campaña para el Concejo Municipal fracasó tras no lograr reunir las 20 firmas necesarias para aparecer en la papeleta, insistió en que está siendo injustamente señalado y pidió a los funcionarios que no impidan a los delincuentes sexuales registrados asistir a reuniones o postularse para cargos públicos.
Campos, de 41 años, figura en el registro de delincuentes sexuales de California desde su arresto en 2018 por posesión de pornografía infantil. Posteriormente se declaró sin oposición en 2021 y fue sentenciado a dos años de libertad condicional formal, una condena que lo mantiene listado bajo la Ley Megan.
Aun así, Campos ha asumido su pasado en entrevistas, alegando que lo ha superado, incluso cuando sus críticos sostienen que su historial debería inhabilitarlo para cualquier función pública.
‘Mi campaña terminó, pero todavía veo el acoso’, dijo Campos el jueves durante su testimonio en el Ayuntamiento. ‘Lo único que he hecho en mi vida es ayudar a todos y a cualquiera que se me acerca’.

La polémica estalló inicialmente cuando Campos organizó una conferencia de prensa de campaña cerca de una escuela local, una acción que atrajo a la policía y alarmó a los residentes cercanos.
Los líderes de la ciudad no tardaron en actuar. En una votación unánime de 7-0 el jueves, el Concejo Municipal de Fresno aprobó una medida que prohíbe a los delincuentes sexuales registrados asistir en persona a las reuniones del concejo. La regla también instruye al Procurador de la Ciudad a estudiar el uso de tecnología de reconocimiento facial para hacer cumplir la restricción.
Los concejales señalaron preocupaciones de seguridad, especialmente en espacios públicos donde a menudo hay niños presentes.
Pero la represión podría no detenerse ahí. Funcionarios, incluidos Annalisa Perea y Nick Richardson, están considerando ahora leyes locales adicionales para impedir que los delincuentes sexuales registrados se postulen o ocupen cargos públicos, señalando que la ley actual de California no lo prohíbe.
Mientras tanto, a nivel estatal, la asambleísta Esmeralda Soria está impulsando una enmienda al proyecto de ley AB 2753 para prohibir que los delincuentes sexuales registrados ocupen cargos públicos en todo el estado, una propuesta motivada en parte por la fallida candidatura de Campos.
A pesar de la creciente reacción y las restricciones cada vez más estrictas, Campos no mostró señales de retroceder, regresando al Ayuntamiento para protestar contra las mismas reglas destinadas a mantenerlo fuera.
Pero con nuevas leyes pendientes tanto a nivel local como estatal, sus ambiciones políticas ahora parecen condenadas al fracaso.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**


