El jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Joel Martínez, fue puesto en licencia administrativa por presunta mala conducta, según confirmó a Efe un portavoz de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Martínez, un veterano en este cuerpo de seguridad donde se ha desempeñado por más de 30 años, ha sido separado mientras se desarrolla la investigación en torno a esta presunta mala conducta, sobre la cual no se ha dado más detalles.
“No toleramos la mala conducta dentro de nuestras filas. Cuando descubrimos cualquier presunta o posible mala conducta, la remitimos inmediatamente para su investigación”, manifestó en una declaración a la que tuvo acceso Efe el informante.
Nacido en San Benito, Texas, el oficial fue jefe del Sector Laredo de la Patrulla Fronteriza hasta que lo removieron al cargo de segundo de esta institución, con despacho en la sede en Washington.
De acuerdo con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, también ejerció de jefe adjunto del Sector del Valle de Río Grande.
La Patrulla Fronteriza es la dependencia de seguridad más grande del país, con más de 60,000 contratados, entre agentes y personal administrativo.
Un reciente informe reveló violaciones persistentes de los derechos humanos por parte de las autoridades fronterizas hacia los migrantes.
El documento, preparado por las organizaciones Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Kino Border Initiative, examinó cientos de casos entre 2020 y 2022, revelando que el 95% de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades quedaron impunes.
Las acusaciones incluyen palizas, negación de atención médica y abuso de autoridad, con respuestas insatisfactorias del sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Entre los casos, destaca el de un extranjero que presuntamente recibió una paliza después de pedir agua a un agente de la Patrulla Fronteriza tras caminar ocho días por el desierto, dejándolo inconsciente. En otra instancia, Evelyn, embarazada de ocho meses, fue rechazada en varias ocasiones para recibir atención médica, lo que resultó en la pérdida de su bebé, de acuerdo con Efe.
El informe enfatiza la falta de rendición de cuentas y el escaso seguimiento de las denuncias, lo que facilita la impunidad y perpetúa una cultura de abuso.
Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, expresó que la falta de respuesta a las denuncias desalienta a las víctimas a presentar informes. Asimismo, Adam Isaacson, investigador en WOLA, resaltó que la impunidad alimenta los abusos.
El informe ofrece más de 40 recomendaciones, incluida una mayor penalización para los agentes abusivos y mejoras en el sistema de denuncias, con el fin de abordar este grave problema de derechos humanos.
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