El Senado de la República Dominicana escogió este miércoles a los miembros que conformarán la comisión que estudiará proyecto de Presupuesto 2025, depositado el pasado viernes por el Poder Ejecutivo.
Los elegidos son Pedro Tineo, quien fungirá como coordinador; Guillermo Lama, Eduard Espiritusanto, Omar Fernández, Ramón Rogelio Genao, Antonio Marte, Ginnette Bournigal, Manuel María Rodríguez y Secundino Velásquez.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones.
La entrega del proyecto de Ley la hizo el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, junto a Iván Ramírez, subdirector general de Presupuesto, a través de la Secretaria General Legislativa de la Cámara de Diputados, Ivonny Mota del Jesús, en la sede del Congreso Nacional para conocimiento, discusión y aprobación de los legisladores, tal como establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm. 423-06.
Se trata del primer presupuesto que se enmarca en la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales y marca el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración pública, anunciada recientemente por el presidente Luis Abinader.
En términos de ingresos, el Gobierno estima que estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.
En lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.
Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.
“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.
