Senado aprueba ampliar a dos años la vigencia de licencias de armas de fuego
Santo Domingo.- El Senado de la República aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que extiende de uno a dos años la vigencia de las licencias de porte y tenencia de armas de fuego, una iniciativa presentada por el senador Alexis Victoria Yeb.
La propuesta modifica los artículos 14 y 21 de la Ley núm. 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Con este cambio, el Congreso busca reducir la carga administrativa para los ciudadanos y agilizar los procesos dentro del Estado.
Menos trámites y control reforzado
El legislador proponente explicó que la iniciativa procura un equilibrio entre el control estatal y la simplificación de trámites para los usuarios legales.
- Aseguró que la medida mantiene los requisitos establecidos y contribuye a fortalecer la seguridad ciudadana.
“Con esta iniciativa estamos facilitando los trámites a los ciudadanos responsables, sin descuidar los mecanismos de control necesarios para preservar la seguridad y el orden público”, afirmó Victoria Yeb.
Cambios en requisitos y supervisión
El proyecto también introduce ajustes en los procesos de expedición y renovación de licencias. Entre ellos, incorpora evaluaciones periódicas y nuevos mecanismos de verificación que refuerzan la supervisión a cargo del Ministerio de Interior y Policía.
Tras su aprobación en segunda lectura, la pieza avanza en el proceso legislativo. La normativa entrará en vigencia una vez sea promulgada y publicada, conforme a lo establecido en la Constitución.
La regulación de armas de fuego en República Dominicana se centra en la Ley núm. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, promulgada en 2016.
Esta norma establece los requisitos para la tenencia, porte y uso de armas, así como los procedimientos para su expedición, renovación y control, buscando equilibrar el derecho individual con la seguridad pública.
Originalmente, las licencias de armas tenían una vigencia de un año, lo que obligaba a los ciudadanos a realizar trámites anuales para renovarlas, generando carga administrativa tanto para los usuarios como para las autoridades.
Esta periodicidad también implicaba un constante seguimiento y verificación por parte del Ministerio de Interior y Policía, responsable de supervisar el cumplimiento de la ley y garantizar que las armas estén en manos de personas legalmente autorizadas.