La reciente contienda electoral municipal del 18 de febrero de 2024, ha destacado tanto por su violencia puntual como por la gran abstención y las acusaciones de mal uso de los recursos estatales, lo que configura un panorama que demanda una reflexión profunda sobre la democracia y la integridad electoral en el contexto actual.
La violencia entre partidarios, si bien limitada, es un síntoma alarmante de las tensiones políticas subyacentes que, sin embargo, no lograron mermar el proceso electoral en su conjunto. La respuesta de las autoridades y la población ante estos hechos muestra un compromiso con la continuidad del proceso democrático a pesar de los desafíos.
Por otro lado, la denuncia del Dr. Leonel Fernández Reyna sobre la intimidación a votantes opositores por parte del oficialismo, apunta a una erosión de la confianza en las instituciones electorales, vital para la salud de cualquier democracia.
La abstención del 47.82%, sin incluir a los votantes en la diáspora, es un claro indicativo de descontento o desinterés por parte de una porción significativa de la población. Este fenómeno, exacerbado en zonas claves como el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, plantea interrogantes sobre la legitimidad y representatividad de los candidatos electos.
La compra de votos, señalada tanto por observadores internacionales como por actores políticos locales, junto con el abuso de recursos estatales para fines electorales, no sólo corrompe la esencia del sufragio libre sino que también desvirtúa la competencia justa entre partidos. Estas prácticas, además de ser ilegales, socavan la confianza en el sistema electoral, por ende, en la democracia misma.
La acusación de intercambio de drogas por votos, si bien es un tema sumamente grave y de ser cierto, representaría un nuevo bajón en la conducta electoral, requiere de investigaciones profundas y consecuencias legales fuertes para los responsables.
La democracia se ve amenazada no solo por actos de violencia o coacción, sino también por la apatía y la percepción de que el sistema no representa ni responde a las necesidades de la ciudadanía. Para fortalecer la integridad electoral, es crucial que se tomen medidas concretas contra la compra de votos y el uso indebido de los recursos del Estado, asegurando así que la voluntad del pueblo sea la única que dirija el destino de sus representantes y sus políticas.
Este escenario demanda una renovación del compromiso con los principios democráticos, donde la transparencia, la equidad y la responsabilidad no solo sean aspiraciones sino prácticas cotidianas en la política. La construcción de un sistema más inclusivo y representativo requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad, donde el respeto a las normas y la confianza en las instituciones sean la base sobre la cual se edifique el futuro político.
